La crisis económica, con sus recortes a las ayudas sociales, rebajas de pensiones y subida de alquileres, pone en riesgo de pobreza a la numerosa población portuguesa de la tercera edad, que en su mayoría vive con menos de 500 euros.
En un país de 10,5 millones de habitantes, 2 millones de personas -alrededor de un 20 por ciento del país- están en edad de jubilación (a partir de 65 años) y, para la mayoría, llegar a fin de mes es una cuestión de contar sus ingresos euro a euro.
Un 85 por ciento de los pensionistas de la Seguridad Social, que engloba a la mayoría de jubilados de Portugal, recibió en 2011 menos de 500 euros al mes. Este grupo creció hasta 1,4 millones de personas, casi un 4 por ciento más que en 2010, y una parte de ellos debe recurrir a una ayuda extraordinaria de 100 euros para llegar a un mínimo de 400 euros. El número de personas elegibles aumentó de manera sostenida desde que empezó la crisis en 2010 y se situaba en torno a las 230.000 en 2011.
El Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho aplicó varios ajustes a este complemento a las pensiones más bajas, el último de ellos una reducción en el número de personas que pueden recibir los 100 euros adicionales. La medida forma parte de la batería de recortes para cumplir los compromisos del rescate internacional a los que se comprometió Portugal en mayo de 2011 a cambio de recibir 78.000 millones de euros.
COMPLEMENTO DE LAS PENSIONES
Para algunos pensionistas, esos 100 euros son, sin embargo, una contribución esencial por su falta de recursos, que parcialmente compensan con el apoyo de organismos locales y la solidaridad vecinal. 'Nuestra ayuda es a veces la que permite no cruzar esa frágil frontera entre pasar o no pasar hambre', afirmó Vasco Morgado, presidente de la Junta de Freguesia del barrio de Sao José, un organismo del Ayuntamiento de Lisboa que presta atención a los vecinos de esa céntrica zona de la capital portuguesa.
El envejecimiento de la población es uno de los principales desafíos de su gestión, ya que un 53 porciento de las 4.000 residentes de su pequeño distrito son mayores de 65 años.
La entidad municipal que gestiona Morgado provee comida, ropa, compañía o 'simplemente leerles las cartas que no pueden', explicó Morgado, quien les reconoce como personas 'muy cuidadas' con su dinero. 'Algunos no pagaron la Seguridad Social a lo largo de su vida. Trabajaron de otras maneras y ahora reciben unas pensiones muy bajas', lamentó.
Los jubilados son también el blanco de la reforma del Estado previstas con la que el Gobierno luso pretende ahorrar 4.700 millones de euros, de manera permanente, con medidas como la revisión del sistema de pensiones, entre otras.
El Ejecutivo de Passos Coelho aplicó en 2012 una reducción de dos pagas extra de funcionarios y pensionistas con ingresos mayores a 1.100 euros, pero fue anulada finalmente por el Tribunal Constitucional luso.
Un 85 por ciento de los pensionistas de la Seguridad Social, que engloba a la mayoría de jubilados de Portugal, recibió en 2011 menos de 500 euros al mes. Este grupo creció hasta 1,4 millones de personas, casi un 4 por ciento más que en 2010, y una parte de ellos debe recurrir a una ayuda extraordinaria de 100 euros para llegar a un mínimo de 400 euros. El número de personas elegibles aumentó de manera sostenida desde que empezó la crisis en 2010 y se situaba en torno a las 230.000 en 2011.
El Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho aplicó varios ajustes a este complemento a las pensiones más bajas, el último de ellos una reducción en el número de personas que pueden recibir los 100 euros adicionales. La medida forma parte de la batería de recortes para cumplir los compromisos del rescate internacional a los que se comprometió Portugal en mayo de 2011 a cambio de recibir 78.000 millones de euros.
COMPLEMENTO DE LAS PENSIONES
Para algunos pensionistas, esos 100 euros son, sin embargo, una contribución esencial por su falta de recursos, que parcialmente compensan con el apoyo de organismos locales y la solidaridad vecinal. 'Nuestra ayuda es a veces la que permite no cruzar esa frágil frontera entre pasar o no pasar hambre', afirmó Vasco Morgado, presidente de la Junta de Freguesia del barrio de Sao José, un organismo del Ayuntamiento de Lisboa que presta atención a los vecinos de esa céntrica zona de la capital portuguesa.
El envejecimiento de la población es uno de los principales desafíos de su gestión, ya que un 53 porciento de las 4.000 residentes de su pequeño distrito son mayores de 65 años.
La entidad municipal que gestiona Morgado provee comida, ropa, compañía o 'simplemente leerles las cartas que no pueden', explicó Morgado, quien les reconoce como personas 'muy cuidadas' con su dinero. 'Algunos no pagaron la Seguridad Social a lo largo de su vida. Trabajaron de otras maneras y ahora reciben unas pensiones muy bajas', lamentó.
Los jubilados son también el blanco de la reforma del Estado previstas con la que el Gobierno luso pretende ahorrar 4.700 millones de euros, de manera permanente, con medidas como la revisión del sistema de pensiones, entre otras.
El Ejecutivo de Passos Coelho aplicó en 2012 una reducción de dos pagas extra de funcionarios y pensionistas con ingresos mayores a 1.100 euros, pero fue anulada finalmente por el Tribunal Constitucional luso.
