A los quince días de pisar por primera vez Lugo recibió una carta del Concello. La visita le costó cuatro puntos de sanción en el carné y 200 euros de multa por saltarse un semáforo en rojo en la Ronda da Muralla que ni siquiera recordaba. Tampoco sabía que existían los llamados fotorrojos. En vez de litigar, porque cuando llevas prisa o un coche pegado al culo se aprovecha el ámbar, el padre de un colega que ya no conducía le cedió los puntos a cambio de nada y apoquinó la receta en los quince días siguientes para aprovechar el descuento del 50%. "En La Ronda da Murulla caen todos, sobre todo los que no son de aquí", respondió con naturalidad el agente cuando telefoneó para preguntar por los trámites para identificar al presunto conductor del vehículo que supuestamente se había saltado un semáforo en ámbar. La fiabilidad de las fotografías delatoras del aparato es cuestionable, como sentenció el Tribunal Supremo sobre un caso en San Sebastián.
El día que llegó al abrevadero pidiendo agua para conservar el carné nadie le creyó, hasta que otro cliente pecó en Santiago y otro más resbaló en León. El Concello de Lugo decidió en enero desactivar el fotorrojo tras la sentencia del Supremo, pero a mediados del mes pasado activó otra vez la 'caja registradora' amparándose en una decisión favorable del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número. En Santiago, los cuatro fotorrojos existentes registraron 1.147 denuncias en los tres primeros meses del año con el pronto cobro casi siempre garantizado a una media de unas 380 multas al mes. La rentabilidad del control ubicado en la calle Romero Donallo provoca un mosqueo considerable entre los conductores, aunque el Concello argumenta que su sistema es más fiable que el de Donosti y un agente evalúa la intencionalidad del infractor.
Desde hace meses, en dos arterias muy transitadas de A Coruña como Juan Flórez y San Andrés hay situados por iniciativa del anterior Gobierno hasta cinco fotorrojos, aunque permanecen desactivados mientras no se resuelvan las dudas sobre su legalidad. Hay otros tres en Vilagarcía y dos en Carballo. Así no sorprende que un estudio de la Fundación Línea Directa diga que el 76% de las multas son propinadas por los consistorios locales.
