El Gobierno ha aprobado la modificación el Plan de Vivienda 2005-2008 (PEV), que tendrá un coste aproximado de 75 millones de euros y que pretende mejorar el acceso de las rentas bajas y medias a la vivienda y reactivar el sector de la construcción a través de incentivos para la promoción de la protegida (VPO). Según el Ministerio de Vivienda, estos esfuerzos facilitarán el acceso a la vivienda de 250.000 familias, que se sumarán a las 620.000 que se han beneficiado de ayudas desde el inicio de la legislatura.
Aumentar el número de familias de rentas medias y bajas que se benefician de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, fomentar el alquiler y la rehabilitación y contribuir al mismo tiempo a mantener el vigor en el sector de la construcción ante la nueva fase de desaceleración. Estos son los objetivos de las modificaciones aprobadas en el Consejo de Ministros al Plan de Vivienda, que tendrán un coste de 75 millones de euros.
Entre las principales medidas, se flexibilizan las condiciones para que las familias con rentas medidas puedan acceder a viviendas protegidas a precio concertado y se introduce la figura del alquiler con derecho a compra. El Gobierno calcula que las modificaciones beneficiarán a 250.000 familias, que se suman a las 620.000 que lo han hecho desde el comienzo de la legislatura, con lo que se cumplirá con creces el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda de 720.000 familias en la legislatura, afirmó la ministra Carme Chacón.
Alquiler
Para incrementar la oferta de alquiler se flexibilizan las condiciones que hasta ahora debían cumplir los propietarios para recibir la ayuda de 6.000 euros por poner su casa en el mercado. Así, se eliminan los requisitos de superficie máxima y se eleva el importe que pueden percibir por el alquiler. La renta máxima que podrán percibir será equivalente a la del precio de la VPO nueva de renta concertada durante diez años, que varía en función de las comunidades autónomas. Además, se amplía esta ayuda directa de 6.000 euros a los promotores que alquilen las viviendas de nueva construcción que lleven más de un año puestas en venta.
Por lo que respecta a las ayudas a los inquilinos con menos recursos -diferentes de la renta de emanciación para jóvenes en vigor desde el 2 de enero-, se mantiene la subvención de 240 euros mensuales para las familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale aproximadamente a 1.273 euros al mes.
Entre las medidas, se incluye además la mejora de la financiación de las promociones de viviendas de nueva construcción en alquiler y una mayor capacidad de financiación a los promotores a través de préstamos subvencionados.
Otra de sus novedades es la figura del alquiler protegido con opción a compra, que ya existe en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla la Mancha. En este caso, los inquilinos podrán ejercer la opción de compra transcurridos diez años desde la construcción de la vivienda y tendrán preferencia los inquilinos que hayan permanecido, al menos, cinco años en régimen de arrendamiento en esas viviendas.
Además, para fomentar la compra de viviendas usadas, se incrementan los precios máximos de viviendas libres cuya compra está subvencionada (con entre 4.000 y 12.000 euros para la entrada) y se reduce de dos a un año el plazo para que las promotoras puedan recalificar una vivienda libre nueva como usada.
Entre las principales medidas, se flexibilizan las condiciones para que las familias con rentas medidas puedan acceder a viviendas protegidas a precio concertado y se introduce la figura del alquiler con derecho a compra. El Gobierno calcula que las modificaciones beneficiarán a 250.000 familias, que se suman a las 620.000 que lo han hecho desde el comienzo de la legislatura, con lo que se cumplirá con creces el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda de 720.000 familias en la legislatura, afirmó la ministra Carme Chacón.
Alquiler
Para incrementar la oferta de alquiler se flexibilizan las condiciones que hasta ahora debían cumplir los propietarios para recibir la ayuda de 6.000 euros por poner su casa en el mercado. Así, se eliminan los requisitos de superficie máxima y se eleva el importe que pueden percibir por el alquiler. La renta máxima que podrán percibir será equivalente a la del precio de la VPO nueva de renta concertada durante diez años, que varía en función de las comunidades autónomas. Además, se amplía esta ayuda directa de 6.000 euros a los promotores que alquilen las viviendas de nueva construcción que lleven más de un año puestas en venta.
Por lo que respecta a las ayudas a los inquilinos con menos recursos -diferentes de la renta de emanciación para jóvenes en vigor desde el 2 de enero-, se mantiene la subvención de 240 euros mensuales para las familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale aproximadamente a 1.273 euros al mes.
Entre las medidas, se incluye además la mejora de la financiación de las promociones de viviendas de nueva construcción en alquiler y una mayor capacidad de financiación a los promotores a través de préstamos subvencionados.
Otra de sus novedades es la figura del alquiler protegido con opción a compra, que ya existe en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla la Mancha. En este caso, los inquilinos podrán ejercer la opción de compra transcurridos diez años desde la construcción de la vivienda y tendrán preferencia los inquilinos que hayan permanecido, al menos, cinco años en régimen de arrendamiento en esas viviendas.
Además, para fomentar la compra de viviendas usadas, se incrementan los precios máximos de viviendas libres cuya compra está subvencionada (con entre 4.000 y 12.000 euros para la entrada) y se reduce de dos a un año el plazo para que las promotoras puedan recalificar una vivienda libre nueva como usada.
