Pedro Sánchez reclama un pacto de Estado a Pablo Casado, que anuncia que su partido acudirá al Tribunal Constitucional
El líder del PP, Pablo Casado, anunció ayer que su formación llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda y avisó de que no se aplicará en las comunidades y ayuntamientos en los que gobierna su partido. A su entender, “este intervencionismo es suicida” y demuestra que España tiene “el Gobierno más radical de la Unión Europea”. En una entrevista en Telecinco, Casado señaló que el “problema de la vivienda en España es muy grave” y hay que actuar, pero no se trata de mandar un “mensaje de inseguridad jurídica” como el que a su juicio lanza el Gobierno de “interferir en la libertad y en la propiedad privada”.
El jefe de la oposición advirtió de que con las medidas del Gobierno lo que va a suceder es que la gente no ponga sus pisos en alquiler y al final haya menos pisos a los que acceder y, por tanto, suba su precio. También se refirió a las ayudas al alquiler que anunció al Gobierno, subrayando que “son menos” de las que planteó el PP cuando gobernaba porque entre 2013 y 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy “puso 2.500 millones de euros encima de la mesa para ayudas al alquiler”. “Y ahora lo que se anunció hemos calculado que será de 600 a 800 millones”, apostilló.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó ayer al PP a que, en vez de anunciar que recurrirá al Tribunal Constitucional la ley de vivienda sin tan siquiera leerla, dé una oportunidad a su tramitación parlamentaria para lograr con ella “un gran acuerdo de Estado”. “No se puede decir que no a un proyecto de ley que ni siquiera ha podido leer y que ni se ha debatido en las Cortes Generales”, advirtió.
Una ley "social"
Para él, lo que está haciendo el PP es cerrar cualquier puerta a un potencial acuerdo sobre “un asunto fundamental y pendiente en la sociedad como es convertir la vivienda no en un problema sino en un derecho”. Aseguró que la edad de emancipación de los jóvenes en España es “absolutamente inaceptable y disparatada” y lamentar que haya habidos ayuntamientos que hayan puesto las viviendas públicas en manos de fondos de inversión, reivindicó las bondades de la ley. “Es una ley comprometida en lo social y responsable y equilibrada desde el punto de vista de lo que representa el propietario en España”, subrayó y reiteró que respeta la “propiedad privada”.
Por todo ello, pidió al PP que se lea el proyecto de ley antes de anunciar que lo recurrirá al Tribunal Constitucional y dé una oportunidad a la tramitación parlamentaria. Debe hacerlo, según explicó, porque se trata de un asunto que afecta al conjunto de los ciudadanos y que está por encima de ideologías. “La gente tiene un problema en el acceso a la vivienda; eso nada tiene que ver con votar a la derecha, a la izquierda o al centro, y los poderes públicos, debemos convertir ese problema en un derecho a una vivienda digna”.
Por otra parte, preguntado por el “bono joven” para el alquiler que aprobará el Gobierno en los próximos Presupuestos Generales del Estado, dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, y sobre si estará disponible en todas las comunidades autónomas aunque se rebelen contra la ley de vivienda, Sánchez garantizó que todos los jóvenes podrán acceder a esa ayuda, con independencia de lo que haga cada territorio.
Núñez Feijóo no aceptará el “atropello a competencias autonómicas” de la norma
El reparto de competencias, que concede a las comunidades y los ayuntamientos capacidad de decisión en materia vivienda, anima a la rebelión de distintos gobiernos autonómicos y municipales contra la ley de vivienda anunciada por el Gobierno. Ante el rechazo del PP a apoyarla, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, advirtió a las comunidades reacias a la ley que si no la aplican “perjudicarán” a todos, tanto propietarios como inquilinos, porque no podrán acogerse a los beneficios y bonificaciones fiscales que ofrece.
El Ejecutivo admitió que “la ley tiene en cuenta las competencias de cada administración”, como dijo el propio Bolaños tras el Consejo de Ministros, de modo que, por ejemplo, son las comunidades las que deberán solicitar al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado -en las que se aplicará la regulación de precios- y los ayuntamientos los que podrán habilitar, o no, el recargo del IBI para las viviendas vacías.
Entre los reticentes a la nueva norma, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer que no va aceptar el “atropello a las competencias” autonómicas que cree que supone el borrador de ley de vivienda, que considera “un apaño” entre los socios del Ejecutivo. El presidente gallego no quiso especificar si está dispuesto a aplicar esa futura normativa en Galicia porque antes tiene que conocerla “ver en que consiste ese anteproyecto, ver cuál es el contenido y el alcance del mismo” para después “formar una opinión”. Pero, en todo caso, aseguró que no va a aceptar “una invasión de competencias” de vivienda por parte del Ejecutivo central.
“Los acuerdos que tenga el Gobierno para mantenerse de pie a nosotros no nos incumben”, apostilló. Feijóo criticó este anteproyecto, pactado entre los socios de Gobierno, tanto en el fondo como en la forma y le parece “un atropello a las competencias institucionales y estatutarias de las comunidades en materia de vivienda”.
