El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, presidirá hoy la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la que estudiará con los consejeros autonómicos del ramo las propuestas del Gobierno en materia de políticas activas, entre las que se encuentran la puesta en marcha de una ayuda de 350 euros vinculada a la formación en sustitución de los 426 euros para parados sin ingresos.
En esta reunión, la Xunta de Galicia, a través de la a conselleira de Traballo e Benestar, que dirige Beatriz Mato, manifestará su 'oposición frontal' a esta propuesta, y defenderá que se 'flexibilicen', de modo que cada comunidad pueda adaptarlas a su mercado laboral. 'Queremos que no se haga un único traje para las 17 comunidades autónomas', expone y argumenta que el tejido empresarial de cada una y las necesidades de su mercado laboral 'no tienen nada que ver'. 'Queremos que nos den libertad para decidir cuánto -del dinero destinado a estas políticas- se da para formación o para ayudas a la contratación', indicó Mato que recordó que, actualmente, es el Gobierno central el que regula el reparto de los fondos por áreas.
Hace falta, señala Mato, una 'modificación profunda y estructural' de las políticas activas de empleo y defendió la necesidad de que se apueste 'de forma muy clara' por el servicio público. En cualquier caso y, ante el temor de que el texto definitivo se apruebe en el próximo Consejo de Ministros, advirtió de que 'no se pueden hacer reformas de calado tan rápido'. Es necesario 'reaccionar con rigor y planificación', reclamó y echó en falta informes sobre el impacto de esta reforma en la economía y en el mercado laboral.
FORMACIÓN
La reflexión debe afectar también, según la titular de Traballo, a las políticas de formación para los desempleados. 'Apostamos por políticas de formación como una mejora de la empleabilidad, no para que la gente se crea que por ir al curso va a recibir un subsidio', afirmó y se refirió, de este modo, a la propuesta del Gobierno de que sean las comunidades las que paguen una ayuda de 350 euros a los parados que se hayan quedado sin prestaciones y asistan a un curso.
'Primero reducen el salario a los funcionarios y las pensiones y ahora han decidido eliminarla -la ayuda de 426 euros a desempleados sin subsidios- y quieren pasar la pelota a las comunidades', criticó. 'Recorta -el Ejecutivo- a los subsidiados la ayuda a 350 euros y no con sus propios fondos, sino con los de las comunidades; nos endosa una obligación que es de ellos', reprocha la conselleira de Traballo, que considera que este planteamiento 'pervierte las políticas activas de empleo e incita a que quien quiera cobrar un subsidio se apunte a un curso de formación, sea el que sea', afirmó.
Hace falta, señala Mato, una 'modificación profunda y estructural' de las políticas activas de empleo y defendió la necesidad de que se apueste 'de forma muy clara' por el servicio público. En cualquier caso y, ante el temor de que el texto definitivo se apruebe en el próximo Consejo de Ministros, advirtió de que 'no se pueden hacer reformas de calado tan rápido'. Es necesario 'reaccionar con rigor y planificación', reclamó y echó en falta informes sobre el impacto de esta reforma en la economía y en el mercado laboral.
FORMACIÓN
La reflexión debe afectar también, según la titular de Traballo, a las políticas de formación para los desempleados. 'Apostamos por políticas de formación como una mejora de la empleabilidad, no para que la gente se crea que por ir al curso va a recibir un subsidio', afirmó y se refirió, de este modo, a la propuesta del Gobierno de que sean las comunidades las que paguen una ayuda de 350 euros a los parados que se hayan quedado sin prestaciones y asistan a un curso.
'Primero reducen el salario a los funcionarios y las pensiones y ahora han decidido eliminarla -la ayuda de 426 euros a desempleados sin subsidios- y quieren pasar la pelota a las comunidades', criticó. 'Recorta -el Ejecutivo- a los subsidiados la ayuda a 350 euros y no con sus propios fondos, sino con los de las comunidades; nos endosa una obligación que es de ellos', reprocha la conselleira de Traballo, que considera que este planteamiento 'pervierte las políticas activas de empleo e incita a que quien quiera cobrar un subsidio se apunte a un curso de formación, sea el que sea', afirmó.
