El juez fija una fianza a los once acusados del vaciamiento patrimonial de la empresa de 1.100 millones
E El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco abrió juicio oral al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el vaciamiento patrimonial de Marsans, y le impuso una fianza solidaria junto a los otros diez acusados en concepto de responsabilidad civil de más de 1.100 millones de euros.
Además de Díaz Ferrán, para el que la Fiscalía ha pedido 15 años de prisión, el magistrado ha dictado la apertura de juicio oral contra el empresario Ángel de Cabo y otras nueve personas por los delitos de alzamiento de bienes continuado, concurso fraudulento continuado, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.
Velasco impone en un auto a los 11 acusados una fianza de responsabilidad civil de 1.167.300.000 euros, a la que deberán hacer frente de manera solidaria en el plazo de un día, y mantiene las medidas cautelares que ya dictó para cada uno de ellos. Entre ellas, la prisión preventiva para Díaz Ferrán, De Cabo y su "mano derecha", Iván Losada, que se encuentran en la cárcel desde diciembre de 2012 bajo fianza de 5 millones el primero y 3 millones los otros dos.
La resolución reproduce los escritos de las acusaciones, entre ellas el del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, que pedían además 8 años y 9 meses para el hijo del expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Santamaría; otros 8 años para Ángel de Cabo y 4 años y 3 meses para Losada. Mientras, las otras 13 acusaciones reclaman penas para Díaz Ferrán y De Cabo que oscilan entre los 3 años que solicita Aerolíneas Argentinas y los 31 años y tres meses que pide la administración concursal del exdueño de Marsans y la de la herencia yacente del socio, ya fallecido, de Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual.
Reclamaciones judiciales
Según relataba el fiscal, a partir del año 2009 Díaz Ferrán y su socio comenzaron a acumular deudas "que comprometían gravemente la viabilidad" de las compañías del grupo Marsans, lo que ocasionó que acreedores como Pullmantur, Sol Meliá, AC Hoteles, Hoteles Turísticos Unidos o Iberojet empezaran a exigir garantías adicionales de cobro a partir del año 2009. Díaz Ferrán y Pascual avalaron con su propio patrimonio las deudas y emitieron pagarés que no fueron sufragados, lo que derivó en reclamaciones judiciales que acabaron con las declaraciones del concurso de acreedores de la compañía y de los empresarios.
La "lamentable situación patrimonial" que afectaba a la compañía y al patrimonio personal de ambos amenazaba su "altísimo nivel de vida, por lo que decidieron salvar de las ejecuciones a las que se veían abocados a la mayor parte de los bienes, mediante el sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial" en perjuicio de sus acreedores.
En abril de 2010 contactaron con De Cabo para que éste ocultara su patrimonio, tanto personal como empresarial, mediante una cesión gratuita del mismo a cambio de que, una vez realizado el ocultamiento, recibieran 8 millones en plazos mensuales de 100.000 euros, lo que les permitiría vivir "con la misma o parecida opulencia".
Para vaciar el grupo, De Cabo puso a miembros de la empresa en nómina, adquirió vehículos de alta gama propiedad de estas sociedades, dispuso de los inmuebles o sacó dinero de la tesorería por servicios que nunca se prestaron.
Creó así un conglomerado societario para realizar las actividades antes descritas y mediante las cuales realizó en los años siguientes operaciones con sociedades del grupo Marsans destinadas a "frustrar la recuperación de los bienes" de los acreedores.
