El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó hoy a España por incumplir las normas comunitarias sobre la liberalización del transporte ferroviario, al considerar que no respeta suficientemente la independencia de la gestión del administrador de las infraestructuras.
La Corte con sede en Luxemburgo dio la razón a la Comisión Europea, que presentó contra España un recurso por incumplimiento para obligar a sus autoridades a ajustarse lo más rápidamente posible a la legislación.
Según los jueces, España no cumple con la obligada independencia de gestión del administrador de la red, al no atribuirle la función de determinar el canon que se debe pagar por el uso de la infraestructura ferroviaria.
'Al reservar al Estado la competencia para determinar ese canon, España no se ha ajustado a la Directiva 2001/14', estima el Tribunal europeo.
También señalan los jueces como un problema el hecho de que las autoridades públicas cuenten con capacidad para establecer la prioridad de adjudicación de una línea cuando hay varias solicitudes para una misma franja horaria o si la red está congestionada.
La directiva europea, recuerda la Corte, prevé que 'sólo el administrador de infraestructuras puede dar preferencia a servicios específicos en ciertos casos'.
El Tribunal estima además que el criterio usado para adjudicar las líneas en esos casos es 'discriminatorio', pues se basa en el uso efectivo de la red y, por tanto, 'conduce a mantener las ventajas de los usuarios tradicionales y a cerrar el acceso a las franjas más atractivas para los nuevos operadores', explicó en un comunicado.
Además, considera que el país también incumple las normas comunitarias en lo relativo al establecimiento dentro del sistema de tarifación de un régimen de incentivos para reducir al mínimo las perturbaciones y mejorar el funcionamiento de la red ferroviaria.
'Aunque la legislación española prevé la posibilidad de tener en cuenta consideraciones referidas a la mejora del funcionamiento de la red y al desarrollo de ésta, ello no basta sin embargo para cumplir la exigencia de establecer efectivamente un sistema de incentivos', explicó el Tribunal.
La sentencia obliga a España a cumplir cuanto antes con lo establecido y, en caso de que no lo haga, abre la puerta a la imposición de sanciones económicas.
En un comunicado, el comisario europeo de Transportes, Siim Kallas, expresó su satisfacción por el dictamen y subrayó la importancia de que el acceso a las vías sea decidido independientemente por el gestor de la red.
La Corte europea también dio hoy parcialmente la razón a la Comisión en un caso similar que la enfrentaba a Hungría, pero desestimó los recursos interpuestos por Bruselas contra Austria y Alemania.
Según los jueces, España no cumple con la obligada independencia de gestión del administrador de la red, al no atribuirle la función de determinar el canon que se debe pagar por el uso de la infraestructura ferroviaria.
'Al reservar al Estado la competencia para determinar ese canon, España no se ha ajustado a la Directiva 2001/14', estima el Tribunal europeo.
También señalan los jueces como un problema el hecho de que las autoridades públicas cuenten con capacidad para establecer la prioridad de adjudicación de una línea cuando hay varias solicitudes para una misma franja horaria o si la red está congestionada.
La directiva europea, recuerda la Corte, prevé que 'sólo el administrador de infraestructuras puede dar preferencia a servicios específicos en ciertos casos'.
El Tribunal estima además que el criterio usado para adjudicar las líneas en esos casos es 'discriminatorio', pues se basa en el uso efectivo de la red y, por tanto, 'conduce a mantener las ventajas de los usuarios tradicionales y a cerrar el acceso a las franjas más atractivas para los nuevos operadores', explicó en un comunicado.
Además, considera que el país también incumple las normas comunitarias en lo relativo al establecimiento dentro del sistema de tarifación de un régimen de incentivos para reducir al mínimo las perturbaciones y mejorar el funcionamiento de la red ferroviaria.
'Aunque la legislación española prevé la posibilidad de tener en cuenta consideraciones referidas a la mejora del funcionamiento de la red y al desarrollo de ésta, ello no basta sin embargo para cumplir la exigencia de establecer efectivamente un sistema de incentivos', explicó el Tribunal.
La sentencia obliga a España a cumplir cuanto antes con lo establecido y, en caso de que no lo haga, abre la puerta a la imposición de sanciones económicas.
En un comunicado, el comisario europeo de Transportes, Siim Kallas, expresó su satisfacción por el dictamen y subrayó la importancia de que el acceso a las vías sea decidido independientemente por el gestor de la red.
La Corte europea también dio hoy parcialmente la razón a la Comisión en un caso similar que la enfrentaba a Hungría, pero desestimó los recursos interpuestos por Bruselas contra Austria y Alemania.
