El Consejo de Ministros aprobó ayer un plan de choque para amortiguar el impacto en el recibo de la luz que está teniendo los altos precios del mercado mayorista eléctrico (pool), que ha pulverizado todos sus récords al fijar para mañana un precio medio de 172,78 euros megavatio hora (MWh). Con este plan, plasmado en un real decreto-ley que incluye medidas fiscales y otras como el recorte de beneficios de las eléctricas, el Gobierno prevé que los usuarios paguen este año por la luz lo mismo que pagaron en 2018, unos 600 euros en el caso de un usuario medio con una tarifa de baja tensión.
Así, estas medidas permitirán bajar la parte regulada del recibo de las facturas finales de los consumidores (cargos) en una horquilla que va desde el 47,2 % en el caso de los hogares hasta el 24,5 % en el de la gran industria. Para ello, el Gobierno obligará a las eléctricas a devolver temporalmente los beneficios “extra” que están obteniendo en el pool como consecuencia de los altos precios internacionales del gas y que, según estimaciones del Gobierno, a precios actuales sumarán unos 2.600 millones de euros.
Sobre las medidas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en la sesión de control del Senado que España está hoy mucho mejor preparada que otros países para contener y amortiguar el alza de los precios mayoristas en el mercado de la energía internacional, que esto ha sido posible gracias a los deberes que ha hecho el Gobierno “en un tiempo récord” durante los tres últimos años.
Sobre los beneficios “caídos del cielo” a las eléctricas, aseguró que los pretendían redirigir en forma de menor coste en la factura de la luz para los ciudadanos y para las pymes y, aunque hay partidos como el PP que lo consideran “expropiatorio, nosotros lo consideramos simple y llanamente una cuestión de justicia social”.
Rifirrafe con el PP
Sánchez defendió que su plan para bajar el recibo de la luz es “riguroso”, “serio” y “solvente”, a diferencia de la política energética del PP cuando gobernaba y creó el llamado “canon hidráulico”, por el que el Estado tendrá que devolver más de 1.000 millones de euros a las eléctricas. Pidió “un poco de humildad” a los “populares” en el debate sobre el precio de la electricidad y les reprochó su “batalla contra las renovables”.
Maroto le replicó que cuando el PP gobernaba nunca hubo un precio del mercado mayorista como el de ahora y puso en duda que vaya a cumplir su compromiso: “¿es como cuando dijo que hemos vencido al virus hace un año o como cuando dijo que nunca gobernaría con Podemos hace dos?”, le planteó.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, rechazó la propuesta del presidente del Gobierno de detraer beneficios a las compañías eléctricas para abaratar la luz por “confiscatorias” e “intervencionistas”: “Estamos pasando del peronismo al pedronismo”.
Las eléctricas califican las nuevas medidas de “intervencionistas”
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) rechazó el nuevo paquete de medidas aprobado por el Gobierno calificándolas de medidas “intervencionistas” que van en contra de las compañías eléctricas. La patronal del sector insta al Gobiernoa buscar soluciones “verdaderamente eficaces” que protejan de la volatilidad diaria a los consumidores acogidos a la tarifa regulada o PVPC, además de volver a señalar al gas como principal responsable de la subida.
Sobre las nuevas medidas, Aelec denuncia que penalizan de forma injusta a un sector “absolutamente comprometido” con la electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo, así como la protección de los colectivos vulnerables, y que asume grandes esfuerzos económicos. Respecto a la medida que recorta los beneficios extraordinarios que obtienen las centrales de generación hidráulica y nuclear como consecuencia de los altos precios del gas, aseguran que es “injusta y desacertada”, ya que tiene un enorme impacto en la estabilidad de un sector que ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella.
Por su parte el Foro Nuclear aseguró que las centrales nucleares españolas se verán obligadas a parar su producción si el Gobierno aprueba el proyecto de ley que regula el dividendo del CO2, por el cual se reducen los beneficios que obtienen las plantas de esta tecnología al no emitir dióxido de carbono.n
