El Gobierno ha cambiado de opinión y ha optado por que el nuevo impuesto del juego, que va a gravar por primera vez en España las apuestas 'on line', sea sobre los ingresos netos de los operadores en la mayoría de los tipos de apuestas, tal y como pedía el sector, según el proyecto de Ley del Juego aprobado en el último Consejo de Ministros.
En el anteproyecto de Ley hecho público en la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) para su audiencia pública en enero, el Ejecutivo apostaba por un impuesto que gravara los ingresos brutos de los operadores. Sin embargo, en el proyecto que finalmente se aprobó en el último Consejo de Ministros y que será tramitado por las Cortes, el Gobierno apuesta por otro sistema en que se gravan los ingresos netos, es decir, lo que ingresa el operador después de descontar lo que devuelve en premios.
La intención del Ejecutivo de gravar los ingresos brutos de las compañías había despertado las críticas tanto de las casas de apuestas 'on line', que comenzarán a pagar impuestos en España cuando se apruebe esta ley, como de las empresas de juego prensencial, como los casinos y los bingos. Así, fuentes del sector explican que en algunos juegos por cada 100 euros que el usuario juega, se devuelven 80 en premios, por lo que si los impuestos se calculan sobre los ingresos brutos, el negocio no es posible.
Finalmente, en el proyecto de Ley se fija un tipo impositivo del 25 por ciento sobre ingresos netos en la mayoría de tipologías de apuestas, salvo en las apuestas hípicas y en las apuestas mutuas, a las que sí que se les gravará en función de sus ingresos brutos.
Concretamente, las apuestas deportivas mutuas estarán gravadas con el 22 por ciento de sus ingresos brutos; las apuestas hípicas mutuas y otros tipos de apuestas mutuas, con el 15 por ciento de sus ingresos brutos; las rifas y concursos, con el 20 por ciento de sus ingresos brutos, excepto las benéficas que tributarán al 7 por ciento; mientras que al resto de juegos se les gravará con el 25 por ciento de sus ingresos netos.
No obstante, las comunidades autónomas, que tienen cedidas las competencias del juego, podrán elevar estos tipos hasta un 20 por ciento sobre los importes jugados por aquellos usuarios que tengan su domicilio fiscal en su territorio.
En el análisis sobre el impacto que acompaña al proyecto de Ley, el Gobierno calcula, teniendo en cuenta datos obtenidos de los distintos operadores del juego en 2009, que los ingresos brutos de estas compañías ascienden a alrededor de 600 millones de euros al año, frente a los 9.844 millones de euros de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).
RECAUDACIÓN NUEVA TASA
En cuanto a la previsión de recaudación de este nuevo impuesto, el Gobierno afirma que 'es de todo punto imposible, dada la situación actual del sector del juego', hacer una estimación realista de la recaudación esperada, especialmente en lo referido al juego 'on line', del que no se tienen cifras oficiales.
Sin embargo, el Ejecutivo sí que realiza una estimación de lo que la Comisión Nacional del Juego (CNJ) ingresará con la nueva tasa por la gestión administrativa del juego que contempla el proyecto de Ley y que tendrán que pagar todos los operadores que participen en el sector. El Gobierno calcula que este órgano ingresará 10,4 millones de euros por este concepto, que aumentarían hasta los 11,3 millones de euros otros tipos de ingresos por diversos trámites.
Esta cifra es inferior a la recaudada por otros órganos reguladores en funcionamiento como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) o la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que ingresan en concepto de tasa a los operadores 33,9 millones de euros y 29,5 millones de euros, respectivamente.
