La Comisión Nacional del Mercado de Valores se pondrá al frente de Pescanova en breve dentro de un plan que se había marcado desde que estalló la crisis de la multinacional viguesa y que ahora va tomando forma. El juez del juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra, Roberto de la Cruz, dictó ayer el auto de declaración de concurso en el que aparta al consejo de administración, presidido por Manuel Fernández de Sousa, de la gestión al determinar que 'las facultades patrimoniales del deudor sobre su patrimonio quedan suspendidas siendo sustituido por la administración concursal'.
En este sentido, el juzgado explica que la administración concursal estará integrada por un miembro del personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o una persona nombrada por ésta. Este administrador deberá comparecer ante el tribunal en el plazo de cinco días para confirmar si acepta o no ese cometido.
El juez considera que 'mantener las plenas facultades del deudor puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad en absoluto compatible con el orden que debe presidir el proceso concursal'.
LOS RIESGOS
En un extenso auto el juez De la Cruz explica que 'el mantenimiento de las facultades patrimoniales del deudor entraña evidentes riesgos' y ello lo fundamenta en varios hechos. Por un lado que el órgano de administración ha incumplido el deber de formular las cuentas de 2012, asimismo se incumplió el deber de presentar ante la CNMV los estados financieros intermedios del segundo semestre de 2012 y a ello suma que las cuentas están sin auditar y se ha instado la revocación judicial del auditor.
En otro bloque de fundamentos, el juez explica para suspender al consejo, que además existen discrepancias relevantes entre la información suministrada junto con la solicitud de concurso y la subsanación presentada esta misma semana, primero en el porcentaje de participación del socio mayoritario, del 14,42% al 7,51% e incluso una diferencia en el pasivo total, se indica que por error, de cerca de 88 millones de euros.
Finalmente señala para su decisión que el cargo de presidente del consejo está caducado y que la decisión de presentar concurso se tomara por mayoría 'da cuenta de la existencia de discrepancias en una decisión de tal trascendencia', señala. Así que todo ello apunta 'a que mantener las plenas facultades del deudor puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad en absoluto compatible con el orden que debe presidir el proceso concursal'. Entiende que, para mantener en lo posible la actividad y el empleo, y para satisfacer los intereses de los acreedores (más de 50, según reconoce la propia Pescanova), se exige una 'voluntad única y eficaz' que 'puede verse mejor desempeñada por la administración concursal'.
El juez considera que 'mantener las plenas facultades del deudor puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad en absoluto compatible con el orden que debe presidir el proceso concursal'.
LOS RIESGOS
En un extenso auto el juez De la Cruz explica que 'el mantenimiento de las facultades patrimoniales del deudor entraña evidentes riesgos' y ello lo fundamenta en varios hechos. Por un lado que el órgano de administración ha incumplido el deber de formular las cuentas de 2012, asimismo se incumplió el deber de presentar ante la CNMV los estados financieros intermedios del segundo semestre de 2012 y a ello suma que las cuentas están sin auditar y se ha instado la revocación judicial del auditor.
En otro bloque de fundamentos, el juez explica para suspender al consejo, que además existen discrepancias relevantes entre la información suministrada junto con la solicitud de concurso y la subsanación presentada esta misma semana, primero en el porcentaje de participación del socio mayoritario, del 14,42% al 7,51% e incluso una diferencia en el pasivo total, se indica que por error, de cerca de 88 millones de euros.
Finalmente señala para su decisión que el cargo de presidente del consejo está caducado y que la decisión de presentar concurso se tomara por mayoría 'da cuenta de la existencia de discrepancias en una decisión de tal trascendencia', señala. Así que todo ello apunta 'a que mantener las plenas facultades del deudor puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad en absoluto compatible con el orden que debe presidir el proceso concursal'. Entiende que, para mantener en lo posible la actividad y el empleo, y para satisfacer los intereses de los acreedores (más de 50, según reconoce la propia Pescanova), se exige una 'voluntad única y eficaz' que 'puede verse mejor desempeñada por la administración concursal'.
