La crisis se llevó por delante la mitad de lo que pagaban las empresas, pero este tema apenas protagoniza el debate político, centrado en el IVA, cuando este impuesto ya está homologado en Europa.
El debate fiscal sigue abierto en España. Si prospera la posición de Montoro sobre la de Luis de Guindos, parece que el Gobierno de Rajoy no va a tomar en consideración el informe de los expertos que había elegido para asesorarle en materia de reforma tributaria. Al menos en su parte esencial: la subida del IVA, algo que no solo abanderan los sabios de Lagares -y Guindos, en la sombra-, sino también organismos como el FMI, la OCDE y la Comisión Europea, que ven margen para subir al menos el tipo reducido de este impuesto al consumo, uno de los que no distingue entre ricos y pobres.
A todos esos organismos, más que preocuparles que España tenga una de las recaudaciones por IVA más bajas de toda la Unión Europea, lo que les inquieta es que España incumpla sus compromisos de pago, de ahí su interés en recaudar al precio que sea y por el camino más fácil. Es verdad que la OCDE y la Comisión Europea maquillan sus discursos reconociendo el aumento de la desigualdad, pero en el fondo van a lo que van.
Las cosas, como son: el ministro Montoro ha reaccionado con sentido político y social al declarar que “ningún producto subirá en su tributación” y recordar que “ya hemos subido el IVA y tenemos que dejar que funcione”; máxime cuando “está mejorando la recaudación”. Casi en paralelo, el presidente de la comisión de expertos que ha estudiado para su reforma el sistema fiscal aseguraba que la sociedad española tendrá que hacer un examen de conciencia y hacer algún sacrificio -¿más, todavía?-, como asumir una futura subida de IVA, si quiere que se cree empleo y se pueda ofrecer un puesto de trabajo a los desempleados.
Unos y otros están centrando todo el debate sobre el IVA, sin entrar en el impuesto que ha perdido mayor recaudación en España, a pesar de no ser el tributo más importante: sociedades. La crisis se llevó por delante la mitad de lo que pagaban las empresas, pero este tema apenas protagoniza el debate político, del mismo modo que se esconde el dato de que es inútil tener un impuesto de sociedades del 30% que solo pagan algunas empresas pequeñas pero no los bancos ni las grandes multinacionales, al amparo de una maraña tremenda de incentivos fiscales, la mayor parte de los cuales no tienen ningún sentido. Hay grandes grupos que no pagan más de un 7% de impuestos y también los hay que no pagan prácticamente nada.
El problema de fondo de la fiscalidad española está en el propio modelo económico, lastrado por la caída de la construcción, y la baja recaudación, debida no solo al manejo de los incentivos sino a un gigantesco fraude fiscal, sin precedentes en los países del entorno europeo.
No será fácil resolver el problema fiscal, del mismo modo que el drama del paro, mientras no se recupere la economía y España no redefina su modelo económico. Pero, entre tanto, cabe ir adoptando medidas de lucha contra el fraude y de progresividad fiscal, de modo que las rentas del trabajo no se vean tan perjudicadas frente a las rentas de capital.
Solo desde la política, a ser posible con consenso parlamentario y concertación social, se puede afrontar un reto de estas características. Lo que parece una ingenuidad -¿quizá más bien una provocación?-, es pensar que una tarea colectiva de esta dimensión política y social se le puede encargar a unos técnicos con sesgos ideológicos evidentes. Del mismo modo que algo así no se puede dejar en manos de los consejos interesados que formulan organismos al servicio del neoliberalismo. A día de hoy, Rajoy tiene la oportunidad de hacer una reforma fiscal necesaria y justa.
@J_L_Gomez
