La Comisión Europea (CE) ha dado hoy un último aviso a España y a otros quince Estados miembros para que incorporen plenamente a su legislación nacional las nuevas normas de la UE en materia de telecomunicaciones, transcurridos seis meses desde la fecha límite para hacerlo.
Bruselas ha enviado a España, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, los Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía un dictamen motivado, que es el último paso en un procedimiento de infracción antes de denunciar a un país ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión explicó en un comunicado que la aplicación parcial de las normas de la UE sobre telecomunicaciones 'limita los derechos de los consumidores en esos dieciséis Estados miembros'.
Recordó que las nuevas normas conceden a los clientes de la UE nuevos derechos en lo relativo a la telefonía fija, los servicios de telefonía móvil y el acceso a Internet.
Entre otros, garantizan el derecho a cambiar de operador de telecomunicaciones en un solo día conservando el número de teléfono, o el derecho a la explicación sobre las prácticas de gestión del tráfico de datos de los proveedores de servicios de Internet.
La nueva legislación también prevé una mejor protección de la vida privada y los datos personales en línea.
Los países que no apliquen íntegramente las nuevas normas jurídicas se arriesgan a recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE y a posibles sanciones financieras, apuntó la CE.
En concreto, las nuevas normas consisten en la directiva sobre legislar mejor y la directiva sobre los derechos de los ciudadanos, que modifican juntas cinco directivas de la UE distintas vigentes (directiva marco, directiva acceso, directiva autorización, directiva servicio universal y directiva sobre la privacidad en las comunicaciones electrónicas).
La Comisión indicó que, si bien los procedimientos legislativos están en curso en todos los países y la mayoría de ellos le ha notificado varias disposiciones de aplicación, sólo siete países (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Malta, el Reino Unido y Suecia) se ajustaron al plazo del 25 de mayo de 2011 para su plena aplicación.
