El juez Steven Rhodes comienza hoy a escuchar las razones de acreedores y administradores de la ciudad de Detroit para determinar si la ciudad puede acogerse a la mayor suspensión de pagos de una ciudad en la historia estadounidense.
Se espera que el desfile de testigos a favor y en contra de la bancarrota se prolongue durante cinco días, para que finalmente la Justicia determine si Detroit, con unos 18.000 millones de dólares en deuda a largo plazo, cumple los criterios para acogerse al capítulo 9 de la ley de bancarrota.
La ciudad debe demostrar que es insolvente y que ha negociado de buena fe con sus acreedores, frente a la oposición de sindicatos de trabajadores, fondos de pensiones y otro tipo de prestamistas que se oponen a asimilar pérdidas.
En marzo, el gobernador de Detroit, Rick Snyder, nombró a un gestor de emergencia, Kevyn Orr, para que la ciudad pusiera sus cuentas en orden, quien en verano solicitó la protección por bancarrota, algo que enfadó a un gran número de acreedores, que asumirían más del 90 % de pérdidas.
Los acreedores que se oponen a la suspensión de pagos consideran que las autoridades municipales no han hecho lo suficiente para buscar recursos para pagar su deuda, como vender la importante colección de arte del ayuntamiento, al mismo tiempo que creen que la ley del estado de Michigan no permite suspender obligaciones en pensiones públicas.
Las finanzas de Detroit se han resistido debido a décadas de reducción de la población, de merma del sector manufacturero en la capital del motor y de malas gestiones de alcaldes, que dispararon la deuda municipal ante la falta de ingresos fiscales.
El crimen es rampante en muchas zonas de la ciudad y servicios públicos como bomberos, policía y ambulancias operan al mínimo de capacidad y bajo grandes retrasos.
La ciudad ha perdido un 60 % de su población desde los años cincuenta, hasta quedar en unos 700.000 habitantes. Solo entre 2000 y 2010 experimentó la salida de un cuarto de sus habitantes, con partes enteras convertidas en barrios fantasmas.
La ciudad debe demostrar que es insolvente y que ha negociado de buena fe con sus acreedores, frente a la oposición de sindicatos de trabajadores, fondos de pensiones y otro tipo de prestamistas que se oponen a asimilar pérdidas.
En marzo, el gobernador de Detroit, Rick Snyder, nombró a un gestor de emergencia, Kevyn Orr, para que la ciudad pusiera sus cuentas en orden, quien en verano solicitó la protección por bancarrota, algo que enfadó a un gran número de acreedores, que asumirían más del 90 % de pérdidas.
Los acreedores que se oponen a la suspensión de pagos consideran que las autoridades municipales no han hecho lo suficiente para buscar recursos para pagar su deuda, como vender la importante colección de arte del ayuntamiento, al mismo tiempo que creen que la ley del estado de Michigan no permite suspender obligaciones en pensiones públicas.
Las finanzas de Detroit se han resistido debido a décadas de reducción de la población, de merma del sector manufacturero en la capital del motor y de malas gestiones de alcaldes, que dispararon la deuda municipal ante la falta de ingresos fiscales.
El crimen es rampante en muchas zonas de la ciudad y servicios públicos como bomberos, policía y ambulancias operan al mínimo de capacidad y bajo grandes retrasos.
La ciudad ha perdido un 60 % de su población desde los años cincuenta, hasta quedar en unos 700.000 habitantes. Solo entre 2000 y 2010 experimentó la salida de un cuarto de sus habitantes, con partes enteras convertidas en barrios fantasmas.
