La crisis y las exigencias de los mercados y de la troika obligaron a España a reducir sus gastos y a aumentar sus impuestos, lo cual empobreció el país.
Los gastos se redujeron a granel, sin distinguir entre gasto productivo e improductivo o entre inversión y gasto corriente. El resultado, nefasto: la falta de actividad no contribuyó a elevar los ingresos del Estado, de modo que, pese a los recortes, no se corrigió el déficit y aumentó la deuda pública.
Los ingresos no aumentaron porque la brutal caída del impuesto de sociedades jamás fue compensada, ni siquiera subiendo el IRPF, el IVA y los impuestos especiales.
En ese contexto, si en algo coincidía todo el mundo, desde la troika, los mercados, la izquierda y la derecha, es en que España no es un país viable fiscalmente. Por eso mismo incluso el Gobierno se sumó a una reforma fiscal para la que, visto lo visto, se ha perdido mucho tiempo.
Tras un encargo de un modelo de reforma a un llamado grupo de sabios a los que Mariano Rajoy terminó por no hacerles caso, el Gobierno sigue presentando por capítulos su descafeinada reforma fiscal, poco ambiciosa y muy del estilo de Rajoy: remiendos para intentar quedar bien con algunos, que no es lo mismo que quedar bien con el país. Da la impresión de que, lejos de hacer una reforma fiscal útil para modernizar España, se busca engañar a la gente electoralmente. Tampoco se le ha hecho suficiente caso a Bruselas, que le pide a Madrid una rebaja de los impuestos directos (IRPF y sociedades) y un aumento del IVA, que perdería su carácter subvencionador.
Son muchas las claves de esta reforma, de la que ya informó La Región, pero si nos limitamos a su esencia quizá la principal preocupación que desata es que no asegura los ingresos del Estado ni garantiza el consumo privado, por la vía de la rebaja de impuestos.
Los profesionales y directivos que ganan más en España van a pagar menos en su IRPF, del mismo modo que los trabajadores que ganan muy poco, mientras que las clases medias aprovecharán menos la rebaja. Las deducciones se reducirán para las empresas, a cambio de bajar al 25% el impuesto de sociedades, y se incrementarán para las familias y personas con discapacidad –sin duda un elemento a valorar-, mientras que las rentas de capital respiran tranquilas con el nuevo gravamen sobre el beneficio de las empresas y de las plusvalías del ahorro.
El Gobierno no explica cómo va a cuadrar el déficit público con esta reforma fiscal, que parece más bien una rebaja electoral de impuestos que una nueva política fiscal a medio plazo, capaz de cambiar el país. Sea como sea, Rajoy tendrá que compensar los 9.000 millones menos que recaudarán el IRPF y el impuesto de sociedades. Una salida que le queda es reformar a fondo las Administraciones públicas para reducir el gasto, pero en esa materia Rajoy nunca ha querido hacer nada. Y es difícil que lo haga ahora, a un año de las elecciones municipales y autonómicas, con las generales a la vuelta de la esquina.
Desde 2008, la crisis se ha llevado por delante a miles de empresas y, lo que es peor, a millones de personas, ahora sin empleo, pero mantiene prácticamente intacto el andamiaje institucional de España, con las diputaciones conviviendo con las comunidades autónomas, mastodónticos ministerios con estructuras de un Estado centralizado, un Senado inútil y el mismo número de ayuntamientos.
