Un juzgado de Barcelona denegó el despido improcedente que solicitaban diez controladores aéreos, al considerar legal la rebaja salarial que el Gobierno impuso a un sector que disfrutaba de unas condiciones laborales 'absolutamente desorbitadas, sin parangón alguno en el sector público'. En sendas sentencias, el juzgado de lo social número 33 de la capital catalana desestima la demanda que presentó un grupo de controladores aéreos, la mayoría de ellos miembros del sindicato USCA, para solicitar su despido con una indemnización de 45 días por año de antigüedad.
Los controladores, con unos sueldos de entre 300.000 y 400.000 euros anuales de promedio -que ascienden hasta los 470.000 euros en uno de los casos-, exigían que se declarara improcedente su despido al considerar que se habían modificado sustancialmente sus condicionales laborales a raíz de las últimas reformas aprobadas por el Gobierno.
El juez admite que es 'indiscutible' que los controladores han visto modificadas significativamente sus condiciones de trabajo, pero recuerda que la Audiencia Nacional ya avaló esos cambios aprobados por el Gobierno.
Además, la sentencia recuerda que los controladores son empleados públicos que pertenecen a un sector 'esencial y estratégico' como el tráfico aéreo que había conseguido condiciones laborales 'absolutamente desorbitadas (...), sin parangón alguno en el sector público'.
El juez se remite a la sentencia de la Audiencia Nacional que decretó que la negociación colectiva de los controladores vulneraba la ley, porque consagraba una jornada ordinaria insuficiente que obligaba a unas prolongaciones de jornada 'hiper-retribuidas'.
El juez admite que es 'indiscutible' que los controladores han visto modificadas significativamente sus condiciones de trabajo, pero recuerda que la Audiencia Nacional ya avaló esos cambios aprobados por el Gobierno.
Además, la sentencia recuerda que los controladores son empleados públicos que pertenecen a un sector 'esencial y estratégico' como el tráfico aéreo que había conseguido condiciones laborales 'absolutamente desorbitadas (...), sin parangón alguno en el sector público'.
El juez se remite a la sentencia de la Audiencia Nacional que decretó que la negociación colectiva de los controladores vulneraba la ley, porque consagraba una jornada ordinaria insuficiente que obligaba a unas prolongaciones de jornada 'hiper-retribuidas'.
