El presidente de NCG Banco, José María Castellano, reveló ayer que el exdirector del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, le propuso liquidar su contrato y cobrar su indemnización, sin detallarla, y pese a ello continuar en la entidad con las responsabilidades que venía ostentando.
Castellano hizo esta revelación en su declaración ayer como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por el caso de las indemnizaciones millonarias de cuatro exdirectivos. En su intervención aseguró que poco antes de acceder a la presidencia comunicó sólo al entonces director general, José Luis Pego, que no contaba con él, ya que los inversores institucionales interesados en la entidad deseaban cambios en la dirección, por la mala situación del banco. En cambio, fueron Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes los que le comunicaron su deseo de abandonar el grupo en un momento u otro del verano de 2011, sin que él supiera en ningún caso los finiquitos millonarios a los que tenían derecho, según fuentes jurídicas.
El presidente de NCG Banco consideró durante su declaración que, aunque un informe de Sagardoy Abogados avaló que la entidad debía pagarles 18,91 millones de euros, esas cantidades no son 'éticas' ni 'razonables' teniendo en cuenta la situación de la entidad, que fue nacionalizada en septiembre de 2011.
CAMBIO DE CONTRATOS
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, aprovechando la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes modificaron sus contratos de alta dirección entre octubre y diciembre de 2010 para preparar su salida, con la que cobraron 18,91 millones de euros, de los que deben devolver 7,87 millones.
García de Paredes percibió 5,66 millones, de los que según Anticorrupción debe devolver la práctica totalidad, mientras que Pego cobró 7,73 millones y debe reintegrar 1,44 millones; Gregorio Gorriarán se embolsó 4,83 millones y tiene que pagar 913.602 euros, y Óscar Rodríguez Estrada obtuvo 691.261 euros, de los que no le corresponden 260.940 euros.
Los cuatro fueron imputados por administración desleal o, alternativamente, por apropiación indebida, a raíz de la querella que presentó Anticorrupción contra ellos y contra el excopresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, en calidad de cooperador necesario.
Precisamente en su declaración ante el juez el mes pasado, Fernández Gayoso, principal responsable por su gestión de la gravísima situación económica de la entidad bancaria gallega, trató de exculparse de su responsabilidad sobre las prejubilaciones millonarias. Gayoso, que aseguró en su momento que no tenía responsabilidad ejecutiva en el grupo gallego, fue, según el informe de la Fiscalía, responsable de pactar las indemnizaciones con el agravante de no haberlas comunicado en su momento ni al Consejo de Administración ni al Banco de España.
El presidente de NCG Banco consideró durante su declaración que, aunque un informe de Sagardoy Abogados avaló que la entidad debía pagarles 18,91 millones de euros, esas cantidades no son 'éticas' ni 'razonables' teniendo en cuenta la situación de la entidad, que fue nacionalizada en septiembre de 2011.
CAMBIO DE CONTRATOS
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, aprovechando la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes modificaron sus contratos de alta dirección entre octubre y diciembre de 2010 para preparar su salida, con la que cobraron 18,91 millones de euros, de los que deben devolver 7,87 millones.
García de Paredes percibió 5,66 millones, de los que según Anticorrupción debe devolver la práctica totalidad, mientras que Pego cobró 7,73 millones y debe reintegrar 1,44 millones; Gregorio Gorriarán se embolsó 4,83 millones y tiene que pagar 913.602 euros, y Óscar Rodríguez Estrada obtuvo 691.261 euros, de los que no le corresponden 260.940 euros.
Los cuatro fueron imputados por administración desleal o, alternativamente, por apropiación indebida, a raíz de la querella que presentó Anticorrupción contra ellos y contra el excopresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, en calidad de cooperador necesario.
Precisamente en su declaración ante el juez el mes pasado, Fernández Gayoso, principal responsable por su gestión de la gravísima situación económica de la entidad bancaria gallega, trató de exculparse de su responsabilidad sobre las prejubilaciones millonarias. Gayoso, que aseguró en su momento que no tenía responsabilidad ejecutiva en el grupo gallego, fue, según el informe de la Fiscalía, responsable de pactar las indemnizaciones con el agravante de no haberlas comunicado en su momento ni al Consejo de Administración ni al Banco de España.
