El PP presentó ayer su anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley del Aborto, en un intento de que se suspendan cautelarmente los artículos impugnados de esta normativa, entre los que figura la liberalización de la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, hizo estas declaraciones a las puertas del Alto Tribunal, donde criticó que la nueva ley deja totalmente desprotegido al no nacido frente a los derechos de la madre. 'El aborto libre en las primeras 14 semanas del embarazo, hasta tres meses y medio de gestación, nos parece contrario al derecho a la vida, tal y como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional desde sus comienzos, en el año 1985', sentenció Trillo.
El recurso contra esta ley 'socialista' se concreta en ocho preceptos que hacen que el aborto, 'lejos de ser una excepción y una práctica mala para la mujer y, por supuesto, para la criatura, se convierta en un derecho indiscriminado', según el dirigente 'popular'. El partido que lidera Mariano Rajoy hace 'especial hincapié' en el punto que permite a las chicas de 16 y 17 años poner fin a su embarazo 'sin el consentimiento y el conocimiento de sus padres' (en realidad sólo será en casos de violencia familiar).
impugnar la ley
El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP advirtió de que, de no producirse la suspensión de estos preceptos, 'el derecho a la tutela judicial efectiva y el propio objeto de este recurso quedaría sin eficacia'. Trillo reiteró que cuando lleguen al Gobierno impugnarán la ley y aclaró que no pudieron solicitar su suspensión total porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, modificada por el PSOE, hizo desaparecer el recurso previo de inconstitucionalidad que preveía la paralización 'automática' de leyes que desarrollan derechos fundamentales o estatutos de autonomía. Dada esta situación, se solicita que se suspenda la aplicación de los preceptos impugnados hasta que no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, cuya tramitación se pide que sea 'preferente'.
En una petición adicional, el PP justifica la suspensión porque la aplicación de las normas recurridas generaría perjuicios 'irreparables evidentes, al tratarse de vidas humanas cuya eliminación sería irremediable'. La portavoz de Igualdad Sandra Moneo, una de las ponentes del texto junto con el diputado Santiago Cervera, defendió la posición de las comunidades que el lunes pidieron a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que retirará el desarrollo reglamentario de la Ley. La reglamentación, que Moneo calificó de 'escandalosa', deja en manos de los médicos la decisión sobre qué menores no informarán a sus padres de que van a abortar, cuando aleguen que puede ser coaccionadas. Esta medida es, para la diputada, 'manifiestamente inconstitucional' por ir contra la patria potestad, al impedir a los padres ejercer su derecho a formar a sus hijos, prestarles asistencia y aminorar las garantías de la vida del nasciturus.
El recurso contra esta ley 'socialista' se concreta en ocho preceptos que hacen que el aborto, 'lejos de ser una excepción y una práctica mala para la mujer y, por supuesto, para la criatura, se convierta en un derecho indiscriminado', según el dirigente 'popular'. El partido que lidera Mariano Rajoy hace 'especial hincapié' en el punto que permite a las chicas de 16 y 17 años poner fin a su embarazo 'sin el consentimiento y el conocimiento de sus padres' (en realidad sólo será en casos de violencia familiar).
impugnar la ley
El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP advirtió de que, de no producirse la suspensión de estos preceptos, 'el derecho a la tutela judicial efectiva y el propio objeto de este recurso quedaría sin eficacia'. Trillo reiteró que cuando lleguen al Gobierno impugnarán la ley y aclaró que no pudieron solicitar su suspensión total porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, modificada por el PSOE, hizo desaparecer el recurso previo de inconstitucionalidad que preveía la paralización 'automática' de leyes que desarrollan derechos fundamentales o estatutos de autonomía. Dada esta situación, se solicita que se suspenda la aplicación de los preceptos impugnados hasta que no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, cuya tramitación se pide que sea 'preferente'.
En una petición adicional, el PP justifica la suspensión porque la aplicación de las normas recurridas generaría perjuicios 'irreparables evidentes, al tratarse de vidas humanas cuya eliminación sería irremediable'. La portavoz de Igualdad Sandra Moneo, una de las ponentes del texto junto con el diputado Santiago Cervera, defendió la posición de las comunidades que el lunes pidieron a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que retirará el desarrollo reglamentario de la Ley. La reglamentación, que Moneo calificó de 'escandalosa', deja en manos de los médicos la decisión sobre qué menores no informarán a sus padres de que van a abortar, cuando aleguen que puede ser coaccionadas. Esta medida es, para la diputada, 'manifiestamente inconstitucional' por ir contra la patria potestad, al impedir a los padres ejercer su derecho a formar a sus hijos, prestarles asistencia y aminorar las garantías de la vida del nasciturus.
