Nos fusilan nuestras propuestas de manera descarada", se quejaba uno de los responsables de la campaña del BNG en Ourense durante las pasadas elecciones gallegas. El mosqueo era tan comprensible como la disculpa. Puede ocurrir cuando se eligen caminos distintos para hacer carrera pero se ha ido a la misma escuela.
Catorce meses después, el Parlamento gallego volvió a aprobar por unanimidad una proposición de ley para reclamar en el Congreso la transferencia de la AP-9 a Galicia tras el veto del Gobierno de Mariano Rajoy. Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, tiene razones para estar cabreada porque no es que le hayan copiado, sino que ha redactado el trabajo para que otros lo presenten.
La delegación encargada de defender la propuesta en el pleno del Congreso está compuesta por un máximo de tres miembros, según imperativo constitucional, y ninguna de las otras fuerzas políticas con representación en O Hórreo cedió por elegancia su sitio al impulsor de la iniciativa amparándose en la representación en la Cámara. Para Antón Sánchez, viceportavoz de En Marea, no puede faltar el segundo partido en número de votos; para el diputado popular Fernández Prado "el grupo mayoritario tiene que estar representado"; y al socialista Xoaquín Fernández Leiceaga "la pinza" que denuncia Pontón para "excluir" a los nacionalistas, le parece "una lamentable actuación" y un "victimismo fuera de lugar. "Pretender patrimonializar esta iniciativa es la mejor garantía de fracaso", se defendió. Por si acaso, ni él ni los otros ceden su lugar en la foto.
Fernández Prado ya avisa de que va a ser "difícil" aunque suena a imposible porque la obediencia es al partido y no a la tierra que te ha elegido.
