Las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para reformar el sector eléctrico implicarán una subida del precio de la luz del 3,2 % a partir de agosto, según explicó ayer el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
Este incremento se sumará al encarecimiento del 63 % registrado entre 2003 y 2011, ocho años en los que la factura eléctrica media anual de los hogares pasó de 360 a 588,5 euros y se situó entre las más elevadas de Europa, superada tan sólo por Irlanda y Chipre. Este incremento en el recibo se producirá a partir del próximo mes de agosto.
En el conjunto de 2012 y 2013 y tras las medida adoptadas por el Ejecutivo para atajar el déficit de tarifa eléctrica, el recibo de la luz habrá subido un 8 %, añadió Soria, quien aseguró que si el Gobierno no hubiera hecho nada el encarecimiento habría tenido que ser del 42 % en esos dos años.
Ante el problema del déficit de tarifa eléctrica, que suma ya 26.000 millones y se genera porque los ingresos vía recibo de la luz son insuficientes para remunerar los costes que soporta el sistema, y si no se hubieran tomado medidas, sólo cabían dos alternativas: 'la quiebra del sistema o el incremento de los precios al consumo por encima del 40 %', insistió Soria.
'Hemos intentado en todo momento perseguir el interés general (...) lo que a veces no coincide con los intereses de las empresas', apuntó Soria, quien subrayó que la reforma impulsada ayer por el Ejecutivo 'dará sostenibilidad y certidumbre al sector.
Tras las medidas aprobadas en 2012 para atajar el déficit de tarifa, quedaban pendientes de resolver unos 4.500 millones de euros, que el Gobierno decidió repartir entre empresas (2.700 millones), Presupuestos del Estado (900 millones) y consumidores (900 millones).
EVOLUCIÓN DE LOS COSTES
Si esos 4.500 millones hubieran recaído únicamente sobre los consumidores, el incremento del precio de la luz para este año habría sido del 19 %. Durante su intervención, el ministro de Industria desgranó la evolución de los diferentes costes del sistema eléctrico entre 2003 y 2011. Así, mientras en 2003 de los 360 euros que pagaba de media un consumidor, 12 euros correspondían a costes extrapeninsulares, 60 a primas a las renovables, 120 a distribución, 31 a transporte y 125 al coste de la energía. Ocho años después, de la factura media de 588,5 euros, 47 eran para el pago de los extracostes, 253 de las primas que reciben las energías verdes, 176 euros a la distribución, 52 euros a transporte y 199 a la energía.
El ministro apuntó que entre 2003 y 2012, dos de las grandes partidas que soporta el sistema, las primas a las renovables y el coste de amortización del déficit de tarifa, se han disparado un 567 %.
'Las renovables han subido un 497 %, los costes de distribución un 66 % y los de transporte un 91 %', ha señalado Soria, quien ha insistido en que el principal objetivo del Gobierno es que los consumidores dejen de ser los grandes 'paganos' del desequilibrio del sistema eléctrico. El ministro añadió que el Ejecutivo descartó una de las medidas más demandadas por el sector, rebajar el umbral de acceso a la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), a la que actualmente pueden acogerse los consumidores con potencias contratadas iguales o inferiores a 10 kilovatios (kW).
La única novedad en torno a la TUR es que cambia de denominación para llamarse 'precio voluntario al pequeño consumidor'.
La reforma también incluirá la autorización de nuevas comercializadoras, más agilidad en el cambio de operador, gratuidad de los servicios de atención al cliente y una factura eléctrica más clara.
En el conjunto de 2012 y 2013 y tras las medida adoptadas por el Ejecutivo para atajar el déficit de tarifa eléctrica, el recibo de la luz habrá subido un 8 %, añadió Soria, quien aseguró que si el Gobierno no hubiera hecho nada el encarecimiento habría tenido que ser del 42 % en esos dos años.
Ante el problema del déficit de tarifa eléctrica, que suma ya 26.000 millones y se genera porque los ingresos vía recibo de la luz son insuficientes para remunerar los costes que soporta el sistema, y si no se hubieran tomado medidas, sólo cabían dos alternativas: 'la quiebra del sistema o el incremento de los precios al consumo por encima del 40 %', insistió Soria.
'Hemos intentado en todo momento perseguir el interés general (...) lo que a veces no coincide con los intereses de las empresas', apuntó Soria, quien subrayó que la reforma impulsada ayer por el Ejecutivo 'dará sostenibilidad y certidumbre al sector.
Tras las medidas aprobadas en 2012 para atajar el déficit de tarifa, quedaban pendientes de resolver unos 4.500 millones de euros, que el Gobierno decidió repartir entre empresas (2.700 millones), Presupuestos del Estado (900 millones) y consumidores (900 millones).
EVOLUCIÓN DE LOS COSTES
Si esos 4.500 millones hubieran recaído únicamente sobre los consumidores, el incremento del precio de la luz para este año habría sido del 19 %. Durante su intervención, el ministro de Industria desgranó la evolución de los diferentes costes del sistema eléctrico entre 2003 y 2011. Así, mientras en 2003 de los 360 euros que pagaba de media un consumidor, 12 euros correspondían a costes extrapeninsulares, 60 a primas a las renovables, 120 a distribución, 31 a transporte y 125 al coste de la energía. Ocho años después, de la factura media de 588,5 euros, 47 eran para el pago de los extracostes, 253 de las primas que reciben las energías verdes, 176 euros a la distribución, 52 euros a transporte y 199 a la energía.
El ministro apuntó que entre 2003 y 2012, dos de las grandes partidas que soporta el sistema, las primas a las renovables y el coste de amortización del déficit de tarifa, se han disparado un 567 %.
'Las renovables han subido un 497 %, los costes de distribución un 66 % y los de transporte un 91 %', ha señalado Soria, quien ha insistido en que el principal objetivo del Gobierno es que los consumidores dejen de ser los grandes 'paganos' del desequilibrio del sistema eléctrico. El ministro añadió que el Ejecutivo descartó una de las medidas más demandadas por el sector, rebajar el umbral de acceso a la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), a la que actualmente pueden acogerse los consumidores con potencias contratadas iguales o inferiores a 10 kilovatios (kW).
La única novedad en torno a la TUR es que cambia de denominación para llamarse 'precio voluntario al pequeño consumidor'.
La reforma también incluirá la autorización de nuevas comercializadoras, más agilidad en el cambio de operador, gratuidad de los servicios de atención al cliente y una factura eléctrica más clara.
