Opinión

Bandos neutralizados

es un problema el grado de tolerancia que la sociedad ha desarrollado en base a la actuación de nuestros gobernantes

Como estamos en un país de poderosos contrastes, acabo  de saber que el concejal responsable del departamento de Tráfico y Movilidad del ayuntamiento de Cáceres ha sido denunciado por los propios agentes a los que manda tras ser descubierto desplazándose en su coche con el seguro obligatorio caducado y sin haber pasado la ITV. Una patrulla de la propia Policía Municipal de su ciudad lo interceptó durante un control de alcoholismo, y se encontró con tan sorprendente hallazgo. El responsable se ha limitado a abonar las cuotas del seguro y pagar la multa de la ITV pero no ha dimitido argumentando que ha sido un descuido leve. Hace algunos años, un político así sorprendido estaría, como mínimo, cesado con carácter fulminante. 

El problema es, por tanto, el grado de tolerancia que la sociedad ha ido desarrollando con respecto a la actuación de sus gobernantes, construyendo un escenario en el que una mitad de españoles que se inclinan hacia posturas de izquierda neutralizan a la otra mitad que se alinea con la derecha y viceversa. Los ciudadanos, cada vez más encastillados en uno de los dos bandos, han prescindido del necesario pragmatismo a la hora de juzgar comportamientos y afronta la necesaria fiscalización del proceder de sus representantes, estrangulado por la influencia de sus inclinaciones personales. Se advierte tal nivel de proselitismo en el modo de juzgar actitudes, que toda exigencia queda invalidada como invalidado está ahora mismo el diálogo parlamentario que es el punto de partida por el que se debería proceder a iniciar la resolución de estas situaciones.

Por otra parte, la sensación de que la clase política no es fiable y está sumergida en un mar de corruptelas pesa mucho a la hora de atraer a la opinión pública cada vez que alguna de estas historias se destapa. Pasan desapercibidas y ya no conmueven a nadie. Hace un par de días la Guardia Civil detuvo a la ex alcaldesa del municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias y a cuatro de sus antiguos concejales acusados de un delito de corrupción urbanística relacionada con el pantano de San Juan. A pesar de que los agentes registraron la sede de varias empresas de titularidad municipal, y sus viviendas y se los llevó esposados, el asunto no ha merecido ni el más mínimo comentario. Uno más de los muchos que pueblan la geografía hispana.

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