El grupo parlamentario popular pactó con la oposición 26 enmiendas, la mayoría con CiU, a la reforma laboral que aprobó ayer la Comisión de Empleo del Congreso con competencia legislativa plena para su remisión al Senado. El PP acordó con CiU que el contrato indefinido para autónomos y pymes de menos de 50 trabajadores (con un periodo de prueba de un año y sin indemnización por despido durante ese tiempo) puedan realizarse hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15 %. La misma limitación se aplicará a los contratos para la formación y el aprendizaje.
Asimismo, el PP y CiU pactaron que la caída de ingresos durante tres trimestres que justifica el despido por causas económicas se produzca en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Respecto al periodo de consultas que se debe abrir entre la empresa y los representantes de los trabajadores en caso de despido colectivo, PP y CiU pactaron que pueda ser sustituido en cualquier momento por un procedimiento de mediación o arbitraje. Lo que no varía es que la autoridad laboral deberá limitarse a constatar que hubo causas de fuerza mayor para el despido.
También con el grupo catalán el PP pactó que el empresario podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10 % de la jornada de trabajo de sus empleados, lo que deberá comunicar al afectado con un mínimo de cinco días Además, negociaron bonificaciones por nuevas altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos. La bonificación equivaldrá al 50 % de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima de cotización durante los 18 meses inmediatamente siguientes a la fecha de alta.
También para las empresas -excluidas las del sector público- dedicadas al turismo, comercio u hostelería que generen actividad en marzo y noviembre se crea una bonificación en dichos meses del 50 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.
Además, se pactó que los 'descuelgues' de un convenio de ámbito superior se produzcan si la empresa suma dos trimestres consecutivos de disminución persistente de ingresos ordinarios o ventas respecto al mismo período del año anterior.
La inaplicación de lo pactado deberá ser comunicado a la autoridad laboral 'a los solos efectos de depósito'.
Con el PSOE, el PP acordó que las empresas de trabajo temporal podrán actuar como agencias de colocación cuando cuenten con la correspondiente autorización y que los trabajadores discapacitados puedan ser trasladados por su empresa a otra localidad en que sea más accesible su tratamiento.
El PP introdujo enmiendas que concretan el papel de asesoramiento y consulta de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y los despidos de personal laboral de los entes, organismos y entidades del sector público que tengan insuficiencia presupuestaria durante tres trimestres consecutivos.
Con UPyD el PP consensuó que la aportación al Tesoro Público de las empresas de más de 100 trabajadores que hagan despidos colectivos que incluyan a personas de 50 sea exigible también si la regulación de empleo es temporal. Con Izquierda Plural ha acordado que al contrato de formación y aprendizaje puedan acogerse los trabajadores que cursen formación profesional del sistema educativo y que su prórroga no pueda ser inferior a seis meses.
Respecto al periodo de consultas que se debe abrir entre la empresa y los representantes de los trabajadores en caso de despido colectivo, PP y CiU pactaron que pueda ser sustituido en cualquier momento por un procedimiento de mediación o arbitraje. Lo que no varía es que la autoridad laboral deberá limitarse a constatar que hubo causas de fuerza mayor para el despido.
También con el grupo catalán el PP pactó que el empresario podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10 % de la jornada de trabajo de sus empleados, lo que deberá comunicar al afectado con un mínimo de cinco días Además, negociaron bonificaciones por nuevas altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos. La bonificación equivaldrá al 50 % de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima de cotización durante los 18 meses inmediatamente siguientes a la fecha de alta.
También para las empresas -excluidas las del sector público- dedicadas al turismo, comercio u hostelería que generen actividad en marzo y noviembre se crea una bonificación en dichos meses del 50 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.
Además, se pactó que los 'descuelgues' de un convenio de ámbito superior se produzcan si la empresa suma dos trimestres consecutivos de disminución persistente de ingresos ordinarios o ventas respecto al mismo período del año anterior.
La inaplicación de lo pactado deberá ser comunicado a la autoridad laboral 'a los solos efectos de depósito'.
Con el PSOE, el PP acordó que las empresas de trabajo temporal podrán actuar como agencias de colocación cuando cuenten con la correspondiente autorización y que los trabajadores discapacitados puedan ser trasladados por su empresa a otra localidad en que sea más accesible su tratamiento.
El PP introdujo enmiendas que concretan el papel de asesoramiento y consulta de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y los despidos de personal laboral de los entes, organismos y entidades del sector público que tengan insuficiencia presupuestaria durante tres trimestres consecutivos.
Con UPyD el PP consensuó que la aportación al Tesoro Público de las empresas de más de 100 trabajadores que hagan despidos colectivos que incluyan a personas de 50 sea exigible también si la regulación de empleo es temporal. Con Izquierda Plural ha acordado que al contrato de formación y aprendizaje puedan acogerse los trabajadores que cursen formación profesional del sistema educativo y que su prórroga no pueda ser inferior a seis meses.
