La Agencia Tributaria refuerza la investigación a pymes y autónomos, que pagan mejor y van menos a tribunales
La Agencia Tributaria ha reforzado en los últimos años la investigación a pymes, autónomos y trabajadores, que pagan mejor y van poco a los tribunales a rebatir a Hacienda, frente a la investigación del fraude más sofisticado de grandes empresas y multinacionales, asegura José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Según los datos del sindicato, el fisco pierde la mitad de los litigios, al sumar las sentencias en tribunales de justicia y los tribunales económico-administrativos (dependientes de Hacienda).
"En los últimos años -explica- nos estamos centrando en deudas pequeñas a un mayor número de contribuyentes. Todo ello a cambio de comprobaciones más someras, lo que da como resultado deudas más pequeñas y que se recurren menos", precisa Mollinedo.
El secretario general de Gestha señala que en el caso de "autónomos, microempresarios, pequeñas compañías o trabajadores, aunque no estén conformes suelen transigir, porque debatir judicialmente una liquidación tributaria costaría más que la deuda, al tener que pagar los honorarios de abogado y procurador" y sobre todo teniendo en cuenta los descuentos del 30% en el caso de conformidad y un 25% más por pronto pago, que junto con otros descuentos puede quedarse en una sanción efectiva del 26%.
En el caso de grandes empresas "suelen litigar -explica José María Mollinedo- porque detrás de ese asesoramiento suele haber despachos importantes, que no les gusta quedar mal ante el cliente y tratan de conseguir un pronunciamiento favorable en los tribunales". En otros casos las grandes empresas tienen sus propios abogados en plantilla. A ello se suma que, en cualquier litigio al no ser una deuda firme, cuando hay una modificación en la normativa que le beneficie se puede aplicar y ganar (si le perjudica, la deuda se queda igual).
Así que ¿quién recurre a los tribunales? A juicio de Mollinedo se tienen que dar dos circunstancias: "que la deuda sea alta y que tenga capacidad económica para litigar". Con estas premisas pueden darse tres casos, "la de deudas de empresas que han venido a menos o que rozan el concurso y no pueden pagar a sus proveedores. Esas no van a pagar a un abogado. La capacidad económica influye en la capacidad para defenderse", precisa. En el caso de las deudas generadas de empresas solventes "sí se pueden recurrir, si hay elementos sobre los que sustentar la demanda" y el tercer caso sería "el de las grandes compañías que, independientemente de si se gana o se pierde, les interesa recurrir por la cuantía", porque un cambio normativo en el transcurso del proceso les puede beneficiar y porque mientras dura el litigio van provisionando año a año la deuda.
El hecho es que, según los datos de Gestha, los delitos fiscales descendieron un 47% en la última década, pero hay que tener en cuenta que para que sea delito fiscal la deuda debe superar los 120.000 euros.
