El jueves se detectó un nuevo vertido contaminante en las aguas del río Barbaña, en el Concello de San Cibrao das Viñas. Era el segundo en una semana, del que se tengan noticias. No es, ni mucho menos, el único ni será el último si el comportamiento administrativo y de las instituciones competentes (o incompetentes) es el que han evidenciado hasta la fecha. La Región, fiel a su compromiso en la defensa del patrimonio natural, ha publicado sistemáticamente informaciones sobre este tipo de atentados medioambientales sin que se haya obtenido más respuesta por parte de las autoridades responsables que lamentos o justificaciones para salir del paso ante la presión mediática. La portada del periódico el viernes es de las que editorializan por si solas: “Cientos de peces muertos en el Barbaña”, decía el titular superpuesto a una foto con varios ejemplares de boga flotando en la superficie del agua.
Falsamente, el discurso oficial habla de que una de las apuestas de Ourense está en la protección del medio ambiente, de los recursos patrimoniales o turísticos. La realidad no casa con la retórica política: ni el patrimonio está bien cuidado o custodiado ni el turismo está debidamente impulsado. Y, por supuesto, ni mucho menos el patrimonio natural está respetado. No es de recibo el silencio de las administraciones ni tampoco la desidia a la hora de aplicar medidas eficaces en la prevención o en la sanción. ¿Tienen la conciencia tranquila los responsables de los concellos de San Cibrao y Ourense, el delegado de la Xunta o el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil? No debieran tenerla, porque los hechos evidencian el fracaso de sus políticas y de las medidas correctoras para evitar que se perpetúen casos como el denunciado.
El Barbaña parece un río maldito, cuando menos sistemáticamente maltratado. No todas las ciudades tienen la fortuna de estar surcadas por varios ríos como es el caso de Ourense y no es muy defendible que no seamos capaces de algo más que de seguir contaminándolos de forma sistemática.
El vertido que ha causado la mortandad de los peces se produce en pleno mes de agosto, con la guardia administrativa baja y los políticos pensando más en el solaz y esparcimiento que velar por las obligaciones que dejaron a medias antes de irse. Ni una reacción oficial, ni una explicación solvente, ni un propósito de intervención más allá de levantar acta y atestado del suceso. Aquí hay unos culpables y unos responsables, pero todo parece indicar que estos últimos forman parte ya del grupo de los primeros.
Lamentablemente en esta, como en otras tantas responsabilidades institucionales, no será suficiente con denunciar públicamente estos hechos en una única ocasión. Hay que sospechar que de nuevo tendremos que reiterar los mismos argumentos ante otros atentados contra el medio ambiente natural. De nuevo habrá que señalarles con el dedo porque la experiencia es terca.
