El Ayuntamiento de Pioz necesitaría un total de 7.058 años para pagar a los proveedores, por lo que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha solicitado al Gobierno central que se haga 'algo especial' para que esta localidad pueda saldar su deuda.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, denunció que un ayuntamiento de la provincia de Guadalajara acogido al plan de pago a proveedores necesitaría 7.058 años para saldar su deuda y otro de Teruel, 462 años. Por ello, el secretario abogó por cambiar a fondo el sector local. 'Ante un fallo del sistema, lo que tenemos que cambiar es el sistema', decía.
Beteta, que no reveló el nombre de los municipios a los que aludió, puso sobre la mesa dos problemas, 'la irresponsabilidad del gestor local y la irresponsabilidad de quien debió velar por que estos hechos no llegaran a producirse. Y no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que esto pase'.
En este contexto, el secretario de Administraciones Públicas recordó que la futura Ley de Transparencia incluirá sanciones para los gestores que no hagan bien su trabajo y permitan gastos sin contrapartidas de ingresos.
Tras estas declaraciones, la alcaldesa de Pioz (Guadalajara), Amelia Rodríguez, del Partido Popular, señaló a Europa Press que este municipio de unos 3.000 habitantes 'tiene todas las papeletas, por desgracia' para ser la localidad a la que se refería este jueves el secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Rodríguez, aunque dijo no haber oído a Beteta, sí confirmó que Pioz está actualmente en una situación 'muy complicada' porque acumulan una deuda 'muy importante' que dejaron los socialistas de hasta 16 millones de euros que se encontró cuando llegó a la Alcaldía el pasado año.
La primera edil indicó que el Consistorio no tiene ingresos, salvo los que aportan los vecinos con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la aportación que reciben del Estado. Por ello confía en que con el plan de proveedores del Gobierno central puedan 'salir adelante'.
Amelia Rodríguez precisó que desde el Ayuntamiento han presentado todos los datos al Ministerio y están 'a la espera' de ver qué posibles soluciones existen a la situación del Consistorio.
Sin embargo, el exalcalde socialista de Pioz Emilio Rincón manifestó que la deuda del Consistorio al final de la pasada legislatura, cuando dejó el Gobierno, era de 8,5 millones de euros, cinco de ellos correspondientes a la construcción de una depuradora en el municipio y 3,5 de facturas pendientes.
En declaraciones a Europa Press, Rincón explicó que los cinco millones de la depuradora tenían que haber sido abonados por el Gobierno de José María Barreda, pero el Gobierno socialista no llegó a pagar dicha deuda porque terminó la legislatura.
Por el momento, el Gobierno de Mariano Rajoy prepara ayudas para animar a la fusión o integración de entidades locales, que son voluntarias y deben llevarse adelante con el acuerdo de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, Beteta ha precisó que las reformas legales acabarán por empujar esa voluntariedad, porque será necesario cumplir unos criterios de eficiencia que, sin fusiones, no se alcanzarán. 'No va a quedar otra', decía.
LA FEMP SOLICITA UNA 'MAYOR FLEXIBILIDAD'
Ante la posible situación de Pioz, el presidente de la FEMP y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, señaló este jueves que es una 'auténtica barbaridad' que un ayuntamiento genere tal deuda con los proveedores, por lo que ha apostado por hacer 'algo especial' para que pueda hacer frente a los pagos.
De este modo se pronunció el presidente de la FEMP, a preguntas de los medios, durante una rueda, para pedir al Gobierno central una 'mayor flexibilidad' a la hora de analizar los planes de ajuste realizados para el acceso a las herramientas de financiación estatal para el pago a proveedores.
Zoido dejó claro que, en general, las corporaciones locales habían hecho 'los deberes' frente a otras administraciones si se tiene en cuenta que de los 735.000 millones que representa la deuda pública española, 35.420 millones son de éstas. Así, insistió en que los municipios 'tienen problemas, pero no son el principal problema, ni los principales responsables de la deuda pública de España'.
Asimismo, el presidente de la FEMP apuntó a la necesidad de usar 'distintos criterios' para analizarlos, teniendo en cuenta si son pequeños municipios sin capacidad técnica para presentar estos planes, con deudas muy superiores a lo que es posible financiar en esos años o que no han podido ser aprobados por mayoría absoluta en sus ayuntamientos.
Durante su discurso, Zoido señaló las 'dificultades de muchos' para realizar y aprobar los planes de ajuste y alerta de diferentes causas para que 2.000 ayuntamientos no hayan podido presentarlos. Por lo que, el presidente de la federación apostó por crear una comisión o grupo de trabajo bilateral, entre la FEMP y el Ministerio, para evaluar las causas y establecer, en su caso, 'alguna solución' para estas entidades locales.
2.004 AYUNTAMIENTOS NO HAN PRESENTADO SUS PLANES DE AJUSTE
Antonio Beteta repasó algunas cifras del plan de pago a proveedores para los ayuntamientos. En total, 4.623 se han sumado al plan, pero de ellas, solo 2.619 han enviado el plan de ajuste paralelo que se les exige y en el que recogen cómo van a devolver ese dinero. 'Desgraciadamente, el sector local no ha respondido como nos hubiera gustado', afirmaba.
Para el secretario de Estado 'lo grave' es que 2.004 municipios no hayan presentado planes de ajuste en los plazos establecidos, una situación de incumplimiento que no es nueva. De las entidades que sí han enviado ese plan, 2.305 de ellas han obtenido de Hacienda una valoración positiva y 315, negativa. Y entre estos, están los ejemplos citados de ayuntamientos, que necesitarían cientos y miles de años para saldar sus deudas.
Además, Beteta añadió un tercer ejemplo, un 'importante' ayuntamiento de la Comunidad de Madrid que podría tardar más de 22 años en devolver el dinero que se le va a dejar para pagar a los proveedores. '¿Es posible mantener una circunstancia de esta naturaleza?', se preguntaba.
AYUNTAMIENTOS DE 20.000 HABITANTES
Por otro lado, el secretario de Estado rechazó que se fije por ley qué número de vecinos hace que un ayuntamiento o entidad local pueda pervivir y defendió sin embargo que existan las que cumplan esos criterios señalados. Pese a todo, consideró que los 20.000 habitantes suman una 'masa crítica' suficiente para prestar servicios con eficiencia.
En esta reflexión sobre el futuro municipal, Antonio Beteta pidió que se distinga municipio de ayuntamiento y explicó que podrá haber 'entes representativos, pero no prestadores de servicios'. Ahí entra el papel de las diputaciones, que se verán fortalecidas como entidades encargadas de esos servicios.
Lo cierto es, que Beteta descartó que se mantengan otras estructuras locales , en concreto, se refirió a las mancomunidades, que deben desaparecer salvo casos excepcionales.
En este contexto, la FEMP consideró que es importante 'establecer y remarcar la necesidad de tratamiento diferenciado según el tamaño poblacional y situación financiera'. La federación recordó las 'dificultades' de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes 'no ya para hacer el presupuesto, sino para realizar la liquidación, lo que ha llevado a retenciones por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la participación en los tributos del Estado', aunque 'afortunadamente hoy son sólo 190 municipios los que ven retenida la PIE por esto'.
Beteta, que no reveló el nombre de los municipios a los que aludió, puso sobre la mesa dos problemas, 'la irresponsabilidad del gestor local y la irresponsabilidad de quien debió velar por que estos hechos no llegaran a producirse. Y no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que esto pase'.
En este contexto, el secretario de Administraciones Públicas recordó que la futura Ley de Transparencia incluirá sanciones para los gestores que no hagan bien su trabajo y permitan gastos sin contrapartidas de ingresos.
Tras estas declaraciones, la alcaldesa de Pioz (Guadalajara), Amelia Rodríguez, del Partido Popular, señaló a Europa Press que este municipio de unos 3.000 habitantes 'tiene todas las papeletas, por desgracia' para ser la localidad a la que se refería este jueves el secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Rodríguez, aunque dijo no haber oído a Beteta, sí confirmó que Pioz está actualmente en una situación 'muy complicada' porque acumulan una deuda 'muy importante' que dejaron los socialistas de hasta 16 millones de euros que se encontró cuando llegó a la Alcaldía el pasado año.
La primera edil indicó que el Consistorio no tiene ingresos, salvo los que aportan los vecinos con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la aportación que reciben del Estado. Por ello confía en que con el plan de proveedores del Gobierno central puedan 'salir adelante'.
Amelia Rodríguez precisó que desde el Ayuntamiento han presentado todos los datos al Ministerio y están 'a la espera' de ver qué posibles soluciones existen a la situación del Consistorio.
Sin embargo, el exalcalde socialista de Pioz Emilio Rincón manifestó que la deuda del Consistorio al final de la pasada legislatura, cuando dejó el Gobierno, era de 8,5 millones de euros, cinco de ellos correspondientes a la construcción de una depuradora en el municipio y 3,5 de facturas pendientes.
En declaraciones a Europa Press, Rincón explicó que los cinco millones de la depuradora tenían que haber sido abonados por el Gobierno de José María Barreda, pero el Gobierno socialista no llegó a pagar dicha deuda porque terminó la legislatura.
Por el momento, el Gobierno de Mariano Rajoy prepara ayudas para animar a la fusión o integración de entidades locales, que son voluntarias y deben llevarse adelante con el acuerdo de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, Beteta ha precisó que las reformas legales acabarán por empujar esa voluntariedad, porque será necesario cumplir unos criterios de eficiencia que, sin fusiones, no se alcanzarán. 'No va a quedar otra', decía.
LA FEMP SOLICITA UNA 'MAYOR FLEXIBILIDAD'
Ante la posible situación de Pioz, el presidente de la FEMP y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, señaló este jueves que es una 'auténtica barbaridad' que un ayuntamiento genere tal deuda con los proveedores, por lo que ha apostado por hacer 'algo especial' para que pueda hacer frente a los pagos.
De este modo se pronunció el presidente de la FEMP, a preguntas de los medios, durante una rueda, para pedir al Gobierno central una 'mayor flexibilidad' a la hora de analizar los planes de ajuste realizados para el acceso a las herramientas de financiación estatal para el pago a proveedores.
Zoido dejó claro que, en general, las corporaciones locales habían hecho 'los deberes' frente a otras administraciones si se tiene en cuenta que de los 735.000 millones que representa la deuda pública española, 35.420 millones son de éstas. Así, insistió en que los municipios 'tienen problemas, pero no son el principal problema, ni los principales responsables de la deuda pública de España'.
Asimismo, el presidente de la FEMP apuntó a la necesidad de usar 'distintos criterios' para analizarlos, teniendo en cuenta si son pequeños municipios sin capacidad técnica para presentar estos planes, con deudas muy superiores a lo que es posible financiar en esos años o que no han podido ser aprobados por mayoría absoluta en sus ayuntamientos.
Durante su discurso, Zoido señaló las 'dificultades de muchos' para realizar y aprobar los planes de ajuste y alerta de diferentes causas para que 2.000 ayuntamientos no hayan podido presentarlos. Por lo que, el presidente de la federación apostó por crear una comisión o grupo de trabajo bilateral, entre la FEMP y el Ministerio, para evaluar las causas y establecer, en su caso, 'alguna solución' para estas entidades locales.
2.004 AYUNTAMIENTOS NO HAN PRESENTADO SUS PLANES DE AJUSTE
Antonio Beteta repasó algunas cifras del plan de pago a proveedores para los ayuntamientos. En total, 4.623 se han sumado al plan, pero de ellas, solo 2.619 han enviado el plan de ajuste paralelo que se les exige y en el que recogen cómo van a devolver ese dinero. 'Desgraciadamente, el sector local no ha respondido como nos hubiera gustado', afirmaba.
Para el secretario de Estado 'lo grave' es que 2.004 municipios no hayan presentado planes de ajuste en los plazos establecidos, una situación de incumplimiento que no es nueva. De las entidades que sí han enviado ese plan, 2.305 de ellas han obtenido de Hacienda una valoración positiva y 315, negativa. Y entre estos, están los ejemplos citados de ayuntamientos, que necesitarían cientos y miles de años para saldar sus deudas.
Además, Beteta añadió un tercer ejemplo, un 'importante' ayuntamiento de la Comunidad de Madrid que podría tardar más de 22 años en devolver el dinero que se le va a dejar para pagar a los proveedores. '¿Es posible mantener una circunstancia de esta naturaleza?', se preguntaba.
AYUNTAMIENTOS DE 20.000 HABITANTES
Por otro lado, el secretario de Estado rechazó que se fije por ley qué número de vecinos hace que un ayuntamiento o entidad local pueda pervivir y defendió sin embargo que existan las que cumplan esos criterios señalados. Pese a todo, consideró que los 20.000 habitantes suman una 'masa crítica' suficiente para prestar servicios con eficiencia.
En esta reflexión sobre el futuro municipal, Antonio Beteta pidió que se distinga municipio de ayuntamiento y explicó que podrá haber 'entes representativos, pero no prestadores de servicios'. Ahí entra el papel de las diputaciones, que se verán fortalecidas como entidades encargadas de esos servicios.
Lo cierto es, que Beteta descartó que se mantengan otras estructuras locales , en concreto, se refirió a las mancomunidades, que deben desaparecer salvo casos excepcionales.
En este contexto, la FEMP consideró que es importante 'establecer y remarcar la necesidad de tratamiento diferenciado según el tamaño poblacional y situación financiera'. La federación recordó las 'dificultades' de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes 'no ya para hacer el presupuesto, sino para realizar la liquidación, lo que ha llevado a retenciones por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la participación en los tributos del Estado', aunque 'afortunadamente hoy son sólo 190 municipios los que ven retenida la PIE por esto'.
