La Finca Santamarina protagoniza una enmarañada situación judicial. Algo que, por otra parte, no es ninguna novedad.
Pleito con la Diputación
Se remonta a más de una década, cuando Flager, cuando había comprado derechos de reversión sobre casi un 70% de la finca, quiso hacer valer este derecho ante la Diputación y ésta lo denegó inicialmente. La inmobiliaria interpuso entonces un recurso contencioso administrativo, que finalmente quedó resuelto con un acuerdo transaccional a favor de la promotora.
Con los políticos
La transacción realizada entre Flager y la Diputación fue recurrida en la vía contenciosa por los grupos provinciales del PSdeG y BNG, que veían la operación como un 'pelotazo urbanístico'. La cuestión quedó resuelta cuando el Tribunal Superior de Xustiza determinó en 2008 la legalidad de la transacción y la oposición desistió.
Con los reversionistas
El impago a los reversionistas originales de la finca, a los que había comprado sus derechos, volvió a llevar a Flager a los juzgados. En esta ocasión, uno de primera instancia dio la razón a los demandantes en una sentencia que fijaba el pago de 2,5 millones de euros a estos particulares y que después fue avalada por la Audiencia provincial. Aunque la promotora recurrió ante el Tribunal Supremo, los demandantes solicitaron la ejecución provisional de la sentencia, que establece el embargo provisional de las parcelas de Flager.
Con tres propietarios
Paralelamente, tres de los reversionistas que no habían llegado a un acuerdo con la inmobiliaria catalana empezaron a reclamar judicialmente sus derechos, que afectan al 30% de la superficie. Sus demandas dan lugar a la anotación preventiva en el Registro de la propiedad , medida cautelar que adoptó el Juzgado para garantizar los derechos de estos reversionistas. El levantamiento de la medida cautelar ya fue desestimado en primera instancia, motivo por lo que Flager varió sus argumentos en su recurso de apelación ante la Audiencia para, en lugar de reclamar el levantamiento de la anotación, pedir que ésta se ciña únicamente a dos fincas, las de uso residencial, liberando la comercial.
La guinda'
Por si fuera poco, Jesús López Freire, uno de los tres reversionistas, presentó un recurso contencioso administrativo en el que pide la nulidad de tramitación de la junta de compensación (formada por el Concello, la Xunta y Flager) y sus posteriores acuerdos (como la reparcelación de la finca matriz).
Y la Diputación también pleitea
El contencioso que la inmobiliaria catalana planteó contra la Diputación para reclamar sus derechos de reversión finalizó con una transacción por la que la primera otorgaba 8,4 millones de euros a la entidad provincial que, a su vez, daría tres millones de euros al Concello, que recalificó la finca como suelo urbano, para equipamientos públicos en la zona. Hace unos meses, la Diputación presentó un recurso contencioso contra la decisión del Concello de pedir un aval por el conjunto de la urbanización de la finca.
Se remonta a más de una década, cuando Flager, cuando había comprado derechos de reversión sobre casi un 70% de la finca, quiso hacer valer este derecho ante la Diputación y ésta lo denegó inicialmente. La inmobiliaria interpuso entonces un recurso contencioso administrativo, que finalmente quedó resuelto con un acuerdo transaccional a favor de la promotora.
Con los políticos
La transacción realizada entre Flager y la Diputación fue recurrida en la vía contenciosa por los grupos provinciales del PSdeG y BNG, que veían la operación como un 'pelotazo urbanístico'. La cuestión quedó resuelta cuando el Tribunal Superior de Xustiza determinó en 2008 la legalidad de la transacción y la oposición desistió.
Con los reversionistas
El impago a los reversionistas originales de la finca, a los que había comprado sus derechos, volvió a llevar a Flager a los juzgados. En esta ocasión, uno de primera instancia dio la razón a los demandantes en una sentencia que fijaba el pago de 2,5 millones de euros a estos particulares y que después fue avalada por la Audiencia provincial. Aunque la promotora recurrió ante el Tribunal Supremo, los demandantes solicitaron la ejecución provisional de la sentencia, que establece el embargo provisional de las parcelas de Flager.
Con tres propietarios
Paralelamente, tres de los reversionistas que no habían llegado a un acuerdo con la inmobiliaria catalana empezaron a reclamar judicialmente sus derechos, que afectan al 30% de la superficie. Sus demandas dan lugar a la anotación preventiva en el Registro de la propiedad , medida cautelar que adoptó el Juzgado para garantizar los derechos de estos reversionistas. El levantamiento de la medida cautelar ya fue desestimado en primera instancia, motivo por lo que Flager varió sus argumentos en su recurso de apelación ante la Audiencia para, en lugar de reclamar el levantamiento de la anotación, pedir que ésta se ciña únicamente a dos fincas, las de uso residencial, liberando la comercial.
La guinda'
Por si fuera poco, Jesús López Freire, uno de los tres reversionistas, presentó un recurso contencioso administrativo en el que pide la nulidad de tramitación de la junta de compensación (formada por el Concello, la Xunta y Flager) y sus posteriores acuerdos (como la reparcelación de la finca matriz).
Y la Diputación también pleitea
El contencioso que la inmobiliaria catalana planteó contra la Diputación para reclamar sus derechos de reversión finalizó con una transacción por la que la primera otorgaba 8,4 millones de euros a la entidad provincial que, a su vez, daría tres millones de euros al Concello, que recalificó la finca como suelo urbano, para equipamientos públicos en la zona. Hace unos meses, la Diputación presentó un recurso contencioso contra la decisión del Concello de pedir un aval por el conjunto de la urbanización de la finca.
