Venezuela acapara estos días la información de buena parte de los medios de comunicación del mundo entero. No es para menos pues el nivel de contestación social a las políticas del actual gobierno es, cada día que pasa, más elevado. No se trata ya de la labor articulada de la oposición organizada al gobierno de Maduro. Se trata de un clamor social más allá de la militancia política, que protesta ante la ausencia de libertades en el país y ante las graves dificultades existentes para que muchos millones de venezolanos puedan vivir en dignas condiciones de vida. Ya hay más de veinte muertos.
El departamento de Estado de los EEUU, el imperio del mal para el chavismo y para quienes siguen las consignas del oficialismo a pies juntillas, acaba de recordar algo bien sabido, y bien experimentado por tantos miles y miles de venezolanos: los principales abusos perpetrados en el país contra los derechos humanos están relacionados con la corrupción, la politización de la justicia y las restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Las lesiones a las libertades que se reportan en el informe del Departamento de Estado de los EEUU, se refieren a cuestiones tan graves como la intimidación a medios de comunicación a través de multas, expropiaciones, arrestos o investigaciones penales. No se respeta la independencia judicial ni se permite que los jueces actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico al ser sometidos a represalias y vejaciones de no seguir los dictados del oficialismo. Se encarcela a los opositores, se recrudecen las condiciones de vida en las cárceles, se detiene a estudiantes que protestan en las calles y se mantiene un alto grado de violencia en el país.
En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA alertaba, todavía en tiempos de Chávez, sobre lo que ahora es una evidencia clamorosa. Venezuela adolecía ya entonces de ausencia de independencia de los poderes del Estado, existían restricciones injustificadas a los derechos políticos de los venezolanos, represión estatal, en formas diversas para intimidar a los opositores políticos, se atacaba a los periodistas no alineados y se registraban no pocos atentados a la libertad de prensa. Es decir, en Venezuela se desconocía ya en tiempos de Chávez, según la OEA, el principio de la separación de los poderes y se erosionaban gravemente los derechos humanos.
Otra cuestión que planteaba el informe de la OEA era la sujeción del poder judicial al poder político. Desaparecieron, ya por entonces, las oposiciones a jueces y fiscales, que eran, y siguen siendo, nombrados de entre las personas afectas al régimen político. Se incrementó, dice el informe, la tendencia a prohibir, castigar, intimidar y agredir a quienes se atrevieran a expresar su oposición o descontento con el gobierno chavista. Según el informe, entre 2005 y 2010, más de 2.200 personas habían sido procesadas por participar en manifestaciones. Las nuevas “leyes” de Chávez en materia de medios de comunicación eran incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. El informe denunciaba también el asesinato de periodistas. Finalmente, el informe hacía referencia a la existencia de grupos paramilitares creados a imagen y semejanza del modelo cubano, que junto a las fuerzas de seguridad del régimen realizaron, y todavía realizan, esperemos que por poco tiempo, tareas de policía y control ciudadano.
En este ambiente de confrontación es necesario encontrar espacios de diálogo y concordia para restaurar heridas que están todavía a flor de piel. Para eso los actuales dirigentes deben reconocer los errores cometidos y hacer concesiones a las múltiples reclamaciones del pueblo. Ese es el buen camino. El problema reside en saber si los actuales mandatarios serán capaces de entonar un mea culpa, pedir perdón y abrir un nuevo período político dando la voz al pueblo para que se exprese en la libertad. Esa es la cuestión.
