El número de empleos públicos en la administración se sitúa en este momento en los 2.795.000, lo que supone una reducción del 16,5 por ciento, colocándose en niveles del segundo trimestre de 2004. Esta caída es consecuencia de las reformas realizadas por el Ejecutivo que se incluyen en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
Fuentes del Gobierno señalaron ayer que se está produciendo un adelgazamiento 'muy intenso' de la administración y destacaron el hecho de que el empleo público ya esté a niveles de hace diez años, cuando en 2011 llegó a superar los tres millones de trabajadores públicos.
El Gobierno ha acometido en los últimos meses una labor de supresión o reducción de organismos públicos y, de hecho, prepara el texto de una Ley Reguladora del régimen jurídico del sector público que incluirá requisitos más estrictos para crear y mantener entes públicos. Entre las medidas adoptadas estos meses, fuentes del Ejecutivo subrayaron ayer las adoptadas en el ámbito de la simplificación administrativa, con el impulso de la inscripción de los nacimientos desde el hospital, el tablón edictal único o la tarjeta sanitaria; o las que se han tomado en el ámbito de la gestión de medios y servicios comunes.
En el capítulo de duplicidades, el Gobierno destaca que algunas comunidades estén acomodando las medidas que recoge el informe de la CORA. Así, las fuentes consultadas indican que hay nueve comunidades con defensores del Pueblo pero que Asturias y La Rioja ya han decido suprimirlo.
COMPRAS CENTRALIZADAS
Asimismo, la reforma pretende impulsar la llamada compra centralizada y este mismo viernes, el Consejo de Ministros aprobará contratos centralizados de combustible y de compra de motos para la Administración General del Estado con los que prevé ahorrar al menos nueve millones de euros.
En el caso del contrato de combustible de automoción, el objetivo es extender el descuento del 6,5 o 7 por ciento del que ya se benefician los grandes consumidores (como pueden ser el Ministerio de Defensa o la Dirección General de Tráfico) a otros organismos de la Administración, lo que incrementaría notablemente el ahorro. De hecho, el Gobierno calcula que por cada punto que se consiga rebajar sobre el precio, el ahorro estimado sería de 4.000 millones.
Sobre el contrato de compra de motos para la Administración General del Estado, utilizado sobre todo por los agentes de Policía, Guardia Civil o Seprona, el Ejecutivo estima que con el descuento del 14,5 por ciento que ya se aplica en el actual contrato marco, el ahorro puede alcanzar los tres millones de euros.
A lo largo de 2014, y con el objetivo de ahorrar en las cuentas, el Gobierno pretende impulsar esa contratación centralizada en más materias, como la limpieza, la energía eléctrica, la seguridad de edificios, las comunicaciones o la adquisición de vehículos de turismo, según avanzado las mismas fuentes del Ejecutivo.
El Gobierno ha acometido en los últimos meses una labor de supresión o reducción de organismos públicos y, de hecho, prepara el texto de una Ley Reguladora del régimen jurídico del sector público que incluirá requisitos más estrictos para crear y mantener entes públicos. Entre las medidas adoptadas estos meses, fuentes del Ejecutivo subrayaron ayer las adoptadas en el ámbito de la simplificación administrativa, con el impulso de la inscripción de los nacimientos desde el hospital, el tablón edictal único o la tarjeta sanitaria; o las que se han tomado en el ámbito de la gestión de medios y servicios comunes.
En el capítulo de duplicidades, el Gobierno destaca que algunas comunidades estén acomodando las medidas que recoge el informe de la CORA. Así, las fuentes consultadas indican que hay nueve comunidades con defensores del Pueblo pero que Asturias y La Rioja ya han decido suprimirlo.
COMPRAS CENTRALIZADAS
Asimismo, la reforma pretende impulsar la llamada compra centralizada y este mismo viernes, el Consejo de Ministros aprobará contratos centralizados de combustible y de compra de motos para la Administración General del Estado con los que prevé ahorrar al menos nueve millones de euros.
En el caso del contrato de combustible de automoción, el objetivo es extender el descuento del 6,5 o 7 por ciento del que ya se benefician los grandes consumidores (como pueden ser el Ministerio de Defensa o la Dirección General de Tráfico) a otros organismos de la Administración, lo que incrementaría notablemente el ahorro. De hecho, el Gobierno calcula que por cada punto que se consiga rebajar sobre el precio, el ahorro estimado sería de 4.000 millones.
Sobre el contrato de compra de motos para la Administración General del Estado, utilizado sobre todo por los agentes de Policía, Guardia Civil o Seprona, el Ejecutivo estima que con el descuento del 14,5 por ciento que ya se aplica en el actual contrato marco, el ahorro puede alcanzar los tres millones de euros.
A lo largo de 2014, y con el objetivo de ahorrar en las cuentas, el Gobierno pretende impulsar esa contratación centralizada en más materias, como la limpieza, la energía eléctrica, la seguridad de edificios, las comunicaciones o la adquisición de vehículos de turismo, según avanzado las mismas fuentes del Ejecutivo.
