Las comunidades autónomas que lo aplicaron creen que la devolución de lo tributado corresponde ahora al Gobierno central.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) abrió ayer la vía a la devolución de los cerca de 13.000 millones de euros recaudados en España a través del impuesto sobre los carburantes conocido como "céntimo sanitario", tras dictaminar que vulnera la legislación comunitaria. La sentencia considera que la Generalitat catalana y el Gobierno central no han actuado "de buena fe" al mantener el impuesto en vigor durante más de una década, pese a los reiterados avisos de la Comisión Europea (CE) sobre su ilegalidad. En la práctica, significa que la devolución debería abarcar los 13.000 millones de euros recaudados entre 2002 y 2011.
El caso llegó a la Justicia europea después de que la empresa "Transportes Jordi Besora" (TJB), establecida en Cataluña, solicitara la devolución de los 45.600 euros que tuvo que pagar entre 2005 y 2008 en concepto de impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos. En su momento, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió a los jueces de la UE que determinaran si ese impuesto respeta la normativa europea.
Ayer, y tras la sentencia europea, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estimaron que la cifra que deberá devolver el Gobierno español rondaría los 3.956 millones de euros, una cifra muy inferior a los 13.000 millones que recaudó el Gobierno durante el tiempo que estuvo vigente.
TRIBUTO INDIRECTO
El "céntimo sanitario" es un tributo indirecto aplicado por la mayoría de las comunidades autónomas sobre el precio de los carburantes con el objetivo de utilizar estos recursos para solucionar los problemas de liquidez de la sanidad pública. El impuesto fue aplicado por Madrid a partir del 1 de agosto de 2002; en Asturias y Galicia, desde enero de 2004, y en Cataluña, desde agosto de 2004. Posteriormente, y a consecuencia de la crisis económica, fueron sumándose buena parte de las comunidades.
Las autonomías afectadas por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en contra del "céntimo sanitario" se mostraron ayer cautas y en su mayoría estiman que será la Administración central la que tenga que asumir la devolución de este impuesto cobrado a los conductores por la compra de carburante, en algunos casos desde 2002. Tras ser declarado contrario al derecho comunitario el impuesto que han ejercido 13 autonomías para financiar la sanidad de manera desigual, con un recargo de entre 1 y 4,8 céntimos por litro, se abre la puerta a la devolución aunque con bastantes matices.
El Ministerio de Hacienda advirtió de que la cifra que deberá reintegrar el Gobierno será "sensiblemente inferior" a los 13.000 millones de euros que se recaudaron, al tiempo que precisó que que el cumplimiento de la sentencia llevará varios años y es probable que se alargue "significativamente".
El consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, recordó por su parte que el impuesto y su normativa es estatal, por lo que debe ser el Gobierno el que afronte las consecuencias. La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, indicó también que lo deberá devolver la Hacienda estatal.
Para Madrid es prematuro saber qué cuantía hay que devolver, cómo y a quien por este impuesto que se aplica desde el 1 de agosto de 2002 en la comunidad.
Desde los partidos, la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, instó al Gobierno a explicar si se va a devolver el dinero y la portavoz de UPyD, Rosa Díez, espera que cumpla la sentencia "con la misma rapidez" con la que se anuló la 'doctrina Parot'. También la defensora del pueblo, Soledad Becerril, consideró que España tiene que acatar la sentencia como hizo con la de la doctrina Parot y restituir las cantidades oportunas.
