La nueva fase de la reforma financiera que aprobará hoy el Gobierno constituirá un incentivo para espolear las fusiones entre entidades de tamaño medio como Ibercaja, Liberbank, BMN o Unicaja, pero a la vez siembra dudas sobre las subastas pendientes, como las de Banco de Valencia, Catalunya Caixa y, en su caso, Novagalicia, según fuentes financieras.
La reforma que llevará el ministro de Economía, Luis de Guindos, al Consejo de Ministros de hoy, con la esperanza de que sea la 'definitiva', actuará en una doble vía: por un lado exigirá a la banca provisiones adicionales a las fijadas por ley en febrero por cuantía de 52.000 millones para cubrir el riesgo del 'ladrillo' -lo que impactará en la cuenta de resultados de las entidades- y, por otro, creará los vehículos para segregar los activos inmobiliarios tóxicos.
La nueva vuelta de tuerca al sector en previsión de un deterioro futuro de la cartera crediticia inmobiliario que aún está al corriente de pago se perfila como un claro incentivo a las integraciones, ya que estas operaciones permitirían a las entidades disfrutar de un plazo de dos años, en vez de uno, para cumplir con las exigencias de saneamiento y cargarlas contra patrimonio en vez de contra resultados.
A este incentivo se suma el deseo expresado por el Ministerio hace tres semanas a los presidentes de Unicaja, Ibercaja, Liberbank y Banco Mare Nostrum de que se creen nuevos grupos con un volumen de activos superior a los 100.000 millones, umbral a partir del cual las entidades tienen más facilidades para acceder a los mercados de financiación.
La iniciativa del Gobierno también podría impactar en las subastas de entidades intervenidas por el Estado y con participación pública en su capital en la medida en que los posibles interesados en acudir a las adjudicaciones reclamarán al Banco de España mayores coberturas contra pérdidas futuras de las previstas hasta ahora, dado que en paralelo habrán de afrontar un esfuerzo adicional en provisiones.
En este punto están Catalunya Caixa y Banco de Valencia, mientras que NCG Banco, espera una solución, dado que planteó la posibilidad de evitar una subasta sacando a concurso público parte de sus acciones -de entre las que están en manos del FROB-, para dar entrada a fondos de inversión anglosajones. No obstante, el Banco de España es reticente a esta vía, pues los socios privados exigen un esquema de protección de activos, un instrumento que, hasta ahora, se ha concedido en casos de subasta. Esta es, precisamente, la otra alternativa, de no fructificar los planes del banco gallego.
La nueva vuelta de tuerca al sector en previsión de un deterioro futuro de la cartera crediticia inmobiliario que aún está al corriente de pago se perfila como un claro incentivo a las integraciones, ya que estas operaciones permitirían a las entidades disfrutar de un plazo de dos años, en vez de uno, para cumplir con las exigencias de saneamiento y cargarlas contra patrimonio en vez de contra resultados.
A este incentivo se suma el deseo expresado por el Ministerio hace tres semanas a los presidentes de Unicaja, Ibercaja, Liberbank y Banco Mare Nostrum de que se creen nuevos grupos con un volumen de activos superior a los 100.000 millones, umbral a partir del cual las entidades tienen más facilidades para acceder a los mercados de financiación.
La iniciativa del Gobierno también podría impactar en las subastas de entidades intervenidas por el Estado y con participación pública en su capital en la medida en que los posibles interesados en acudir a las adjudicaciones reclamarán al Banco de España mayores coberturas contra pérdidas futuras de las previstas hasta ahora, dado que en paralelo habrán de afrontar un esfuerzo adicional en provisiones.
En este punto están Catalunya Caixa y Banco de Valencia, mientras que NCG Banco, espera una solución, dado que planteó la posibilidad de evitar una subasta sacando a concurso público parte de sus acciones -de entre las que están en manos del FROB-, para dar entrada a fondos de inversión anglosajones. No obstante, el Banco de España es reticente a esta vía, pues los socios privados exigen un esquema de protección de activos, un instrumento que, hasta ahora, se ha concedido en casos de subasta. Esta es, precisamente, la otra alternativa, de no fructificar los planes del banco gallego.
