El Banco de España apoya una subasta pública de NCG Banco, pero se abstiene a la hora de valorar la entrada de inversores privados que es el objetivo de la entidad gallega. El supervisor duda del encaje legal que tendría la llegada de inversión privada a una entidad controlada por el FROB (ente público, que tiene un 90,6 por ciento de las acciones), indicó NCG en un comunicado.
No es posible pronunciarse sobre la estrategia alternativa al introducir elementos cuyo encaje normativo no es evidente en el momento actual y estar condicionada a la aprobación previa de las autoridades españolas y comunitarias y sujeta a los acuerdos que adopte el FROB, recoge la carta que el Banco de España remitió al banco.
El organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez no tiene dudas sobre la otra opción que baraja la entidad, la subasta pública. Sí aprueba la venta de la participación del FROB en un proceso competitivo de subasta, dice. En base a la respuesta recibida, los gestores de NCG Banco han decidido aportar toda la documentación que precisen las autoridades españolas y europeas, tanto en su encaje legal como en la solución técnica de costes de la operación. El objetivo es que el FROB disponga de todos los elementos de juicio necesarios para escoger la mejor opción de privatización de la entidad financiera en términos económicos y estratégicos.
El plan de capital sobre el que no se pronuncia consiste en la compra de obligaciones obligatoriamente convertibles en acciones con derechos políticos superiores al 20 por ciento del capital e inferiores al 50 por ciento. El plan de la entidad permite la entrada de capital privado con un coste para el Estado y para los contribuyentes muy inferior al de otras alternativas.
El organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez no tiene dudas sobre la otra opción que baraja la entidad, la subasta pública. Sí aprueba la venta de la participación del FROB en un proceso competitivo de subasta, dice. En base a la respuesta recibida, los gestores de NCG Banco han decidido aportar toda la documentación que precisen las autoridades españolas y europeas, tanto en su encaje legal como en la solución técnica de costes de la operación. El objetivo es que el FROB disponga de todos los elementos de juicio necesarios para escoger la mejor opción de privatización de la entidad financiera en términos económicos y estratégicos.
El plan de capital sobre el que no se pronuncia consiste en la compra de obligaciones obligatoriamente convertibles en acciones con derechos políticos superiores al 20 por ciento del capital e inferiores al 50 por ciento. El plan de la entidad permite la entrada de capital privado con un coste para el Estado y para los contribuyentes muy inferior al de otras alternativas.
