Los inspectores del Banco de España destinados en Novacaixagalicia (NCG) afirmaron ayer que los exdirectivos que cobraron las indemnizaciones millonarias mostraron reticencias a darles una copia de los contratos que mejoraban sus condiciones que, de hecho, no se la entregaron hasta mayo de 2011, pese a que fueron firmados entre octubre y diciembre de 2010.
Los inspectores Miguel Segui y Pedro González, que declararon ayer como testigos en la Audiencia Nacional por el caso de las indemnizaciones millonarias de cuatro exdirectivos de NCG, aseguraron que el ex director general, José Luis Pego, les mostró los contratos en febrero de 2011, por lo que sólo pudieron tomar notas, según fuentes jurídicas.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que esos contratos permitieron a José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes aumentar indebidamente 7,87 millones las indemnizaciones que les correspondían, hasta un total de 18,9 millones de euros. Preguntados sobre si la actitud de los exdirectivos había sido 'obstruccionista', los inspectores del Banco de España afirmaron al respecto que su comportamiento mostraba más una renuencia.
Después de que los inspectores recibieran una copia de los documentos, en mayo de 2011, el supervisor financiero procedió a solicitar a la entidad financiera que realizara una dotación para cubrir el supuesto de desestimiento de los altos directivos.
INCREMENTO DE LAS CANTIDADES
La Fiscalía Anticorrupción recuerda en su escrito de acusación que el consejo de administración celebrado el 15 de agosto de 2011 acordó dotar la provisión, cuya cuantía no se concretó.
En cualquier caso, según las fuentes jurídicas consultadas, los inspectores que declararon ayer ante el juez Ismael Moreno reconocieron que las modificaciones de los contratos suponían un incremento de las cantidades a percibir por los exdirectivos aunque negaron que esos importes comprometieran la solvencia de la entidad financiera, que finalmente fue intervenida en septiembre de 2011.
Para todos los exdirectivos, el juez Ismael Moreno ha impuesto una fianza, que en el caso de Javier García de Paredes corresponde a 7,02 millones mientras que el ex director general de Caixanova, José Luis Pego, deberá abonar 1,92 millones. Los exdirectivos Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada deberán aportar una fianza de 1,21 millones y 347.920,92 euros, respectivamente, de la que responderá solidariamente en todos los casos el excopresidente de NCG, Julio Fernández Gayoso, que supuestamente fue el cooperador necesario.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que esos contratos permitieron a José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes aumentar indebidamente 7,87 millones las indemnizaciones que les correspondían, hasta un total de 18,9 millones de euros. Preguntados sobre si la actitud de los exdirectivos había sido 'obstruccionista', los inspectores del Banco de España afirmaron al respecto que su comportamiento mostraba más una renuencia.
Después de que los inspectores recibieran una copia de los documentos, en mayo de 2011, el supervisor financiero procedió a solicitar a la entidad financiera que realizara una dotación para cubrir el supuesto de desestimiento de los altos directivos.
INCREMENTO DE LAS CANTIDADES
La Fiscalía Anticorrupción recuerda en su escrito de acusación que el consejo de administración celebrado el 15 de agosto de 2011 acordó dotar la provisión, cuya cuantía no se concretó.
En cualquier caso, según las fuentes jurídicas consultadas, los inspectores que declararon ayer ante el juez Ismael Moreno reconocieron que las modificaciones de los contratos suponían un incremento de las cantidades a percibir por los exdirectivos aunque negaron que esos importes comprometieran la solvencia de la entidad financiera, que finalmente fue intervenida en septiembre de 2011.
Para todos los exdirectivos, el juez Ismael Moreno ha impuesto una fianza, que en el caso de Javier García de Paredes corresponde a 7,02 millones mientras que el ex director general de Caixanova, José Luis Pego, deberá abonar 1,92 millones. Los exdirectivos Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada deberán aportar una fianza de 1,21 millones y 347.920,92 euros, respectivamente, de la que responderá solidariamente en todos los casos el excopresidente de NCG, Julio Fernández Gayoso, que supuestamente fue el cooperador necesario.
