Los ciudadanos de Rasquera (Tarragona) deciden hoy en un referéndum vinculante si permiten cultivar en el municipio una plantación de marihuana para los 5.000 socios del club de fumadores Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (Abcda).
El Ayuntamiento, que defiende la 'plena viabilidad jurídica' de la plantación, prevé crear 40 puestos de trabajo y ganar hasta 1,3 millones de euros en dos años -a partir del próximo mes de julio-, que destinaría a pagar las deudas que tiene el municipio y a impulsar la actividad económica.
El plan de acción municipal anticrisis 2012 contempla la creación de la empresa pública 'Rasquerana de Investigación e Interpretación de la variedad vegetal Cannabis Sativa', que desarrollaría un programa de ordenación, planificación y gestión para supervisar el proyecto.
Entre sus atribuciones está crear una mesa de vigilancia que desarrollaría los protocolos de seguridad y prevención de riesgos, además de impulsar la investigación del cannabis y sus efectos. Además, se crearía un banco de tierras para que los propietarios de fincas interesados puedan ofrecer al Ayuntamiento el derecho de uso privativo y de explotación, y una bolsa de trabajo. Hoy están llamados a votar 940 habitantes de Rasquera, y el alcalde, Bernat Pellisa, espera 'que la gente pueda manifestar libremente el pueblo que quiere tener en el futuro'.
Para que el proyecto que el pleno municipal aprobó el 29 de febrero prospere deberán tener un mínimo del 75 por ciento de los votos a favor, y en la papeleta sólo habrá dos respuestas a la pregunta de si están de acuerdo con la iniciativa municipal: sí o no.
AMENAZA DE DIMISIÓN
En caso de que el pueblo tumbe su proyecto, el alcalde Bernat Pellisa ya anunció que dimitirá y que se paralizará la iniciativa, después de que haya renunciado a su partido, ERC, y a su silla en el Consejo Comarcal de Ribera d'Ebre para tener plena libertad para impulsar el proyecto. Mientras, la Fiscalía de Tarragona abrió diligencias informativas y analiza si es posible jurídicamente, y a la espera del informe definitivo, el fiscal jefe de Tarragona, Xavier Jou, ya avanzó que cree que el consumo colectivo de cannabis no es delito si no hay riesgos para terceros. Advirtió de que la legalidad depende de que el consumo sea para un grupo reducido, de que se realice en un lugar cerrado, de que se asegure que las sustancias no sean consumidas por personas adictas y de que el consumo sea inmediato.
El Consejo Comarcal rechazó por su parte el proyecto porque 'se aleja de los valores éticos y morales de una sociedad que necesita el trabajo, el esfuerzo, la constancia y la perseverancia para salir de la situación de crisis global que sufre'.
El plan de acción municipal anticrisis 2012 contempla la creación de la empresa pública 'Rasquerana de Investigación e Interpretación de la variedad vegetal Cannabis Sativa', que desarrollaría un programa de ordenación, planificación y gestión para supervisar el proyecto.
Entre sus atribuciones está crear una mesa de vigilancia que desarrollaría los protocolos de seguridad y prevención de riesgos, además de impulsar la investigación del cannabis y sus efectos. Además, se crearía un banco de tierras para que los propietarios de fincas interesados puedan ofrecer al Ayuntamiento el derecho de uso privativo y de explotación, y una bolsa de trabajo. Hoy están llamados a votar 940 habitantes de Rasquera, y el alcalde, Bernat Pellisa, espera 'que la gente pueda manifestar libremente el pueblo que quiere tener en el futuro'.
Para que el proyecto que el pleno municipal aprobó el 29 de febrero prospere deberán tener un mínimo del 75 por ciento de los votos a favor, y en la papeleta sólo habrá dos respuestas a la pregunta de si están de acuerdo con la iniciativa municipal: sí o no.
AMENAZA DE DIMISIÓN
En caso de que el pueblo tumbe su proyecto, el alcalde Bernat Pellisa ya anunció que dimitirá y que se paralizará la iniciativa, después de que haya renunciado a su partido, ERC, y a su silla en el Consejo Comarcal de Ribera d'Ebre para tener plena libertad para impulsar el proyecto. Mientras, la Fiscalía de Tarragona abrió diligencias informativas y analiza si es posible jurídicamente, y a la espera del informe definitivo, el fiscal jefe de Tarragona, Xavier Jou, ya avanzó que cree que el consumo colectivo de cannabis no es delito si no hay riesgos para terceros. Advirtió de que la legalidad depende de que el consumo sea para un grupo reducido, de que se realice en un lugar cerrado, de que se asegure que las sustancias no sean consumidas por personas adictas y de que el consumo sea inmediato.
El Consejo Comarcal rechazó por su parte el proyecto porque 'se aleja de los valores éticos y morales de una sociedad que necesita el trabajo, el esfuerzo, la constancia y la perseverancia para salir de la situación de crisis global que sufre'.
