El Gobierno deja abierta la posibilidad de aplicar despidos colectivos del personal laboral en las Administraciones Públicas por causas económicas cuando tengan problemas de financiación o insuficiencia presupuestaria. Según el reglamento que desarrolla la reforma laboral, se entiende como insuficiencia presupuestaria que la aportación a la entidad correspondiente disminuya al menos un 10 % respecto al ejercicio anterior, aunque deja abierta la puerta a otros supuestos que no precisa.
El nuevo reglamento afectará a más de un millón de trabajadores, entre los 700.000 contratados por la Administración y los 328.000 empleados en empresas públicas y consorcios del país, según los datos de la última EPA.
El texto, que el Ministerio de Empleo envío a los sindicatos para que hagan sus aportaciones, señala que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria en cuatro casos 'entre otros'.
Según esos supuestos, concurrirán causas económicas cuando las subvenciones nominativas del ministerio, consejería, entidad local, ente u organismo disminuyeran al menos un 10 % respecto al ejercicio anterior. También cuando las transferencias de capital correspondientes a dichas entidades o cuando la aportación presupuestaria al convenio o al contrato programa que tuviera concertado el ente, organismo o entidad, disminuyan igualmente al menos ese mismo porcentaje. Igualmente se entiende que habrá causa económica de despido cuando se adopte un 'acuerdo de no disponibilidad' que afecte a dichos organismos.
'PERSONAL INDEFENSO'
CCOO y UGT denunciaron ayer que el reglamento sobre despidos colectivos es discriminatorio, deja indefenso al personal laboral de la Administración y vulnera el derecho a la negociación colectiva.
En un comunicado, las organizaciones sindicales recalcan que algunas de las medidas del reglamento, sobre todo las que afectan al ámbito de la Administración, suponen una 'peligrosa novedad' para los empleados públicos, ya que se establece el procedimiento para el despido colectivo del personal laboral, explican.
Según afirman, 'se consagra, normativa y definitivamente, el posible despido colectivo con la aprobación del cauce a seguir, lo que puede contribuir a convertir a partir de ahora en algo habitual una cuestión excepcional y puntual'.
También denuncian el 'ensañamiento' del Ejecutivo con el personal laboral del sector público y añaden que una vez que una administración opte por aplicar un despido colectivo, su aprobación resultará 'prácticamente inevitable' y sin posibilidad de cambiar los términos. Además, critican que en el borrador para el sector privado se deja la puerta abierta a la negociación, mientras que en público el despido 'es inevitable, no hay más remedio y las razones que apunta (la Administración) gozan de presunción de veracidad'.
El texto, que el Ministerio de Empleo envío a los sindicatos para que hagan sus aportaciones, señala que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria en cuatro casos 'entre otros'.
Según esos supuestos, concurrirán causas económicas cuando las subvenciones nominativas del ministerio, consejería, entidad local, ente u organismo disminuyeran al menos un 10 % respecto al ejercicio anterior. También cuando las transferencias de capital correspondientes a dichas entidades o cuando la aportación presupuestaria al convenio o al contrato programa que tuviera concertado el ente, organismo o entidad, disminuyan igualmente al menos ese mismo porcentaje. Igualmente se entiende que habrá causa económica de despido cuando se adopte un 'acuerdo de no disponibilidad' que afecte a dichos organismos.
'PERSONAL INDEFENSO'
CCOO y UGT denunciaron ayer que el reglamento sobre despidos colectivos es discriminatorio, deja indefenso al personal laboral de la Administración y vulnera el derecho a la negociación colectiva.
En un comunicado, las organizaciones sindicales recalcan que algunas de las medidas del reglamento, sobre todo las que afectan al ámbito de la Administración, suponen una 'peligrosa novedad' para los empleados públicos, ya que se establece el procedimiento para el despido colectivo del personal laboral, explican.
Según afirman, 'se consagra, normativa y definitivamente, el posible despido colectivo con la aprobación del cauce a seguir, lo que puede contribuir a convertir a partir de ahora en algo habitual una cuestión excepcional y puntual'.
También denuncian el 'ensañamiento' del Ejecutivo con el personal laboral del sector público y añaden que una vez que una administración opte por aplicar un despido colectivo, su aprobación resultará 'prácticamente inevitable' y sin posibilidad de cambiar los términos. Además, critican que en el borrador para el sector privado se deja la puerta abierta a la negociación, mientras que en público el despido 'es inevitable, no hay más remedio y las razones que apunta (la Administración) gozan de presunción de veracidad'.
