El pasado viernes, durante la celebración de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, salía a relucir la vinculación que existe entre el delito y la dependencia de las drogas. Aquellas personas que tienen la desgracia de contar, en su entorno más próximo, con personas enganchadas a la droga, en cualquiera de sus modalidades, conocen bien el impacto en la salud, en la economía y en marginación que sufren los perjudicados. El consumo de sustancias estupefacientes se mantiene al alza en cualquier ciudad de nuestro país. La crisis sanitaria ha significado un punto de inflexión en la presencia de un mayor número de consumidores habituales de drogas en nuestras calles. La drogodependencia, además de destrozar familias y causar padecimiento psicológico, lleva aparejada en muchas ocasiones, la comisión de hechos delictivos contra la propiedad o contra las personas con el objetivo de obtener la dosis diaria.
Los balances de criminalidad no reflejan la realidad de lo que sucede en esta tipología delictiva. A diferencia de cualquier otro hecho, las denuncias son prácticamente nulas y los números son consecuencia de los operativos desarrollados por los agentes de la autoridad. La accesibilidad y el anonimato que brindan las redes sociales permiten recibir informaciones anónimas que pueden significar el origen de una investigación policial. Los operativos contra el tráfico de drogas se están incrementando notablemente. Pese a las dificultades que presentan las investigaciones salen adelante gracias al trabajo de los Grupos y Unidades que se dedican específicamente a luchar contra este tipo de hechos.
Una mayor demanda de las drogas está directamente ligada con un incremento del tráfico de sustancias estupefacientes, a diferentes escalas. Los excedentes de cocaína que se producen en los países de Sudamérica o de heroína en Turquía y Países Bajos, vienen provocando un descenso del precio de este tipo de sustancias, incrementándose el tráfico a través de nuevas rutas y diferentes formas de trasladar los alijos. Este nuevo escenario se traduce en efecto llamada a nuevas formas de narcotráfico, extremadamente violentas, que tienen nulo respeto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por la vida de cualquiera que se interponga en su camino.
Nuestra legislación goza de unas garantías que, respetando la presunción de inocencia de las personas investigadas, otorga un marco de salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, lo cual sin duda, nos fortalece como sociedad. Estas garantías, en cierto tipo de delitos al alza y que causan tan alto perjuicio a la salud pública, deben medirse al detalle, reforzando la labor de los investigadores y agilizando los procedimientos con la misión de evitar que nuestro país y zonas especialmente sensibles como Galicia o Campo de Gibraltar se conviertan en el paraíso de los narcos, en donde las fianzas para eludir la prisión provisional son ridículas en comparación con el lucro que se obtiene o la imposibilidad de intervenir bienes o artículos de los narcos para debilitar su músculo económico se torna cada vez más complicado. Nuestros procedimientos son tan garantistas que, tras la fase de instrucción, queda al descubierto del ingente trabajo de nuestras Unidades de Investigación, dificultando en futuras operaciones la resolución de los delitos cometidos por las organizaciones criminales.
Uno de los temas de mayor preocupación de cualquier familia es el acceso que puedan tener los menores a las drogas, por ello, además de trabajar en la prevención desde el día a día, tanto en los centros educativos como en los propios hogares, debemos implicarnos como sociedad, en fortalecer la lucha contra el narcotráfico, dotando de los medios suficientes a las Unidades de Investigación e instando al poder legislativo a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procedimientos y facilitar la lucha contra el tráfico de drogas en nuestro país porque donde la droga emerge la seguridad se resiente.
