La Guardia Civil cerrará el atestado de la huelga de controladores de Barcelona la semana que viene

La Guardia Civil cerrará la semana que viene la investigación sobre la huelga de los controladores aéreos de Barcelona, cuando finalicen las declaraciones en las dependencias policiales, según han explicado a Europa Press fuentes judiciales.
Cuando la Guardia Civil entregue el informe, la Fiscalía lo analizará para ver si se les puede imputar un delito de sedición previsto en la Ley de Navegación Aérea, lo que podría comportar, en su modalidad más grave, penas de hasta 6 años de cárcel.

Las mismas fuentes han detallado que en Cataluña se investiga a 49 controladores que presentaron incidencias durante los tres turnos afectados en el Aeropuerto de El Prat, el de Sabadell y el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Barcelona, en Gavà.

En concreto, en el Centro de Control -que controla los aviones que vuelan hasta 25.000 pies del espacio aéreo de Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares y parte de Murcia-, en el turno de 14.30 horas a 21.30 horas del viernes 3 de diciembre, debían trabajar 46 controladores pero 32 presentaron incidencias.

Durante el turno de noche, en el que estaban convocados 26, solo 15 trabajaron con normalidad, mientras que en el de la mañana del sábado, 6 presentaron incidencias.

En los tres turnos del Aeropuerto de El Prat y del de Sabadell, solo se registró una incidencia, aunque como el Centro de Control ya no estaba operativo, los aviones no llegaban.

Los 49 controladores que presentaron una incidencia lo hicieron a través de la firma de un formulario, en el que aseguraban que tenían una incapacidad psicofísica para ejercer sus funciones.

Esta semana continúan declarando, aunque la mayoría se está acogiendo a su derecho a no declarar.

Según fuentes judiciales, se trata de un conflicto judicial complicado ya que, si no llega a considerarse el centro de control como un aeropuerto, no se podría aplicar la ley de navegación aérea y por lo tanto la pena quedaría limitada a una multa por abandono de puesto de trabajo.

La Fiscalía de Barcelona deberá coordinarse con las fiscalías de los otros dos centros de control españoles -el central y el del sur- con la finalidad de unificar criterios a la hora de interpretar los preceptos legales

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