El grupo de transportes y turismo Globalia consiguió, a través de varios recursos ante los tribunales, paralizar los concursos de transporte regular de viajeros que habían sido convocados por el Ministerio de Fomento. Ante las resoluciones judiciales adversas, el departamento que dirige Ana Pastor ha decidido paralizar todas las adjudicaciones para elaborar un nuevo pliego, según la información divulgada por el diario Expansión.
El año pasado los tribunales ya habían dado la razón al grupo Globalia, que preside Juan José Hidalgo, y anularon cinco concursos que había convocado Fomento, al considerar que en el pliego de condiciones los criterios de valoración impedían 'la real y efectiva operatividad de la libre competencia empresarial'.
Más recientemente, otra sentencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) fallaba también a favor del recurso que había presentado Globalia y anulaba los pliegos redactados por el Ministerio de Fomento para los corredores de transporte regular de viajeros entre Zaragoza y Murcia y Madrid-Granada.
Este aluvión de sentencias, tanto en los tribunales de justicia como administrativas pusieron patas arriba todo el proceso de renovación de las concesiones de transporte regular de viajeros por carretera que dirige Fomento.
Tal y como refleja el diario Expansión, las resoluciones judiciales abrieron una fase de inseguridad jurídica en un sector que es tradicionalmente tranquilo, que da empleo a 75.000 personas y genera un negocio anual de 350 millones de euros.
El grupo Globalia es el responsable de todo este revuelo, ya que recurrió buena parte de las adjudicaciones que había decidido Fomento y los tribunales le dieron la razón, lo que obligó al Ministerio a reiniciar el proceso y abordar la confección de un nuevo pliego. Todo este conflicto se produce en un momento en que el Congreso está tramitando la reforma la ley de transporte terrestre.
El último capítulo de este conflicto es la mencionada resolución del Tacrc, un órgano que creó recientemente el Ministerio de Hacienda y que según Expansión, la semana pasada dictó dos sentencias que anulan sendos pliegos redactados por Fomento para los corredores Zaragoza y Murcia y Madrid-Granada y que habían sido recurridos por el grupo Globalia.
El Tacrc anula dos cláusulas del concurso por las que el concesionario actual dispone de un derecho de preferencia en el caso de empate entre ofertas y por la obligación de subrogación de las plantillas, según recoge el mencionado diario económico. Hasta ahora Fomento licitó y adjudicó 30 concesiones, por lo que quedan por convocar otros 68 concursos, los corredores más rentables que explotan compañías como Alsa y Avanza.
Entre las compañías cunde el desconcierto y, según el mencionado diario, las grandes patronales del sector, Asintra y Fenebus, intensificaron las conversaciones con el Gobierno para intentar acabar con la incertidumbre, ya que las empresas han realizado fuertes inversiones y renovaron sus flotas para acudir a estos concursos, un esfuerzo en peligro tras las sentencias, mientras que alguna empresa se plantea reclamar indemnizaciones económicas a la Administración, ya que el veredicto de anulación fue posterior a la adjudicación de la concesión.
Las resoluciones del Tacrc coincidieron casi en el tiempo, según resalta Expansión, con la intervención del Tribunal Supremo, que rechazó los recursos de casación presentados por la Abogacía del Estado contra sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid también dieron la razón a Globalia en contra de los intereses del Gobierno. El posicionamiento del alto tribunal en este caso es relevante, ya que, al pronunciarse dos veces en el mismo sentido sobre un mismo caso, genera jurisprudencia.
Más recientemente, otra sentencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) fallaba también a favor del recurso que había presentado Globalia y anulaba los pliegos redactados por el Ministerio de Fomento para los corredores de transporte regular de viajeros entre Zaragoza y Murcia y Madrid-Granada.
Este aluvión de sentencias, tanto en los tribunales de justicia como administrativas pusieron patas arriba todo el proceso de renovación de las concesiones de transporte regular de viajeros por carretera que dirige Fomento.
Tal y como refleja el diario Expansión, las resoluciones judiciales abrieron una fase de inseguridad jurídica en un sector que es tradicionalmente tranquilo, que da empleo a 75.000 personas y genera un negocio anual de 350 millones de euros.
El grupo Globalia es el responsable de todo este revuelo, ya que recurrió buena parte de las adjudicaciones que había decidido Fomento y los tribunales le dieron la razón, lo que obligó al Ministerio a reiniciar el proceso y abordar la confección de un nuevo pliego. Todo este conflicto se produce en un momento en que el Congreso está tramitando la reforma la ley de transporte terrestre.
El último capítulo de este conflicto es la mencionada resolución del Tacrc, un órgano que creó recientemente el Ministerio de Hacienda y que según Expansión, la semana pasada dictó dos sentencias que anulan sendos pliegos redactados por Fomento para los corredores Zaragoza y Murcia y Madrid-Granada y que habían sido recurridos por el grupo Globalia.
El Tacrc anula dos cláusulas del concurso por las que el concesionario actual dispone de un derecho de preferencia en el caso de empate entre ofertas y por la obligación de subrogación de las plantillas, según recoge el mencionado diario económico. Hasta ahora Fomento licitó y adjudicó 30 concesiones, por lo que quedan por convocar otros 68 concursos, los corredores más rentables que explotan compañías como Alsa y Avanza.
Entre las compañías cunde el desconcierto y, según el mencionado diario, las grandes patronales del sector, Asintra y Fenebus, intensificaron las conversaciones con el Gobierno para intentar acabar con la incertidumbre, ya que las empresas han realizado fuertes inversiones y renovaron sus flotas para acudir a estos concursos, un esfuerzo en peligro tras las sentencias, mientras que alguna empresa se plantea reclamar indemnizaciones económicas a la Administración, ya que el veredicto de anulación fue posterior a la adjudicación de la concesión.
Las resoluciones del Tacrc coincidieron casi en el tiempo, según resalta Expansión, con la intervención del Tribunal Supremo, que rechazó los recursos de casación presentados por la Abogacía del Estado contra sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid también dieron la razón a Globalia en contra de los intereses del Gobierno. El posicionamiento del alto tribunal en este caso es relevante, ya que, al pronunciarse dos veces en el mismo sentido sobre un mismo caso, genera jurisprudencia.
