Ni siquiera la decisión del Concello de Pereiro de hacer una revisión del PXOM ha servido de freno. La Xunta sigue adelante con su expediente de reposición de la legalidad (derribo) abierto a cinco viviendas de Vilariño. Tras haber impuesto varias multas a sus propietarios por no demoler la construcción, ahora recurre al embargo, que afecta ya a un vehículo y una cuenta bancaria.
El Concello de Pereiro acordó en su pleno del pasado 22 de febrero iniciar la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal para adaptarlo a la realidad vigente. Esta medida, que supone el comienzo para poder buscar solución a las viviendas del municipio denunciadas por presunta construcción ilegal, fue la única buena noticia que recibieron desde 2006 los propietarios de las siete casas unifamiliares de Vilariño sobre las que pesa orden de derribo por estar asentadas en suelo rústico y de protección de cauce.
No obstante, la alegría ha durado poco tiempo, especialmente para los dueños de las cinco viviendas en las que no fueron aceptadas las medidas cautelares solicitadas por su abogado, José Luis Brea, y a los que, pese a no haber sentencia firme que confirme si efectivamente son construcciones ilegales, la Xunta empezó a imponerles el pasado verano multas coerctivas por no proceder a la demolición de la casa.
Las sanciones también están recurridas, pero eso no impide que la Consellería de Política Territorial siga dando pasos en firme para que se cumpla el expediente de reposición de legalidad decretado por el departamento autonómico. Así que de las multas, la Xunta ha pasado a los embargos. Según confirmó ayer el letrado de los afectados, al titular de una de las viviendas expedientadas se le acaba de intervenir un vehículo y han bloqueado también una de las cuentas de otro de los afectados.
Brea Sanmartín califica esta situación de gravísima en tanto que no se está esperando a que se dicte ningún tipo de resolución judicial cuando todo está recurrido, incluso la impo sición de las multas y vaticina que si esto sigue así no será la Xunta la que tire las casas, sino que lo harán los propios vecinos porque esta situación es inasumible.
Por su parte, el Concello ha empezado los trámites para la revisión del PXOM, que en este momento está en fase de contratación de la asistencia técnica para la realización de los trabajos de redacción del documento urbanístico. De hecho, el abogado de los afectados ha trasladado esta información al juzgado para dejar constancia de que se está avanzando en el planeamiento urbanístico.
No obstante, la alegría ha durado poco tiempo, especialmente para los dueños de las cinco viviendas en las que no fueron aceptadas las medidas cautelares solicitadas por su abogado, José Luis Brea, y a los que, pese a no haber sentencia firme que confirme si efectivamente son construcciones ilegales, la Xunta empezó a imponerles el pasado verano multas coerctivas por no proceder a la demolición de la casa.
Las sanciones también están recurridas, pero eso no impide que la Consellería de Política Territorial siga dando pasos en firme para que se cumpla el expediente de reposición de legalidad decretado por el departamento autonómico. Así que de las multas, la Xunta ha pasado a los embargos. Según confirmó ayer el letrado de los afectados, al titular de una de las viviendas expedientadas se le acaba de intervenir un vehículo y han bloqueado también una de las cuentas de otro de los afectados.
Brea Sanmartín califica esta situación de gravísima en tanto que no se está esperando a que se dicte ningún tipo de resolución judicial cuando todo está recurrido, incluso la impo sición de las multas y vaticina que si esto sigue así no será la Xunta la que tire las casas, sino que lo harán los propios vecinos porque esta situación es inasumible.
Por su parte, el Concello ha empezado los trámites para la revisión del PXOM, que en este momento está en fase de contratación de la asistencia técnica para la realización de los trabajos de redacción del documento urbanístico. De hecho, el abogado de los afectados ha trasladado esta información al juzgado para dejar constancia de que se está avanzando en el planeamiento urbanístico.
