El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció que el Gobierno permitirá acogerse a la dación en pago, la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca, a las familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de sus hipotecas, siempre que se trata de la primera vivienda.
'La dación en pago debe ser una excepción, pero la triste realidad es que algunas viviendas que entregan las familias es el único activo que tienen', aseguró el ministro en respuesta en una interpelación del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela Conesa en el Congreso sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras.
Dentro de una serie de medidas recogidas en un 'código de buena práctica' y reformas de carácter legal, el ministro adelantó que el Gobierno propondrá que al menos durante dos años estas familias puedan habitar en la vivienda antes de su desalojo. En concreto, esta periodo 'prudencial' podría ser también prorrogable si las familias acuerdan con la entidad financiera una cuota de pago que sea considerado 'justo'.
Para considerar a estas familias dentro de lo que De Guindos definió como 'umbral de exclusión', la dación en pago se permitiría si se condiciona a que se trate de la primera vivienda y a que las familias no cuenten con rentas y patrimonio adicionales. El titular de Economía advirtió de que habrá que actuar con 'cautela' para evitar un acogimiento a esta cláusula de forma 'abusiva y fraudulenta'.
'VOLUNTARIAS' PARA LA BANCA
De Guindos aseguró que estas medidas legislativas se estudiarán con el Ministerio de Justicia, para después promover el código de buenas prácticas entre el sector bancario. Eso sí, aclaró que las entidades se podrán acoger a este código de forma 'voluntaria'.
En este sentido, el ministro también propuso reestructurar las deudas hipotecarias fijando el pago del capital que se adeuda de forma 'proporcional' en el número de cuotas pagadas.
Asimismo, dejó abierta la 'posibilidad' de que las entidades financieras asuman 'parte' del riesgo de las garantías hipotecarias. 'Parece razonable que por la deficiente tasación la entidad sea copartícipe', subrayó.
Para el colectivo considerado por el Gobierno en el 'umbral de exclusión', el ministró también propuso atenuar los intereses de demora, pues admitió que éstos son 'abusivos' y existe margen legal para flexibilizarlos.
El ministro de Economía avisó de que lejos de planteamientos 'demagógicos', la dación en pago no es la 'solución mágica', y puso el acento en que puede mermar la concesión de crédito y reducir el plazo de amortización y la cuantía de los préstamos hipotecarios. Posteriormente a la intervención parlamentaria del ministro, su departamento difundiría un comunicado en el que señalaba que los bancos podrán incluir como 'gasto fiscalmente deducible' las pérdidas derivadas de las medidas contempladas en el 'Código de Buenas Prácticas'. Este será el 'incentivo' para que las entidades financieras se acojan al 'Código'.
EL PSOE CONSIDERA QUE LA MEDIDA CREA FALSAS EXPECTATIVAS
El portavoz del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso, Valeriano Gómez, aseguró ayer que las medidas anunciadas por Luis de Guindos crean 'falsas expectativas', ya que no obligan a las entidades financieras a acatarlas.
Además, las calificó de 'inconvenientes' e 'insuficientes' y pidió una legislación que obligue a la reestructuración de las condiciones del crédito durante el periodo de ejecución hipotecaria -en el caso de familias en desempleo-. También abogó porque a las entidades que se acojan a las ayudas públicas se las imponga el citado código de buenas prácticas, ahora voluntario.
Por su parte, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, agradeció ayer que el Gobierno haya atendido 'la alarma social' que habían generado los desahucios y los embargos hipotecarios, pero ha asegurado que las medidas 'no serán efectivas', ya que su aplicación dependerá de las entidades.
El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, ya se mostró ayer a favor de la dación en pago pero solo en el caso de que sea voluntaria. Explicó que la dación en pago de forma retroactiva sería una opción 'muy dañina para la organización del mercado inmobiliario' y con la que 'no podría estar de acuerdo'. Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, hasta el tercer trimestre del año los desahucios se elevaban hasta los 42.879 y las ejecuciones hipotecarias hasta las 57.136.
Dentro de una serie de medidas recogidas en un 'código de buena práctica' y reformas de carácter legal, el ministro adelantó que el Gobierno propondrá que al menos durante dos años estas familias puedan habitar en la vivienda antes de su desalojo. En concreto, esta periodo 'prudencial' podría ser también prorrogable si las familias acuerdan con la entidad financiera una cuota de pago que sea considerado 'justo'.
Para considerar a estas familias dentro de lo que De Guindos definió como 'umbral de exclusión', la dación en pago se permitiría si se condiciona a que se trate de la primera vivienda y a que las familias no cuenten con rentas y patrimonio adicionales. El titular de Economía advirtió de que habrá que actuar con 'cautela' para evitar un acogimiento a esta cláusula de forma 'abusiva y fraudulenta'.
'VOLUNTARIAS' PARA LA BANCA
De Guindos aseguró que estas medidas legislativas se estudiarán con el Ministerio de Justicia, para después promover el código de buenas prácticas entre el sector bancario. Eso sí, aclaró que las entidades se podrán acoger a este código de forma 'voluntaria'.
En este sentido, el ministro también propuso reestructurar las deudas hipotecarias fijando el pago del capital que se adeuda de forma 'proporcional' en el número de cuotas pagadas.
Asimismo, dejó abierta la 'posibilidad' de que las entidades financieras asuman 'parte' del riesgo de las garantías hipotecarias. 'Parece razonable que por la deficiente tasación la entidad sea copartícipe', subrayó.
Para el colectivo considerado por el Gobierno en el 'umbral de exclusión', el ministró también propuso atenuar los intereses de demora, pues admitió que éstos son 'abusivos' y existe margen legal para flexibilizarlos.
El ministro de Economía avisó de que lejos de planteamientos 'demagógicos', la dación en pago no es la 'solución mágica', y puso el acento en que puede mermar la concesión de crédito y reducir el plazo de amortización y la cuantía de los préstamos hipotecarios. Posteriormente a la intervención parlamentaria del ministro, su departamento difundiría un comunicado en el que señalaba que los bancos podrán incluir como 'gasto fiscalmente deducible' las pérdidas derivadas de las medidas contempladas en el 'Código de Buenas Prácticas'. Este será el 'incentivo' para que las entidades financieras se acojan al 'Código'.
EL PSOE CONSIDERA QUE LA MEDIDA CREA FALSAS EXPECTATIVAS
El portavoz del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso, Valeriano Gómez, aseguró ayer que las medidas anunciadas por Luis de Guindos crean 'falsas expectativas', ya que no obligan a las entidades financieras a acatarlas.
Además, las calificó de 'inconvenientes' e 'insuficientes' y pidió una legislación que obligue a la reestructuración de las condiciones del crédito durante el periodo de ejecución hipotecaria -en el caso de familias en desempleo-. También abogó porque a las entidades que se acojan a las ayudas públicas se las imponga el citado código de buenas prácticas, ahora voluntario.
Por su parte, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, agradeció ayer que el Gobierno haya atendido 'la alarma social' que habían generado los desahucios y los embargos hipotecarios, pero ha asegurado que las medidas 'no serán efectivas', ya que su aplicación dependerá de las entidades.
El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, ya se mostró ayer a favor de la dación en pago pero solo en el caso de que sea voluntaria. Explicó que la dación en pago de forma retroactiva sería una opción 'muy dañina para la organización del mercado inmobiliario' y con la que 'no podría estar de acuerdo'. Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, hasta el tercer trimestre del año los desahucios se elevaban hasta los 42.879 y las ejecuciones hipotecarias hasta las 57.136.
