Expertos jurídicos han coincidido en afirmar que Nueva Rumasa ha bordeado la Ley con sus emisiones de pagarés y que el posible impago a sus inversores particulares podría acabar ante los tribunales penales por estafa, en caso de que el dinero se haya destinado a cubrir deudas y no a hacer nuevas inversiones. En este sentido, el abogado del despacho Jausas Agustí Bou explicó que se prevé que los inversores 'se agrupen para iniciar acciones penales', ya que la situación preconcursal anunciada por la compañía por las deudas contraídas con los bancos podría ser el primer síntoma de que 'ha habido un engaño'.
Sin embargo, el abogado destacó que existe una diferencia entre los inversores que tengan pagarés con garantías concretas, lo que supone que en caso de concurso de acreedores su crédito tendrá prioridad de cobro, y los que no los tengan asegurados, que se convertirán en acreedores ordinarios sin prioridad de cobro.
Por su parte, el socio del departamento de mercantil de Cremades & Calvo-Sotelo Eduardo Sebastián señaló que Nueva Rumasa aprovechó 'un vacío legal' para realizar la emisión de pagarés, que la Ley 'no podía prohibir, sino sólo advertir sobre el posible riesgo'.
En este sentido, Sebastián recordó que las emisiones estaban sujetas al artículo 30 bis de la Ley del Mercado de Valores que regula las ofertas públicas de venta o suscripción de valores, por lo que, en un principio, la compañía cumplió la legislación existente.
El abogado añadió que, por el momento, ninguno de los 5.000 suscriptores de los pagarés han presentado denuncia o reclamación alguna contra la compañía y que tampoco nadie ha reclamado por no cobrar las cantidades comprometidas al vencimiento de los pagarés.
En este sentido, los expertos legales avalaron la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que en siete ocasiones advirtió del posible riesgo de la emisión de títulos por parte de Nueva Rumasa.
Por su parte, la experta en derecho concursal del despacho Iure Verónica Doblado explicó que la situación preconcursal de Nueva Rumasa pone de manifiesto que la compañía necesita liquidez, por lo que las emisiones de pagarés podrían haber respondido a dicha situación.
Sin embargo, la abogada consideró 'prematuro' sacar conclusiones sobre la situación real de la compañía, ya que aún tiene tres meses por delante para refinanciar su deuda. En este sentido, recordó que las ejecuciones bancarias no se paralizan a pesar de que la empresa se haya acogido al artículo 5.3 de la Ley Concursal. Sobre el grupo pesan ya varios embargos de bienes, como las fincas incautadas por orden judicial debido a una denuncia de la familia Radó, por la venta de dos hoteles Riu en Cataluña.
Por su parte, el socio del departamento de mercantil de Cremades & Calvo-Sotelo Eduardo Sebastián señaló que Nueva Rumasa aprovechó 'un vacío legal' para realizar la emisión de pagarés, que la Ley 'no podía prohibir, sino sólo advertir sobre el posible riesgo'.
En este sentido, Sebastián recordó que las emisiones estaban sujetas al artículo 30 bis de la Ley del Mercado de Valores que regula las ofertas públicas de venta o suscripción de valores, por lo que, en un principio, la compañía cumplió la legislación existente.
El abogado añadió que, por el momento, ninguno de los 5.000 suscriptores de los pagarés han presentado denuncia o reclamación alguna contra la compañía y que tampoco nadie ha reclamado por no cobrar las cantidades comprometidas al vencimiento de los pagarés.
En este sentido, los expertos legales avalaron la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que en siete ocasiones advirtió del posible riesgo de la emisión de títulos por parte de Nueva Rumasa.
Por su parte, la experta en derecho concursal del despacho Iure Verónica Doblado explicó que la situación preconcursal de Nueva Rumasa pone de manifiesto que la compañía necesita liquidez, por lo que las emisiones de pagarés podrían haber respondido a dicha situación.
Sin embargo, la abogada consideró 'prematuro' sacar conclusiones sobre la situación real de la compañía, ya que aún tiene tres meses por delante para refinanciar su deuda. En este sentido, recordó que las ejecuciones bancarias no se paralizan a pesar de que la empresa se haya acogido al artículo 5.3 de la Ley Concursal. Sobre el grupo pesan ya varios embargos de bienes, como las fincas incautadas por orden judicial debido a una denuncia de la familia Radó, por la venta de dos hoteles Riu en Cataluña.
