La Fiscalía Superior de Andalucía ha trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE) la denuncia interpuesta por un colectivo ciudadano de Granada contra los autores de la Real Academia de la Historia responsables de la redacción de las biografías de personajes vinculados al franquismo en el Diccionario Biográfico Español para que 'lleve a cabo la valoración pertinente'.
El fiscal superior, Jesús María García Calderón, ha resuelto abrir diligencias de investigación penal en un decreto en el que entiende que la investigación es competencia de la FGE 'por la referencia a unos hechos que exceden completamente' de su ámbito de actuación, 'por cuanto afectan a todo el Estado' y habida cuenta de la trascendencia 'de la denuncia que ha sido presentada'.
La resolución de la Fiscalía Superior de Andalucía destaca que, según la denuncia, los textos referidos en el Diccionario Biográfico Español no pueden ampararse en la libertad de expresión, información o cátedra y afirma que 'pueden constituir un delito', de acuerdo con el artículo 510 del Código penal, que, en su apartado segundo, 'castiga a los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupo o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias'.
El decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía, al que ha tenido acceso Europa Press, también alude al artículo 607, apartado segundo, del Código Penal, que 'sanciona la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de distintas formas de genocidio'.
En los antecedentes, el fiscal superior cita, como 'argumentos favorables' las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la condena del régimen franquista, que se califican 'el régimen político imperante en España como un régimen de naturaleza fascista impuesto al pueblo español por la fuerza, que debe ser condenado'. Además, el decreto alude a la condena a la dictadura franquista realizada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2006.
En los fundamentos del decreto de incoación y traslado, la Fiscalía Superior de Andalucía afirma que el Diccionario Biográfico Español es un proyecto lexicográfico 'extraordinariamente ambicioso iniciado en 1999 que alcanzará un total de 40.000 biografías' y destaca que la Real Academia de la Historia es 'una institución con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar que tiene como finalidad primordial la de ilustrar e investigar el pasado'.
García Calderón subraya expresamente al artículo 19 de los estatutos de la RAH, que se refiere a 'la responsabilidad de los autores de las obras publicadas, señalando que los autores de las obras que la Academia publique serán responsables de su contenido. La Academia, al imprimirlas, sólo reconocerá que son merecedoras de ver la luz pública'.
El decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía responde a la denuncia presentada por un grupo de ciudadanos de Granada, encabezada por el catedrático de Lengua de la Universidad de Granada Emilio García Wiedemann, y suscrita por más de 800 ciudadanos, en la que solicitaban que se abriera una investigación para exigir responsabilidades a los dirigentes de la Real Academia de la Historia y autores de determinadas entradas del Diccionario Biográfico Español, que han difundido informaciones 'injuriosas' sobre el golpe de Estado de 1936 y sus consecuencias, 'falseando la verdad, con el ánimo de rehabilitar las figuras de los sublevados y justificar el genocidio franquista'.
En la denuncia, presentada ante la Fiscalía Superior el pasado 19 de julio y que consta de cincuenta folios, el colectivo considera que la Real Academia de la Historia, valiéndose de subvenciones públicas, 'ha promovido y difundido un documento de consulta muy importante con unos fines claramente manipuladores e injuriosos'. Va dirigida concretamente contra el director de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Anes, y el director técnico del Diccionario Bibliográfico Español, Jaime Olmedo Ramos, además de contra un total de siete autores responsables de las entradas de las biografías del dictador Francisco Franco, Manuel Azaña, Santiago Carrillo, y Carlos Asensio Cabanillas, entre otros.
La resolución de la Fiscalía Superior de Andalucía destaca que, según la denuncia, los textos referidos en el Diccionario Biográfico Español no pueden ampararse en la libertad de expresión, información o cátedra y afirma que 'pueden constituir un delito', de acuerdo con el artículo 510 del Código penal, que, en su apartado segundo, 'castiga a los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupo o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias'.
El decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía, al que ha tenido acceso Europa Press, también alude al artículo 607, apartado segundo, del Código Penal, que 'sanciona la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de distintas formas de genocidio'.
En los antecedentes, el fiscal superior cita, como 'argumentos favorables' las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la condena del régimen franquista, que se califican 'el régimen político imperante en España como un régimen de naturaleza fascista impuesto al pueblo español por la fuerza, que debe ser condenado'. Además, el decreto alude a la condena a la dictadura franquista realizada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2006.
En los fundamentos del decreto de incoación y traslado, la Fiscalía Superior de Andalucía afirma que el Diccionario Biográfico Español es un proyecto lexicográfico 'extraordinariamente ambicioso iniciado en 1999 que alcanzará un total de 40.000 biografías' y destaca que la Real Academia de la Historia es 'una institución con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar que tiene como finalidad primordial la de ilustrar e investigar el pasado'.
García Calderón subraya expresamente al artículo 19 de los estatutos de la RAH, que se refiere a 'la responsabilidad de los autores de las obras publicadas, señalando que los autores de las obras que la Academia publique serán responsables de su contenido. La Academia, al imprimirlas, sólo reconocerá que son merecedoras de ver la luz pública'.
El decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía responde a la denuncia presentada por un grupo de ciudadanos de Granada, encabezada por el catedrático de Lengua de la Universidad de Granada Emilio García Wiedemann, y suscrita por más de 800 ciudadanos, en la que solicitaban que se abriera una investigación para exigir responsabilidades a los dirigentes de la Real Academia de la Historia y autores de determinadas entradas del Diccionario Biográfico Español, que han difundido informaciones 'injuriosas' sobre el golpe de Estado de 1936 y sus consecuencias, 'falseando la verdad, con el ánimo de rehabilitar las figuras de los sublevados y justificar el genocidio franquista'.
En la denuncia, presentada ante la Fiscalía Superior el pasado 19 de julio y que consta de cincuenta folios, el colectivo considera que la Real Academia de la Historia, valiéndose de subvenciones públicas, 'ha promovido y difundido un documento de consulta muy importante con unos fines claramente manipuladores e injuriosos'. Va dirigida concretamente contra el director de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Anes, y el director técnico del Diccionario Bibliográfico Español, Jaime Olmedo Ramos, además de contra un total de siete autores responsables de las entradas de las biografías del dictador Francisco Franco, Manuel Azaña, Santiago Carrillo, y Carlos Asensio Cabanillas, entre otros.
