La magistrada Yolanda Urban Sánchez, titular del Juzgado de lo Social número 40 de Madrid, ha dictado sentencia este martes declarando procedente la decisión de la SGAE de despedir al ex director de Sistemas de la entidad, José Luis Rodríguez Neri, en relación con las prácticas de contratación de servicios informáticos establecidas por él mismo.
En concreto, el fallo declara 'convalidada la extinción del contrato de trabajo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación', informa la Sociedad General de Autores y Editores en un comunicado remitido a Europa Press.
Precisamente, José Luis Rodríguez Neri se encuentra imputado por el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional en relación con dichas prácticas en el procedimiento conocido como Operación Saga. Fue detenido el 1 de julio de 2011 e imputado por cargos de apropiación indebida, administración fraudulenta y delito societario.
La sentencia ha desestimado igualmente la reclamación formulada por Rodríguez Neri contra la entidad por supuesta lesión de su derecho al honor, al haber sido apartado de sus funciones de forma inmediata a la intervención decidida por la Audiencia Nacional.
La magistrada-juez señala que Rodríguez Neri actuó con clandestinidad y opacidad, por lo que la SGAE no pudo conocer los hechos con anterioridad. La sentencia dice que el demandante mantenía interesadamente oculta su participación directa o indirecta en las sociedades con las que contrataba y que ello le reportaba unos cuantiosos beneficios económicos. En las demandas formuladas por Rodríguez Neri contra la SGAE y la Sociedad Digital de Autores y Editores reclamaba una cuantía de 1.200.000 euros.
Precisamente, José Luis Rodríguez Neri se encuentra imputado por el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional en relación con dichas prácticas en el procedimiento conocido como Operación Saga. Fue detenido el 1 de julio de 2011 e imputado por cargos de apropiación indebida, administración fraudulenta y delito societario.
La sentencia ha desestimado igualmente la reclamación formulada por Rodríguez Neri contra la entidad por supuesta lesión de su derecho al honor, al haber sido apartado de sus funciones de forma inmediata a la intervención decidida por la Audiencia Nacional.
La magistrada-juez señala que Rodríguez Neri actuó con clandestinidad y opacidad, por lo que la SGAE no pudo conocer los hechos con anterioridad. La sentencia dice que el demandante mantenía interesadamente oculta su participación directa o indirecta en las sociedades con las que contrataba y que ello le reportaba unos cuantiosos beneficios económicos. En las demandas formuladas por Rodríguez Neri contra la SGAE y la Sociedad Digital de Autores y Editores reclamaba una cuantía de 1.200.000 euros.
