El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Niilo Jääskinen ha pedido hoy una condena contra España por vulnerar la normativa destinada a liberalizar el sector ferroviario en la Unión Europea.
El letrado se ha pronunciado en unas conclusiones sobre los recursos que la Comisión Europea interpuso en 2010 contra distintos Estados miembros, entre ellos España, por incumplir la legislación que regula el funcionamiento del sector ferroviario en los Veintisiete.
El objetivo de esas normas es 'garantizar a las empresas de dicho sector un acceso equitativo y no discriminatorio a la red ferroviaria', explica un comunicado del Tribunal de Justicia de la UE.
Sobre España, el abogado indica que incumplió la normativa al reservar al Estado el derecho a determinar el canon que debe pagarse por el uso de la red ferroviaria.
Aunque los Estados miembros son competentes para definir el marco normativo de la tarifación, 'deben encomendar al administrador de infraestructuras la función de determinar el canon', recuerda el letrado.
Por otra parte, considera que las medidas adoptadas por España para crear un sistema de mejora del funcionamiento, destinado a reducir las perturbaciones y aumentar la eficacia de la explotación de la red, 'no constituyen un sistema coherente y transparente, sino meras medidas específicas e independientes unas de otras'.
Por último, opina que España ha dado un trato discriminatorio a los nuevos operadores en el mercado, que 'se ven desfavorecidos con respecto al operador histórico, que se beneficia de un acceso preferencial a la infraestructura'.
Las conclusiones subrayan que el Estado español no celebró ningún acuerdo que justifique un acceso preferencial a las empresas ferroviarias.
Asimismo, precisan que el Estado tampoco puede reservarse competencias discrecionales para la adjudicación de la capacidad de infraestructura, ya que esas competencias deben encomendarse al administrador independiente de la red.
El dictamen del abogado general no es vinculante, pero en la mayoría de ocasiones anticipa el sentido de la decisión final de la Corte.
Si el Tribunal de Justicia considera que España ha incumplido las normas, puede decretar que el país cumpla con lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible.
En caso de incumplimiento del fallo, la CE puede pedir una multa económica al país.
Las conclusiones presentadas hoy por el letrado proponen, asimismo, que el Tribunal condene a Portugal y Hungría por haber incumplido las obligaciones derivadas del Derecho europeo en materia de transporte ferroviario.
Por otra parte, plantea que se desestimen los recursos que la Comisión presentó contra Alemania y Austria sobre la aplicación de esas normas.
El objetivo de esas normas es 'garantizar a las empresas de dicho sector un acceso equitativo y no discriminatorio a la red ferroviaria', explica un comunicado del Tribunal de Justicia de la UE.
Sobre España, el abogado indica que incumplió la normativa al reservar al Estado el derecho a determinar el canon que debe pagarse por el uso de la red ferroviaria.
Aunque los Estados miembros son competentes para definir el marco normativo de la tarifación, 'deben encomendar al administrador de infraestructuras la función de determinar el canon', recuerda el letrado.
Por otra parte, considera que las medidas adoptadas por España para crear un sistema de mejora del funcionamiento, destinado a reducir las perturbaciones y aumentar la eficacia de la explotación de la red, 'no constituyen un sistema coherente y transparente, sino meras medidas específicas e independientes unas de otras'.
Por último, opina que España ha dado un trato discriminatorio a los nuevos operadores en el mercado, que 'se ven desfavorecidos con respecto al operador histórico, que se beneficia de un acceso preferencial a la infraestructura'.
Las conclusiones subrayan que el Estado español no celebró ningún acuerdo que justifique un acceso preferencial a las empresas ferroviarias.
Asimismo, precisan que el Estado tampoco puede reservarse competencias discrecionales para la adjudicación de la capacidad de infraestructura, ya que esas competencias deben encomendarse al administrador independiente de la red.
El dictamen del abogado general no es vinculante, pero en la mayoría de ocasiones anticipa el sentido de la decisión final de la Corte.
Si el Tribunal de Justicia considera que España ha incumplido las normas, puede decretar que el país cumpla con lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible.
En caso de incumplimiento del fallo, la CE puede pedir una multa económica al país.
Las conclusiones presentadas hoy por el letrado proponen, asimismo, que el Tribunal condene a Portugal y Hungría por haber incumplido las obligaciones derivadas del Derecho europeo en materia de transporte ferroviario.
Por otra parte, plantea que se desestimen los recursos que la Comisión presentó contra Alemania y Austria sobre la aplicación de esas normas.
