La incertidumbre sobre el futuro gobierno no es solo una cuestión que afecte a la nación en su conjunto, porque también en Cataluña pintan bastos para la continuidad de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat, dada la dependencia parlamentaria que tiene de la CUP y de sus exigencias sobre la concreción de la continuación de la hoja de ruta independentista y de los pasos a dar para llegar a la declaración unilateral de independencia (DIU).
Tras el desafío de los últimos días del pasado mes de julio con la aprobación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, el Tribunal Constitucional que había instado a la Mesa del Parlament a impedir ese debate y la posterior respuesta por unanimidad del Alto Tribunal al nuevo desafío a instancias del Gobierno, para poner en marcha la ejecución de sentencia previa, se daba un plazo de veinte días hábiles a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a más representantes para que presentaran alegaciones antes de aplicar los correctivos de que dispone para hace cumplir su resolución, incluida la vía penal.
Con buen criterio el TC dio un plazo lo suficientemente largo para que su próxima decisión no sea previa a la celebración de la Diada de Cataluña, en cuyas asistencias masivas se encuentra el germen de todo el proceso soberanista, pero desde el Govern ya se preparan para lo que pueda venir, y si se produce la inhabilitación de la presidenta del Parlament impulsar movilizaciones “unitarias, contundentes, pacíficas y democráticas” en rechazo de esa decisión, según la portavoz y consellera de Presidencia, Neus Munté. El argumento como siempre es oponer la legitimidad democrática del Parlament catalán a la legalidad española y cifrarlo todo a que en Europa no se entendería ese ataque a una decisión democrática, desechando la posibilidad de que los gobiernos y las instituciones europeas concedan más valor al cumplimiento de las leyes nacionales que vulneran las autoridades catalanas.
Este proceso se mezcla además con otros dos momentos que están también íntimamente relacionados. En la moción de confianza a la que a finales de septiembre va a someterse el presidente Puigdemont, y en la aprobación de los Presupuestos catalanes la CUP condiciona su apoyo a que se avance hacia la DIU el próximo año y que esa apuesta aparezca en las cuentas públicas.
El Govern, por el momento se muestra reticente a iniciar negociaciones con la CUP para lograr su voto a favor de la continuidad del presidente catalán, y aún no se sabe si habrá presupuestos, una situación de bastante indefinición e incertidumbre que podría llevar a Cataluña a unas nuevas elecciones.
Unos comicios que podrían tener un resultado incierto y en el que no es una cuestión menor la posibilidad de que los independentistas perdieran la mayoría absoluta de la que ahora disponen Junts pel Sí y la CUP, como apuntan algunas encuestas, aunque hay otras a beneficio de parte que apuntalan una nueva victoria de los soberanistas.
Con mes y medio por delante y muchos hitos en el horizonte la situación catalana aparece realmente incierta. Ahora bien, a lo largo del último año entre los independistas, pese a sus discrepancias, se ha impuesto el pragmatismo para avanzar en el ‘procés’. Hasta el momento en que al Estado no le quede más remedio que actuar.
