El futuro de Vulcano se decide hoy. El consejo de Pymar, su principal acreedor al que debe 61,6 millones, se reúne a las 10 de la mañana en Madrid para decidir si acepta la propuesta del astillero vigués, una quita del 80% de la deuda.
En caso afirmativo, la compañía se salvaría de la liquidación, aunque habrá que ver en qué circunstancias -si se pide cambios en la directiva y en la propiedad-.
Es previsible que puede que no haya carta blanca, apuntó el presidente del comité, Sesé, que lanzó un último SOS para que se apoye a Vulcano. Se quedarían en la calle 1.600 trabajadores , una barbaridad con los que tiempos que vivimos.
Los integrantes de la sociedad Pymar son el Ministerio de Industria, comunidades autónomas y astilleros de toda España. Este último colectivo parecer ser el más reacio a aceptar la quita, tal y como manifestaron hace unas semanas, si bien la postura del Gobierno -al que la Xunta lleva tiempo presionando- será clave.
Es el último y el más difícil escollo que tiene que salvar Vulcano, que tiene garantizado el apoyo del 95% de sus acreedores. No obstante, el voto a favor de Pymar es imprescindible. Si no se adhiere al convenio los administradores concursales abrirían la fase de liquidación, explicaba hace unos días el director general financiero del astillero, José Domínguez.
Factorías Vulcano inició su actividad en Vigo en 1919. Llegó a ser el segundo astillero de la ciudad, tras Barreras (también en concurso de acreedores) y a estar en el 'top ten' nacional de construcción naval privada. En 2011 superó una suspensión de pagos y su filial asturiana Juliana (antigua Izar Gijón) se liquidó y pasó a manos de Armón. El año pasado presentó concurso de acredores -acumula una deuda ordinaria de 123 millones- y tiene a toda la plantilla con un ERE. La familia Santodomingo controla un 51% de las acciones, Gonsusa un 49,9% y el empresario vigués José Alberto Barreras, con un 8,9%.
LA XUNTA URGE UN PLAN DE VIABILIDAD
El conselleiro de Industria se reunió ayer con los trabajadores de Factoría Naval de Marín, que le transmitieron su propuesta de hacerse con la gestión del astillero. Guerra lo calificó de positivo y se comprometió a estudiarlo con detalle, informó en un comunicado.
El representante de la Xunta pidió el compromiso de todos, en especial del propietario y de las entidades financieras para reflotar la compañía, que está en preconcurso de acreedores (po r segunda vez en dos años) y sin carga de trabajo desde hace medio año. La primera responsabilidad es sacar al astillero adelante y permitir que los trabajadores puedan continuar trabajando, apuntó.
El titular de Industria exigió a la dirección de la empresa unas condiciones deviabilidad cuanto antes con el fin de evitar el concurso de acreedores.
Factoría Naval de Marín tiene a unas 60 personas en plantilla y presentó un ERE de extinción para la mitad, pendiente de resolución de Traballo.
Es previsible que puede que no haya carta blanca, apuntó el presidente del comité, Sesé, que lanzó un último SOS para que se apoye a Vulcano. Se quedarían en la calle 1.600 trabajadores , una barbaridad con los que tiempos que vivimos.
Los integrantes de la sociedad Pymar son el Ministerio de Industria, comunidades autónomas y astilleros de toda España. Este último colectivo parecer ser el más reacio a aceptar la quita, tal y como manifestaron hace unas semanas, si bien la postura del Gobierno -al que la Xunta lleva tiempo presionando- será clave.
Es el último y el más difícil escollo que tiene que salvar Vulcano, que tiene garantizado el apoyo del 95% de sus acreedores. No obstante, el voto a favor de Pymar es imprescindible. Si no se adhiere al convenio los administradores concursales abrirían la fase de liquidación, explicaba hace unos días el director general financiero del astillero, José Domínguez.
Factorías Vulcano inició su actividad en Vigo en 1919. Llegó a ser el segundo astillero de la ciudad, tras Barreras (también en concurso de acreedores) y a estar en el 'top ten' nacional de construcción naval privada. En 2011 superó una suspensión de pagos y su filial asturiana Juliana (antigua Izar Gijón) se liquidó y pasó a manos de Armón. El año pasado presentó concurso de acredores -acumula una deuda ordinaria de 123 millones- y tiene a toda la plantilla con un ERE. La familia Santodomingo controla un 51% de las acciones, Gonsusa un 49,9% y el empresario vigués José Alberto Barreras, con un 8,9%.
LA XUNTA URGE UN PLAN DE VIABILIDAD
El conselleiro de Industria se reunió ayer con los trabajadores de Factoría Naval de Marín, que le transmitieron su propuesta de hacerse con la gestión del astillero. Guerra lo calificó de positivo y se comprometió a estudiarlo con detalle, informó en un comunicado.
El representante de la Xunta pidió el compromiso de todos, en especial del propietario y de las entidades financieras para reflotar la compañía, que está en preconcurso de acreedores (po r segunda vez en dos años) y sin carga de trabajo desde hace medio año. La primera responsabilidad es sacar al astillero adelante y permitir que los trabajadores puedan continuar trabajando, apuntó.
El titular de Industria exigió a la dirección de la empresa unas condiciones deviabilidad cuanto antes con el fin de evitar el concurso de acreedores.
Factoría Naval de Marín tiene a unas 60 personas en plantilla y presentó un ERE de extinción para la mitad, pendiente de resolución de Traballo.
