Los afectados por el uso de la talidomida presentaron ayer en un juzgado madrileño una demanda millonaria contra las compañías Grünenthal y UCB Pharma por la comercialización de este fármaco en España entre los años 1957 y 1963 reclamando 156 millones de euros en representación de 184 afectados.
Los laboratorios demandados han mantenido distintas posturas durante este período, mientras UCB Pharma se negó a asumir cualquier responsabilidad, Grünenthal realizó una oferta conjunta de 120.000 euros, a razón de 600 euros por enfermo. AVITE, la Asociación de Víctimas de la Talidomida, rechazó la oferta tras considerarla 'claramente insuficiente'.
La talidomida es un fármaco que comenzó a utilizarse en 1957 en España y que se administraba a las embarazadas para combatir las náuseas en los primeros meses de gestación. Las consecuencias fueron enormes afectando a más de 50.000 bebés en todo el mundo. Muchos de ellos murieron a consecuencia de graves malformaciones genéticas, mientras que otros siguen vivos, pero con brazos o piernas atrofiados, y grave problemas de salud, ya que la talidomida también ataca a los huesos y a órganos vitales.
De hecho, de los más de 5.000 españoles que AVITE calcula que quedaron afectados sólo viven 300.
Rafael Basterrechea, portavoz de AVITE, afirmó ayer a las puertas del juzgado que quieren el mismo trato que los laboratorios ofrecieron en otros países. Explica, por ejemplo, el caso de Alemania donde se celebró un juicio contra Grünenthal en 1970 y la empresa fue condenada a pagar 110 millones de marcos, más pensiones vitalicias para los enfermos. Basterrechea asegura que no les han dejado más remedio que la vía judicial y recurrirán a todas las instancias hasta que se reconozcan sus derechos.
Silenciado por el franquismo
En España la dictadura franquista trató de silenciar el asunto y los sucesivos gobiernos de la democracia tampoco quisieron hacer nada por los afectados. Tan sólo el último gobierno socialista reconoció a 23 personas como víctimas de la talidomida, pero dejó a todos los demás totalmente desprotegidos. Además, la cantidad que les reconoció, 78.000 euros de media, resulta insuficiente para unas personas que necesitan atención médica casi constante.
Por eso, la asociación que representa a este colectivo ha distribuido a los 184 afectados en cuatro grupos, dependiendo del grado de minusvalía. Para el primer grupo, el menos afectado y con 51 personas reclama 17 millones de euros a razón de 350.000 euros cada uno. Para el segundo grupo, de 48 afectados reclama 700.000 euros. Para el tercer grupo, con 46 miembros reclama un millón de euros, mientras que para el último grupo con 39 enfermos, solicita millón y medio de euros. En este último caso tienen una minusvalía reconocida de más del 75%.
La demanda judicial no sólo exigirá a las farmacéuticas una indemnización económica, sino que los miembros de AVITE reclaman una serie de compensaciones morales. 'Que reconozcan la veracidad de nuestros testimonios, que pidan disculpas públicamente a los talidomídicos por el daño causado y que reconozcan su responsabilidad en los daños descritos y su obligación de indemnizarlos plenamente', señaló el abogado de este colectivo Ignacio Martínez García. La asociación ha recibido el apoyo por escrito de la Fiscalía General del Estado, que se personará como acusación cuando se inicie el juicio.
La talidomida es un fármaco que comenzó a utilizarse en 1957 en España y que se administraba a las embarazadas para combatir las náuseas en los primeros meses de gestación. Las consecuencias fueron enormes afectando a más de 50.000 bebés en todo el mundo. Muchos de ellos murieron a consecuencia de graves malformaciones genéticas, mientras que otros siguen vivos, pero con brazos o piernas atrofiados, y grave problemas de salud, ya que la talidomida también ataca a los huesos y a órganos vitales.
De hecho, de los más de 5.000 españoles que AVITE calcula que quedaron afectados sólo viven 300.
Rafael Basterrechea, portavoz de AVITE, afirmó ayer a las puertas del juzgado que quieren el mismo trato que los laboratorios ofrecieron en otros países. Explica, por ejemplo, el caso de Alemania donde se celebró un juicio contra Grünenthal en 1970 y la empresa fue condenada a pagar 110 millones de marcos, más pensiones vitalicias para los enfermos. Basterrechea asegura que no les han dejado más remedio que la vía judicial y recurrirán a todas las instancias hasta que se reconozcan sus derechos.
Silenciado por el franquismo
En España la dictadura franquista trató de silenciar el asunto y los sucesivos gobiernos de la democracia tampoco quisieron hacer nada por los afectados. Tan sólo el último gobierno socialista reconoció a 23 personas como víctimas de la talidomida, pero dejó a todos los demás totalmente desprotegidos. Además, la cantidad que les reconoció, 78.000 euros de media, resulta insuficiente para unas personas que necesitan atención médica casi constante.
Por eso, la asociación que representa a este colectivo ha distribuido a los 184 afectados en cuatro grupos, dependiendo del grado de minusvalía. Para el primer grupo, el menos afectado y con 51 personas reclama 17 millones de euros a razón de 350.000 euros cada uno. Para el segundo grupo, de 48 afectados reclama 700.000 euros. Para el tercer grupo, con 46 miembros reclama un millón de euros, mientras que para el último grupo con 39 enfermos, solicita millón y medio de euros. En este último caso tienen una minusvalía reconocida de más del 75%.
La demanda judicial no sólo exigirá a las farmacéuticas una indemnización económica, sino que los miembros de AVITE reclaman una serie de compensaciones morales. 'Que reconozcan la veracidad de nuestros testimonios, que pidan disculpas públicamente a los talidomídicos por el daño causado y que reconozcan su responsabilidad en los daños descritos y su obligación de indemnizarlos plenamente', señaló el abogado de este colectivo Ignacio Martínez García. La asociación ha recibido el apoyo por escrito de la Fiscalía General del Estado, que se personará como acusación cuando se inicie el juicio.
