Una imputación judicial que aún está en pañales le costó la alcaldía de Ourense a Francisco Rodríguez.
La misma que provocó la dimisión del nacionalista Fernando Varela. Pero una imputación judicial por delitos relacionados con la gestión de fondos públicos, con cientos de folios y seis años de instrucción, no ha conseguido el mismo efecto en el máximo representante del Gobierno gallego, presidido por Alberto Núñez Feijóo, en Ourense: el delegado de la Xunta, Rogelio Martínez, quien pese a la gravedad de los hechos por los que ha sido procesado ha seguido apegado al sillón sin el menor miramiento. Y ello pese a que hace escasos días el propio Núñez Feijóo miraba la paja que estaba en el ojo de su adversario político (PSOE) para no ver la viga que está en el suyo propio. A la hora de valorar la dimisión de José Manuel Castelao Bragaña como presidente del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior (afirmó que 'las leyes son como las mujeres, están para violarlas'), el presidente de la Xunta contrapuso que 'en el PSOE hay gente procesada que no dimite'. De esta forma, Feijóo pasaba por alto y sin el menor pudor que Rogelio Martínez está incurso en un procedimiento penal por malversación de caudales públicos y falsedad documental que será enjuiciado por un tribunal popular. Tanto es así que el proceso judicial ya entró en su recta final tras la decisión del juez de instrucción de proseguir con el asunto conforme a un procedimiento de la Ley del Jurado, una decisión recurrida ante el propio juez (reforma) y en apelación ante la Audiencia por los siete imputados en aras de dilatar el proceso, incoado con fecha 6 de octubre de 2006.
Será la sección segunda del máximo organismo jurisdiccional de la provincia la que mueva ficha para poder continuar con el proceso, lo que daría vía libre al togado de Ribadavia a convocar una 'vistilla', donde acuden todas las partes y se concretan los delitos por los que serán acusados, un trámite análogo a lo que seria el auto de apertura de juicio oral en el procedimiento abreviado.
INDICIOS PENALES
Fue precisamente la Audiencia la que el 29 de febrero de este año revocó el sobreseimiento de la causa acordada por el juez de Ribadavia (a petición del fiscal al entender que los delitos estaban prescritos), al hallar indicios penales suficientes en la actuación de Martínez al frente del grupo de acción local Ceivam (Centro de Iniciativas para el desarrollo local del Val do Miño) a comienzos del año 2000 cuando era alcalde de Arnoia. Un grupo creado en noviembre de 1993 en el que Rogelio Martínez ostentaba la presidencia; Juan Emilio Aparicio (exteniente alcalde de Arnoia) la gerencia y Pablo Fernández Loureiro (secretario del Concello de Arnoia) era el responsable administrativo y financiero del grupo.
A través de esta sociedad con agentes públicos y privados encargados de diseñar estrategias de desarrollo para un territorio, se captaban fondos europeos del programa Leader que en forma de subvenciones se entregaban a personas físicas o jurídicas que presentaban proyectos empresariales.
El juez de Rivadavia aseguraba en su último auto que en las diligencias de investigación practicadas en la instrucción 'resultan indicios de que los miembros de acción local Ceivam -Rogelio Martínez, Juan Emilio Aparicio y Pablo Fernández- concedieron subvenciones con fondos públicos con conocimiento de que la documentación aportada por los solicitantes para justificar los gastos no se correspondía con la realidad'. Así, pone como ejemplo una planta de biomasa en Arnoia, amparada por el grupo Actuar SL, cuyo administrador, Gumersindo Álvarez también está imputado, en la que se certificaron obras no efectuadas pero sí certificadas (están imputados dos ingenieros). En vez de la planta había un simple galpón (el constructor está imputado).
Será la sección segunda del máximo organismo jurisdiccional de la provincia la que mueva ficha para poder continuar con el proceso, lo que daría vía libre al togado de Ribadavia a convocar una 'vistilla', donde acuden todas las partes y se concretan los delitos por los que serán acusados, un trámite análogo a lo que seria el auto de apertura de juicio oral en el procedimiento abreviado.
INDICIOS PENALES
Fue precisamente la Audiencia la que el 29 de febrero de este año revocó el sobreseimiento de la causa acordada por el juez de Ribadavia (a petición del fiscal al entender que los delitos estaban prescritos), al hallar indicios penales suficientes en la actuación de Martínez al frente del grupo de acción local Ceivam (Centro de Iniciativas para el desarrollo local del Val do Miño) a comienzos del año 2000 cuando era alcalde de Arnoia. Un grupo creado en noviembre de 1993 en el que Rogelio Martínez ostentaba la presidencia; Juan Emilio Aparicio (exteniente alcalde de Arnoia) la gerencia y Pablo Fernández Loureiro (secretario del Concello de Arnoia) era el responsable administrativo y financiero del grupo.
A través de esta sociedad con agentes públicos y privados encargados de diseñar estrategias de desarrollo para un territorio, se captaban fondos europeos del programa Leader que en forma de subvenciones se entregaban a personas físicas o jurídicas que presentaban proyectos empresariales.
El juez de Rivadavia aseguraba en su último auto que en las diligencias de investigación practicadas en la instrucción 'resultan indicios de que los miembros de acción local Ceivam -Rogelio Martínez, Juan Emilio Aparicio y Pablo Fernández- concedieron subvenciones con fondos públicos con conocimiento de que la documentación aportada por los solicitantes para justificar los gastos no se correspondía con la realidad'. Así, pone como ejemplo una planta de biomasa en Arnoia, amparada por el grupo Actuar SL, cuyo administrador, Gumersindo Álvarez también está imputado, en la que se certificaron obras no efectuadas pero sí certificadas (están imputados dos ingenieros). En vez de la planta había un simple galpón (el constructor está imputado).
