En poco más de cuatro meses el Gobierno ha revolucionado el sector audiovisual con la aprobación del proyecto de ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones; la aprobación el pasado 8 de mayo del anteproyecto de ley de financiación de RTVE y el estudio, del anteproyecto de la Ley General Audiovisual.
Tres normas que han sacudido un panorama audiovisual cuyos principales actores llevaban mucho tiempo reclamando uno u otro aspecto de sus contenidos.
Hoy, y en primera lectura, el Consejo de Ministros ha estudiado el anteproyecto de la Ley General Audiovisual, que prevé, entre otros, la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, regula la TDT de Pago y establece el régimen de renovación de licencias.
El anteproyecto establece el régimen de concesión, arrendamiento o renovación de las licencias de servicios audiovisuales, e introduce la regulación de nuevas fórmulas como el acceso condicional.
La Ley también incluye la alta definición, la televisión en movilidad y la interactividad.
El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales será una institución independiente con capacidad sancionadora, que tendrá como función velar por el cumplimiento de la Ley General Audiovisual y, en general, de la normativa audiovisual.
Por otro lado, el Pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, que, entre otros aspectos, permite las participaciones cruzadas entre cadenas, siempre que no superen el 27 por ciento de cuota de pantalla.
La ley autoriza que personas físicas y jurídicas puedan ser titulares simultáneamente de participaciones sociales o derechos de voto en diferentes concesionarios de televisión de ámbito estatal.
No obstante, limita esta participación en más de una concesión de televisión cuando la audiencia media del conjunto de canales no supere el 27 por ciento de la audiencia total durante los 12 meses consecutivos anteriores a la adquisición.
La ley aprobada permite, también, que los canales de ámbito estatal cedan sus señales a operadores de satélite para permitir que estas lleguen a aquellas zonas que no alcanza por vía terrestre.
En mayo, el Consejo de Ministros dio su visto bueno al anteproyecto de ley de financiación de RTVE, que renuncia a la inclusión de publicidad y prevé aportaciones del Estado, de las televisiones comerciales y del sector de las telecomunicaciones.
Una vez en vigor la ley, la Corporación RTVE se financiará con recursos públicos exclusivamente, gran parte por la aportación del Estado por sus obligaciones de servicio público.
El resto, se hará mediante la aportación de un 3 por ciento de los recursos de aquellos operadores que emitan en todo el Estado o en más de una comunidad autónoma y por los operadores de telecomunicaciones con un 0,9 por ciento.
Además, RTVE percibirá el 80 por ciento de lo recaudado por la tasa sobre reserva de dominio radioeléctrico, recogido en la Ley General de Telecomunicaciones, y por el ejercicio de sus actividades y la comercialización de sus productos.
Los ingresos públicos solo servirán para financiar actividades de servicio público y no podrán ser utilizados para pujar con otros competidores por derechos de gran valor. Sólo se podrá utilizar el 10 por ciento para la adquisición de derechos deportivos, con exclusión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y un 20 por ciento para invertir en cine español.
Hoy, y en primera lectura, el Consejo de Ministros ha estudiado el anteproyecto de la Ley General Audiovisual, que prevé, entre otros, la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, regula la TDT de Pago y establece el régimen de renovación de licencias.
El anteproyecto establece el régimen de concesión, arrendamiento o renovación de las licencias de servicios audiovisuales, e introduce la regulación de nuevas fórmulas como el acceso condicional.
La Ley también incluye la alta definición, la televisión en movilidad y la interactividad.
El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales será una institución independiente con capacidad sancionadora, que tendrá como función velar por el cumplimiento de la Ley General Audiovisual y, en general, de la normativa audiovisual.
Por otro lado, el Pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, que, entre otros aspectos, permite las participaciones cruzadas entre cadenas, siempre que no superen el 27 por ciento de cuota de pantalla.
La ley autoriza que personas físicas y jurídicas puedan ser titulares simultáneamente de participaciones sociales o derechos de voto en diferentes concesionarios de televisión de ámbito estatal.
No obstante, limita esta participación en más de una concesión de televisión cuando la audiencia media del conjunto de canales no supere el 27 por ciento de la audiencia total durante los 12 meses consecutivos anteriores a la adquisición.
La ley aprobada permite, también, que los canales de ámbito estatal cedan sus señales a operadores de satélite para permitir que estas lleguen a aquellas zonas que no alcanza por vía terrestre.
En mayo, el Consejo de Ministros dio su visto bueno al anteproyecto de ley de financiación de RTVE, que renuncia a la inclusión de publicidad y prevé aportaciones del Estado, de las televisiones comerciales y del sector de las telecomunicaciones.
Una vez en vigor la ley, la Corporación RTVE se financiará con recursos públicos exclusivamente, gran parte por la aportación del Estado por sus obligaciones de servicio público.
El resto, se hará mediante la aportación de un 3 por ciento de los recursos de aquellos operadores que emitan en todo el Estado o en más de una comunidad autónoma y por los operadores de telecomunicaciones con un 0,9 por ciento.
Además, RTVE percibirá el 80 por ciento de lo recaudado por la tasa sobre reserva de dominio radioeléctrico, recogido en la Ley General de Telecomunicaciones, y por el ejercicio de sus actividades y la comercialización de sus productos.
Los ingresos públicos solo servirán para financiar actividades de servicio público y no podrán ser utilizados para pujar con otros competidores por derechos de gran valor. Sólo se podrá utilizar el 10 por ciento para la adquisición de derechos deportivos, con exclusión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y un 20 por ciento para invertir en cine español.
