El colegio había organizado una visita a las instalaciones, que tuvo que ser aplazada ante los pitidos que recibieron al llegar
La treintena de arquitectos que al mediodía de este jueves pretendían visitar el nuevo edificio judicial, en O Couto, para evaluar su diseño tuvo que aplazar la actividad, programada por el colegio profesional que los representa en colaboración con la Xunta y la Sociedade Pública de Investimentos (SPI).
Otra treintena de personas, funcionarios de la Administración de Justicia y representantes de la junta de personal, los recibieron con "pitidos" y mostrando carteles alusivos a sus quejas sobre la construcción. Ante semejante recibimiento, el recorrido por las instalaciones recién inauguradas quedó suspendido, tal como explicó Alberto de Paula, presidente en Ourense del Colegio Oficial de Arquitectos, quien mostró sus sorpresa por el abucheo "cuando somos ciudadanos de Ourense como ellos". Añadió que los profesionales allí reunidos sólo pretendían "ver el edificio, estudiarlo, analizarlo y después dar nuestra opinión con total objetividad".
MALESTAR
El presidente de la junta de personal, Teo Fernández, aseguró que la protesta pretendía "denunciar el malestar que tenemos con los zulos donde nos meten, la falta de espacio, la falta de iluminación, la climatización, las calidades de los materiales -tabiquería de aglomerado- o los espacios inadecuados para atender al público con mostradores muy altos". Para los trabajadores, según dice, el diseño del inmueble no justifica los 17 millones de euros que costó. Fernández considera que precisan obras que corrijan "dislates" como adecuar el mostrador del Registro Civil para que el público pueda cubrir impresos o mejorar la falta de luz.
Entre las voces que ayer protestaron también hubo alguna trabajadora que especuló sobre la insalubridad de la malla metálica que recubre el inmueble. "Llevo aquí desde el 3 de marzo y todo da calambre, se ven la chipas, los niveles de radiación tienen que estar mal", aseguraba una gestora procesal de Instancia 3.
Las Xunta desechó que el edificio sea nocivo para la salud ya que, según aseguran fuentes de su delegación en Ourense, "o proxecto do novo edificio cumpre coas esixencias do Código Técnico da Edificación, específicamente os requirimentos de seguridade estructural, seguridade no caso de incendio, seguridade de utilización e accesibilidade, esixencias de salubridade, protección frente ao ruído e esixencias de aforro de enerxía". Recuerdan que la ejecución de la obra conforme al proxecto fue informada favorablemente por la Concellería de Urbanismo do Concello de Ourense y posteriormente se otorgó licencia de actividad. La Administración autonómica considera necesario culminar el traslado antes de exigir soluciones. "Unha vez completado este trámite será o momento de atender as queixas presentadas e estudar e plantexar, se son pertinentes, posibles solucións para lograr conxugar o benestar dos funcionarios e a mellor calidade de atención aos cidadáns". En ese momento, también habrá una evaluación de riesgos con la asistencia de delegados de prevención.
Para el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, las quejas de ayer fueron extemporáneas: "Tal vez habría que haber esperado a que el traslado esté terminado y todos estemos aquí para valorar las deficiencias que pueda haber". El magistrado también lanza un interrogante: "Si el edificio es tan malo, ¿dónde estuvieron las quejas de los sindicatos, asociaciones de jueces, secretarios, fiscales...? Cada uno tendrá que asumir su parte de responsabilidad".
