Los descendientes de diecisiete personas que hace casi dos siglos depositaron en la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes' parte de sus bienes para enviarlos a España desde América confían aún en que la Justicia de EEUU les permita recuperar aquellas pertenencias.
'Aquellos bienes eran suyos cuando confiaron en la fragata militar para que se los trasladara a España y lo iban a seguir siendo cuando el barco llegara a puerto. ¿En qué momento el Estado se proclamó dueño de sus bienes?', resumió hoy el abogado David Paul Hole.
En una entrevista con Efe, este experimentado letrado, que lleva 35 años trabajando en casos similares, considera 'de sentido común' entender que 'la parte del tesoro que era de ciudadanos particulares debe entregarse a sus herederos legales', cuya identificación está 'plenamente documentada'.
En representación de diecisiete familias de Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina y España, Hole ha presentado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos un recurso de certiorari, una figura jurídica del derecho anglosajón que permite reclamar a esa instancia que revise un caso.
'Este recurso es válido cuando se demuestra que el asunto es de gran interés público y que ha habido conflicto entre lo dictado por diversos tribunales de apelaciones', explicó Hole.
Odyssey Marine Exploration, la empresa que en 2007 rescató el tesoro del pecio de la fragata hundida en 1804 en el estrecho de Cádiz poco antes de llegar a puerto, también ha presentado un recurso similar, tal y como había anunciado y según consta en el archivo del Supremo.
Lo mismo ha hecho también el propio estado de Perú, que alega que 'más del 90 % (del tesoro) era producto de los brazos y las manos de trabajadores peruanos', en palabras del embajador de ese país en Washington, Harold Forsyth.
El tesoro de más de medio millón de monedas de oro y plata entre muchos otros objetos de valor, que según España iba destinado a la Real Hacienda Española, fue cargado en tierras del Nuevo Mundo que eran colonia de España.
En el Supremo hay registrados tres recursos de certiorari, sobre los que esa instancia 'suele tardar en pronunciarse entre tres y seis meses', explicó Hole.
De ser aceptados, el Supremo debe revisar el caso y establecer si, según la legislación de este país, la fragata goza de inmunidad por ser una embarcación militar que fue hundida mientras realizaba labores militares.
Así lo entendió el juez de Tampa (Florida) que dio la razón a los argumentos españoles y permitió que el pasado febrero se ordenara la entrega a España del tesoro, que había permanecido en Florida, donde se encuentra la sede de Odyssey.
Sin embargo, parte de los herederos de esos bienes sostienen que, aún siendo militar la fragata, los bienes civiles no deben estar protegidos por esa inmunidad soberana, ya que eran de particulares, al tiempo que se estaba cobrando por el transporte de personas y mercancías.
'Si los bienes eran de civiles y si se iban a entregar a civiles cuando llegaran a puerto, ¿qué es lo que ha pasado para que de pronto el Estado se haga titular de ellos? No tiene explicación', argumentó Hole.
En su opinión, 'lo más importante no es el tesoro, sino el precedente que se sienta', ya que una jurisprudencia así permitiría por ejemplo que 'el Estado se quedara con las pertenencias de una persona que inocentemente ha decidido confiarlas a los militares después de un huracán'.
'Imagina también que, tras un huracán, decides confiar todas tus pertenencias a militares españoles para que se las entreguen a tus padres en España. De camino el barco o el avión se hunden. España no quiere hacer el esfuerzo de rescatarlas. Tú decides hacerlo por tu cuenta y, cuando lo logras, España dicen que son suyas', añadió.
Si el Supremo entiende razonables estos argumentos y no los de España -que argumenta que era 'una fragata militar en misión de Estado para recoger caudales de la Hacienda pública'-, podría emitir una sentencia ordenando la devolución.
'Sin embargo, habría que ver si España reconoce esa orden. Me extrañaría mucho que accediera a devolver un tesoro que ha sido valorado en más de medio millón de dólares', apuntó el abogado, quien no se atrevió a aventurar cómo sería el proceso legal a partir de entonces.
Según sus datos, hay muchos casos similares en Estados Unidos, Reino Unido y Francia, en los que 'se reclaman derechos sobre mercancías civiles que han sido transportadas con recursos militares a cambio de un beneficio. Si se cobra por un servicio, no es un servicio militar'.
