No hubo sorpresas y la Comisión Europea asestó ayer un duro golpe al sector naval al pedir a España que recupere las ayudas, que considera 'ilegales', concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre los años 2007 y 2011. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
'Como lo prevén nuestras normas, cuando se han atribuido ayudas de Estado que violan las reglas europeas, los beneficiaros de esas ayudas tienen que devolverlas al Estado miembro, es decir, en este caso a la Hacienda española', dijo el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.
La decisión final se adoptó después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, según fuentes comunitarias. Tajani fue el principal aliado del Gobierno español en este expediente y reclamó hasta el último momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.
La presión suavizó la propuesta inicial de Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde 2005. El vicepresidente atribuyó los sucesivos cambios en las últimas semanas a los 'argumentos jurídicos' aportados hasta los 'últimos momentos' tanto por los servicios de la Comisión como por España.
En todo caso, la decisión final queda lejos de las aspiraciones del Gobierno, comunidades afectadas y sector naval y pone en riesgo 87.000 puestos de trabajo.
Almunia se negó a desvelar la cifra total de ayudas que deben reembolsarse. 'Nunca he anticipado ninguna cifra ni pienso hacerlo porque sólo corresponde evaluar quiénes son los obligados a devolver entre los inversores, cómo se va a producir la devolución y cuánto debe devolver cada uno a la Hacienda pública española', explicó.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo la semana pasada que las subvenciones a recuperar superarían los 2.000 millones de euros, mientras que el sector aumentaba la cantidad a 2.800 millones, aunque en aquel momento todavía se hablaba de 2005. 'Creo que no tiene mucho que ver con lo que vaya a ser el montante total de la recuperación, pero son las autoridades españolas las que tienen que responder a esa pregunta', dijo Almunia al ser preguntado por estas cifras.
Eso sí, en virtud de la decisión de Bruselas, los beneficiarios de la bonificaciones 'no pueden trasladar su obligación de devolución a terceros, por ejemplo a los astilleros, ni siquiera en aplicación de contratos privados existentes'.
Almunia explicó que parte de las ayudas 'se pueden considerar compatibles porque contribuían a los objetivos de las directrices sobre ayudas de Estado al sector marítimo a través de las ventajas concedidas vía precio a las ventajas navieras'.
Además, admite que 'durante un determinado periodo existió incertidumbre jurídica sobre la compatibilidad o no del sistema del 'tax lease' con las reglas de las ayudas de Estado'. Por ello, Bruselas perdona la devolución de las bonificaciones concedidas entre 2002 y 2007. 'Esta incertidumbre se disipó definitivamente con la publicación en abril de 2007 de la decisión de la Comisión que concluía que el sistema francés, muy parecido al 'tax lease' español, era parcialmente incompatible', alegó el vicepresidente.
A su juicio, el problema viene de que España nunca notificó su régimen a Bruselas y por ello el Ejecutivo comunitario no actuó antes.
Frente a la denuncia de los astilleros de que con esta decisión no volverán a encontrar inversores, el comisario de Competencia resaltó que desde noviembre de 2012 existe un nuevo sistema de ayudas fiscales con total seguridad jurídica que ha sido avalado por Bruselas.
La decisión final se adoptó después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, según fuentes comunitarias. Tajani fue el principal aliado del Gobierno español en este expediente y reclamó hasta el último momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.
La presión suavizó la propuesta inicial de Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde 2005. El vicepresidente atribuyó los sucesivos cambios en las últimas semanas a los 'argumentos jurídicos' aportados hasta los 'últimos momentos' tanto por los servicios de la Comisión como por España.
En todo caso, la decisión final queda lejos de las aspiraciones del Gobierno, comunidades afectadas y sector naval y pone en riesgo 87.000 puestos de trabajo.
Almunia se negó a desvelar la cifra total de ayudas que deben reembolsarse. 'Nunca he anticipado ninguna cifra ni pienso hacerlo porque sólo corresponde evaluar quiénes son los obligados a devolver entre los inversores, cómo se va a producir la devolución y cuánto debe devolver cada uno a la Hacienda pública española', explicó.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo la semana pasada que las subvenciones a recuperar superarían los 2.000 millones de euros, mientras que el sector aumentaba la cantidad a 2.800 millones, aunque en aquel momento todavía se hablaba de 2005. 'Creo que no tiene mucho que ver con lo que vaya a ser el montante total de la recuperación, pero son las autoridades españolas las que tienen que responder a esa pregunta', dijo Almunia al ser preguntado por estas cifras.
Eso sí, en virtud de la decisión de Bruselas, los beneficiarios de la bonificaciones 'no pueden trasladar su obligación de devolución a terceros, por ejemplo a los astilleros, ni siquiera en aplicación de contratos privados existentes'.
Almunia explicó que parte de las ayudas 'se pueden considerar compatibles porque contribuían a los objetivos de las directrices sobre ayudas de Estado al sector marítimo a través de las ventajas concedidas vía precio a las ventajas navieras'.
Además, admite que 'durante un determinado periodo existió incertidumbre jurídica sobre la compatibilidad o no del sistema del 'tax lease' con las reglas de las ayudas de Estado'. Por ello, Bruselas perdona la devolución de las bonificaciones concedidas entre 2002 y 2007. 'Esta incertidumbre se disipó definitivamente con la publicación en abril de 2007 de la decisión de la Comisión que concluía que el sistema francés, muy parecido al 'tax lease' español, era parcialmente incompatible', alegó el vicepresidente.
A su juicio, el problema viene de que España nunca notificó su régimen a Bruselas y por ello el Ejecutivo comunitario no actuó antes.
Frente a la denuncia de los astilleros de que con esta decisión no volverán a encontrar inversores, el comisario de Competencia resaltó que desde noviembre de 2012 existe un nuevo sistema de ayudas fiscales con total seguridad jurídica que ha sido avalado por Bruselas.
